La Xunta rescinde los contratos con Mersant Seguridad en varios centros de menores por impagos a los vigilantes​

Contrata de emergencia "un servicio de refuerzo" y volverá a licitar la prestación de forma "más exigente" en la solvencia de la adjudicataria



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Después de las reiteradas denuncias de la FTSP-USO reclamando la rescisión de los contratos, Política Social ha tomado la determinación de romper el acuerdo, que afecta a 17 centros, dos de ellos de menores.


Como solución provisional, contratan de emergencia "un servicio de refuerzo" y volverá a licitar la prestación de forma "más exigente" en la solvencia de la adjudicataria.


Manifestación de trabajadores de seguridad Mersant delante de la Xunta

Protesta trabajadores de Mersant Seguridad | Foto: USO


La Consellería de Política Social ha rescindido el contrato con la empresa de seguridad Mersant Vigilancia, que afecta a 17 centros, entre ellos dos de menores en Rábade (Lugo) y Pontevedra, por el impago de cuatro nóminas a sus trabajadores y ha contratado de emergencia "un servicio de refuerzo" a la espera de volver a licitar la prestación.


Así lo ha explicado este jueves la secretaria xeral técnica de la Consellería de Política Social, Francisca Gómez, en respuesta a una pregunta de la diputada del BNG Olalla Rodil sobre la situación de los servicios de vigilancia y seguridad en los centros de menores Santo Anxo de Rábade y Avelino Montero de Pontevedra.


La secretaria xeral ha recordado que cuando se licitó este servicio la empresa adjudicataria, Mersant Vigilancia, justificó su solvencia y acreditó que estaba al día de sus deudas de nuevo en agosto de 2021, por lo que se le prorrogó el contrato por otros 12 meses como recoge el pliego de la prestación.

Así, explicó que cuando la Consellería de Política Social tuvo conocimiento de la falta de abono de las nóminas a los trabajadores requirió formalmente a la empresa que justificase los retrasos en los pagos. Ante la falta de respuesta tras varios requerimientos y en el marco de los plazos establecidos por la normativa, la Xunta "inició expediente de imposición de penalidades".


En enero de 2022 intentaron por parte de la Xunta reunirse con los representantes de la empresa para requerirles el abono de las nóminas a los trabajadores, pero no asistió ninguno, ha asegurado Francisca Gómez. Por ello, se inició el proceso para resolver el contrato con Mersant, que ha quedado rescindido a fecha 1 de marzo, "el primer día que legalmente se podía".


La parlamentaria del BNG ha criticado que estos trabajadores no cobraban sus salarios desde diciembre de 2021 y ha preguntado por qué la Xunta no les informó de qué sucedía con la empresa. Al respecto, ha apuntado que los centros afectados abarcan desde centros de menores, residencias de mayores, casas del mar, centros educativos y de personas con discapacidad.


También Rodil ha reprochado que esta empresa "es bien conocida en Galicia y fuera por impagos en la seguridad privada" de los hospitales de Valdeorras y Verín, en la provincia de Ourense, y en Sevilla.


DESDE EL 5 DE MARZO

Frente a ello, Francisca Gómez ha defendido que la Administración gallega "actuó de forma diligente", según la ley de contratos del sector público y "resolvió la situación de impago en el menor tiempo posible", según los plazos legales. "Se actuó de la forma más diligente posible", ha insistido para sentenciar que "no se pudo resolver antes el contrato" con Mersant.


Tras incidir la secretaria xeral que "la Xunta no es responsable y lamenta las dificultades" de los trabajadores, para no "consentir" una rebaja de la seguridad en centros con menores en custodia procedió a la "contratación de emergencia de un servicio de refuerzo de vigilancia y seguridad" con el fin de, ha matizado, "cubrir los turnos que quedaban descubiertos".

Una vez resuelto el contrato con Mersant, la secretaria xeral técnica ha incidido en que la Consellería de Política Social "va a volver a licitar" la prestación de este servicio. Así, ha asegurado que la nueva empresa, que "estará al día de sus obligaciones tributarias", entrará en funcionamiento "a las 00,00 horas del 5 de marzo", con la obligación de prestar el servicio y subrogar a los trabajadores.


Además, ha recalcado que "se ampliarán las penalidades" y el nuevo contrato "será más exigente" en cuanto a la solvencia de la adjudicataria.

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