​Aplican la ‘Ley Mordaza’ por reclamar ser atendido en gallego durante un cribado, denuncia A Mesa

La organización denuncia el proceso legal en el que se ve inmerso un vecino de Rianxo, al que le negaron la atención en gallego durante un cribado. 

La entidad denuncia la "hostilidad" que sufre el gallego por parte de las autoridades y anuncia que asumirá los gastos en la defensa legal del afectado, así como la multa si no prosperan los recursos. 

Cribado del SERGAS | Foto: EP

Pedir ser atendido en gallego, en Galicia, puede ser sinónimo de delito. O, al menos, eso parece, después de un episodio ocurrido en Rianxo el año pasado y que puede acabar en los tribunales. Desde A Mesa pola Normalización Lingüística critican que se aplique la ‘Ley Mordaza’ a un ciudadano que reclamaba ser atendido en gallego durante un cribado. El afectado no solo no fue atendido en gallego sino que se le negó entonces su derecho a realizar la prueba.

El episodio ocurrió en abril del año pasado, pero no fue hasta octubre que en A Mesa denunciaron entonces a la Delegación del Gobierno de España en Galicia por proponer una multa de 600 euros después de que el sancionado recibiese "una negativa rotunda a ser atendido en nuestra lengua" además de que, al parecer por estos hechos, "se le llegó a negar la realización del cribado".

"Ante su indignación, intervino la Policía Local, que no solo no le reconoció su legítimo derecho a ser atendido en gallego, sino que -segundo consta en el mismo informe policial- lo instó a cambiar de lengua y emplear el castellano", señalaban en el comunicado de A Mesa, a la vez que remiten al auto policial en el que los agentes estuvieron “intentando explicar a esta persona que ambas lenguas son cooficiales en la Comunidad Autónoma”.

"No satisfechos con mentir y desinformar sobre los derechos lingüísticos, los policías denunciaron la víctima por supuesta alteración de la seguridad y la Delegación ahonda en la indefensión de nuestros derechos lingüísticos, proponiendo una sanción cualificada como grave con una multa de 600 euros", criticaba la entidad, a la vez que reprocha a la Delegación que avalase el informe de los agentes "deslegitimando las declaraciones de testigos presentes en el lugar por ser vecinas de la víctima". "Como todas las citadas para el cribado", recordaban.

Ahora, casi un año después, el caso entra en una nueva fase después de que se conociese la resolución sancionadora por parte de la Delegación de Gobierno, que reconoce como válida la declaración de la policía, descartando las de los testigos. 

“Es especialmente grave que el Gobierno español venga a dar absoluta validez a un expediente policial donde se afirma sin rubor que el derecho a la atención en gallego no existe y que se pueda dar por válida una actuación basada en el no de ese derecho que resulta en la sanción a la víctima de la actuación policial” , critica Marcos Maceira, presidente de A Mesa.

"HOSTILIDAD CONTRA EL GALLEGO"

La organización reclama a Interior que “abandone” toda “hostilidad contra el gallego”. “Comenzando por informar y desarrollar una campaña de prevención y formación nos derechos lingüísticos entre las fuerzas y cuerpos de seguridad” , indican.

"En cualquier sociedad democrática los cuerpos policiales están sometidos al cumplimiento de la ley y a la garantía de los derechos ciudadanos. Sin embargo, en este caso, la Delegación del Gobierno pasa por alto los mismos hechos que considera probados y que confirman que con este ciudadano se incumplieron los artículos 74. s) de la Ley 2/2015 del empleo público de Galicia; el art. 51 que define los requisitos lingüísticos del funcionariado, que debe conocer la lengua; el artículo 54.11 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por lo que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. En la realidad que no quiere ver el gobierno español estamos ante un caso muy grave de discriminación por motivo de lengua en virtud del art. 185.1. b) de la misma Ley 2/2015, lo que es una falta muy grave y puede llevar consigo la inhabilitación para la función pública", reprocha.

A Mesa informa que se hará cargo de los gastos y la defensa de este ciudadano ante la ley, incluida la multa, “en el caso de no prosperar los recursos en la fase administrativa, y las acciones judiciales pertinentes”.

“Además, la entidad de defensa de la lengua pondrá el caso en conocimiento del Consejo de Europa y del Consejo de derechos humanos de la ONU, en la medida en que afecta al cumplimiento de la Carta Europea de las lenguas y a los derechos civiles”, subrayan en su comunicado.