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Protección de Datos pone cuestiona pedir el certificado de vacunación para trabajar o ir a bares en Galicia

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), a raíz de la proliferación de varias iniciativas públicas que generalizan la utilización del certificado de vacunación para acceder a diversos establecimientos, ha requerido a varias comunidades, entre ellas Galicia, información sobre el uso de ese documento para entrar en locales.

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El ente regulador recuerda que hay colectivos que no se pueden vacunar y que, además, las vacunas no son obligatorias


Galicia y Canarias están en el punto de mira de la AEPD por una medida que ya aplican otros países europeos, por ejemplo Francia


Un hombre muestra en su móvil un certificado de prueba PCR a las puertas de un local de ocio nocturno, en el centro de Ourense, a 10 de julio de 2021, en Ourense

Un hombre muestra en su móvil un certificado de prueba PCR a las puertas de un local de ocio nocturno, en el centro de Ourense, a 10 de julio de 2021, en Ourense 



La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), a raíz de la proliferación de varias iniciativas públicas que generalizan la utilización del certificado de vacunación para acceder a diversos establecimientos, ha requerido a varias comunidades, entre ellas Galicia, información sobre el uso de ese documento para entrar en locales.


En este sentido, ha informado la AEPD en un comunicado, la Agencia ha enviado un requerimiento de información a las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas de Canarias y Galicia "con el objetivo de comprobar la licitud del tratamiento de datos personales".


UN PROBLEMA MÁS ALLÁ DE GALICIA

"Las autoridades europeas de protección de datos hemos expresado nuestra preocupación por la utilización de certificados dentro de los Estados para finalidades tales como el acceso a tiendas, restaurantes o gimnasios, así como su uso en otros contextos como el laboral", expone la entidad en el comunicado.

La utilización para estos fines de certificados acreditativos de la situación sanitaria en relación con la Covid-19, añade, "implica la necesidad de contar con una base legal apropiada que se ajuste a los principios de eficacia, necesidad y proporcionalidad, atendiendo a la existencia de otras medidas de protección que puedan resultar menos invasivas" y "evitando efectos discriminatorios y estableciendo las garantías adecuadas", abunda.

En ese sentido, considera que "debe tenerse en cuenta que la vacunación no es obligatoria, que hay colectivos que no pueden recibir la vacuna por razones médicas o de otro tipo" y que, agrega, "en último extremo, el proceso de vacunación se basa en unos criterios de priorización que suponen que parte de la población aún no haya podido acceder a la vacuna".

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