El Ayuntamiento compostelano concede licencia al proyecto de gasolinera en la zona de Brandía, aunque no la apoya

La junta de gobierno local de Santiago de Compostela ha dado luz verde este lunes a la licencia solicitada para instalar una gasolinera en el barrio de Brandía y que generó quejas y movilizaciones contra el proyecto por parte de los vecinos de la zona.

El proyecto inicial planteaba una actividad exclusivamente centrada en hidrocarburos por parte de los propietarios, en el año 2017, y no salió adelante al tratarse de una parcela de uso comercial.

Sin embargo, esta nueva licencia plantea una doble actividad con una parte importante destinada a un supermercado y otra más reducida en la que se proyecta la instalación de dos surtidores de combustible.

El proyecto prevé la construcción total de 900 metros cuadrados de los que 400 se dedicarán a uso comercial y unos 100 a la venta de combustibles, además de otra parte dedicada a un aparcamiento, según ha añadido el alcalde, Xosé Sánchez Bugallo.

La edil Mercedes Rosón aseguró en rueda de prensa que todos los informes preceptivos "son favorables", dado que la modificación de la Ley de Hidrocarburos del año 2013 permite compatibilizar esta actividad con el uso comercial, a pesar de la planificación urbanística de la ciudad.

"Las licencias son actos reglados, no las podemos meter en un cajón", ha reconocido Rosón, quien ha insistido en que la situación no "gusta" al Gobierno local que es "muy consciente" de la alarma que suscita este proyecto entre los residentes de la zona.

Al respecto, el regidor local, Xosé Sánchez Bugallo, ha insistido en que la junta de gobierno tuvo que dar luz verde a la licencia "por unanimidad y por obligación", dado que "la ley le otorga unos derechos" a los propietarios que el Ayuntamiento tiene "que reconocer".

En este sentido y ante la posibilidad de que se inicien acciones judiciales por parte de la plataforma de vecinos contraria al proyecto, el alcalde ha reconocido que si la Justicia decide suspender la licencia no le dará "ningún disgusto", pero que el Gobierno local actualmente no tiene competencias para denegarla.