El Santander remite al juez de la AN los análisis sobre la imagen y reputación del Banco Popular entre 2014 y 2017

a entidad también facilita una carta en la que un directivo denunciaba filtraciones a los medios de secretos del Consejo

El Banco Santander ha remitido al juez de la Audiencia Nacional encargado de la instrucción del 'caso Popular' los análisis sobre la imagen y la reputación de la extinta entidad entre los ejercicios de 2014 y 2017 y que fueron elaborados por el Área de Comunicación, Marca y Relaciones Corporativas del Banco Popular.

En un escrito del pasado 3 de mayo, al que ha tenido acceso Europa Press, la entidad que preside Ana Botín informa al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, José Luis Calama, del contenido del 'pendrive' que le facilitan y en el que se incluye numerosa documentación relacionada con la situación del Popular en los años previos a su resolución.

Calama requirió al Santander el pasado 21 de abril el envío de esos archivos aunque algunos de ellos, no obstante, ya habían sido remitidos al instructor en diciembre de 2018. Fue el propio Juzgado, como recuerda el banco, el que solicitó en julio de ese año los referidos análisis y una serie de papeles adicionales.

Por aquel entonces, el Santander también facilitó los contratos firmados con JP Morgan Limited durante la presidencia de Emilio Saracho, un informe sobre las condiciones económicas convenidas para el cese del propio Saracho así como los informes y comunicaciones que determinaron la elección de JP Morgan para la ejecución del encargo.

ANÁLISIS SOBRE LA PRESENCIA DEL POPULAR EN PRENSA
En lo relativo a los archivos sobre la imagen del Popular, que han sido facilitados nuevamente, éstos comprenden un total de 19 documentos divididos en resúmenes informativos sobre la presencia del Popular en los medios de comunicación con detalles pormenorizados sobre los temas tratados en la prensa.

Uno de esos ficheros, de 201 páginas, da detalles sobre el número de noticias por medio sobre la entidad, analiza la valoración y posible interpretación de las mismas e incluye opiniones e información sobre ellas.

El Santander también ha facilitado al juez Calama una copia de la carta remitida por Carlos Balado García, director del Área de Comunicación, Marca y Relaciones Corporativas del Banco Popular, al secretario del Consejo, Francisco Aparicio Valls.

En esa misiva, fechada en noviembre de 2016, Balado denunciaba filtraciones a los medios de secretos del Consejo y hablaba sobre la incidencia que podían tener dichas filtraciones en la acción y en la reputación del banco.

TOMA DE DECLARACIÓN
Por otra parte, el juez de la Audiencia Nacional encargado de la instrucción del 'caso Popular' tomará declaración como investigado este jueves al exdirector de los Servicios Jurídicos de la entidad Tomás Pereira Peña, al que preguntará sobre las operaciones de financiación indirecta arbitradas por el banco y que contaron con la intermediación de 'Thesan Capital SL', una sociedad de capital riesgo especializada en la compra de empresas en crisis.

En una providencia del pasado 4 de abril, a la que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 fija a partir de las 09.00 horas la citación de Pereira. El juez acordó llamarle a sede judicial en enero de 2021 pero acordó no establecer una fecha hasta que los peritos no analizasen una serie de documentos.

En el momento en que acordó su declaración, el juez José Luis Calama explicó que en 2018 recibió del Juzgado de Instrucción Central Número 2 un informe de la Agencia Tributaria y hasta 110 documentos. En ese informe los técnicos dejaban constancia de las citadas operaciones de Thesan Capital.

Esa financiación iba destinada a sociedades españolas con una frágil situación económica y que eran clientes del Banco Popular --en lo que habría participado Pereira--, y se canalizaba a través de sociedades que operaban en Luxemburgo, con la mediación de Thesan.

UNA DECLARACIÓN POSPUESTA
El magistrado, atendiendo el informe del Ministerio Fiscal, ordenó entonces a los peritos de la causa que analizasen toda esa documentación y la que llegase del Banco Central Europeo (BCE) relacionada con las inspecciones que realizaron sobre la cartera de activos adjudicados y la cartera de crédito reestructurado de la entidad bancaria.

En aquel momento Calama también consideró necesario solicitar al Banco de España el importe y clasificación de determinadas operaciones de financiación concedidas por el Banco Popular, y la calificación de los riesgos de esos clientes en apuros con otros bancos. También pidió al Banco Santander información relacionada con esos concretos clientes.

El juez instructor fijó en 2021 que solo llamaría a declarar a Pereira cuando los peritos hubiesen realizado el estudio y análisis de toda esa documentación, que ya ha sido estudiada.

El Ministerio Fiscal solicitó en su momento al juez que citase al propio Pereira en tanto que fue la persona que, en nombre del Popular, firmó un contrato el 23 de diciembre de 2011 con Naseth&Partners SL en el que acordaron la creación de Bluequartz Investment SARL como vehículo para adquirir el 100% de las participaciones de Sistemas Mecánicos Avanzados.