Un juez obliga a Carmela Silva a convocar un pleno sobre el enchufe de su cuñada en el Ayuntamiento de Vigo

Un funcionario militante del PSOE está condenado en sentencia firme por adjudicar a la constructora Imesalpi (ACS) para que contratase a la cuñada de la política socialista.

Carmela Silva y Abel Caballero han intentando acallar el escándalo saboteando los plenos demandados por la oposición, pero ahora un Juzgado ordena a la presidenta de la Deputación de Pontevedra a convocar uno específico sobre el caso.

En el PP de Pontevedra aplauden de la decisión e insisten que estamos ante "la trama corrupta más importante de la historia reciente de Galicia" que el PSOE pontevedrés está tratando de tapar.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, y la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva 

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Pontevedra ha ordenado convocar el pleno extraordinario de la Diputación Provincial que les fue denegado en diciembre de 2021 a los once diputados del Grupo Provincial del PP para instar a la presidenta del órgano supramunicipal a asumir responsabilidades políticas tras la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a cinco años y tres meses de prisión y a nueve años de inhabilitación a un funcionario del Concello de Vigo por participar en una trama de contratación irregular de la que se benefició la cuñada de la presidenta.

La condena es por la contratación de una familiar de la presidenta de la Diputación de Pontevedra, edila en Vigo y presidenta del PSdeG, Carmela Silva; su cuñada en concreto, Vanesa Falque; para realizar unos trabajos que nunca llevó a cabo y por los que cobró más de 100.000 euros.

En otras palabras, la adjudicataria del Ayuntamiento tuvo en nómina a la cuñada de la concejala y presidenta de la Deputación Provincial varios años sin que fuera si quiera a trabajar.

La concesionaria fue la empresa Imesapi. Su gerente, Ramón Comesaña Alonso, también fue condenado, pero solo a un año y medio de cárcel. Comesaña y el funcionario Francisco Javier Gómez Orue  pactaron que el Ayuntamiento le otorgara a Imesapi 9 contratos menores para la realización de encuestas entre 2008 y 2013. Las encuestas nunca se hicieron pero Imesapi cobró 108.000 euros.

PRESIONES PARA QUE APOYEN EL INDULTO AL SOCIALISTA

El funcionario ha solicitado el indulto al Gobierno, alegando entre otros factores que es militante del PSOE.

Entidades y asociaciones vecinas de Vigo han estado recibiendo peticiones para que apoyen el indulto del funcionario. El PP ha denunciado que esas peticiones proceden del Ayuntamiento y que suponen una presión, pues llevan implícita la posibilidad de perder apoyos y subvenciones municipales en el caso de no mostrarse a favor del condenado.

La línea argumental de defensa política del alcalde de Vigo Abel Caballero y su mano derecha Carmela Silva simpre ha pasado por agarrarse al hecho de que  Silva no fue llamada a declarar ni como testigo. Falque, la enchufada, no fue ni imputada. El Ayuntamiento tampoco fue condenado como entidad jurídica. Legalmente, los únicos responsables fueron el funcionario que está a punto de entrar en prisión, el gerente enchufador y la concesionaria del grupo ACS, condenada como responsable civil subsidiaria del delito de su directivo.

VALORACIÓN DEL PP

El grupo provincial del Partido Popular ha valorado, según resume Europa Press, como una "victoria política y judicial" la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Pontevedra que da la razón a los populares y ordena a la Diputación de Pontevedra convocar el pleno extraordinario por el caso del enchufe de la cuñada de la presidenta de la administración provincial, Carmela Silva, en los términos que solicitaron por parte del PP.

Los diputados provinciales del PP comparecieron este jueves en rueda de prensa para insistir en que Carmela Silva "está arrinconada", ha señalado el portavoz Jorge Cubela. "No puede permanecer más tiempo callada ante unos hechos tan graves", ha abundado, que los populares consideran "la trama corrupta más importante de la historia reciente de Galicia".

Además, Cubela ha subrayado que esta sentencia también reconoce "la obstrucción y los obstáculos" que por parte del gobierno provincial se ponen "de manera continuada" para "impedir toda posibilidad de control político" ya que "dice que perturba y restringe las atribuciones básicas y esenciales que corresponden a los diputados".

"No solo callan, sino que además pretendían silenciar a la oposición", ha lamentado el portavoz del PP, quien ha señalado que estos son "comportamientos más propios de regímenes totalitarios que de democracias asentadas". Además, ha advertido de que "este capricho le va a costar dinero a la Diputación y a los pontevedreses", ya que la sentencia también recoge que la institución provincial tiene que asumir las costas del proceso.

El Partido Popular ha destacado que Carmela Silva "no puede estar un día más al frente de la Diputación de Pontevedra" y que "está totalmente desacreditada. Tiene que dimitir" algo que le exige el PP y también "el sentido común, la ética y la moral que debemos tener todos los responsables públicos".

Cubela también ha incidido en que la sentencia "supone un varapalo" para el Partido Socialista y para el BNG, "que pretenden utilizar la institución para su propio interés político". En el caso de los nacionalistas, asegura, son "cómplice necesario de las artimañas de los socialistas en la Diputación de Pontevedra". Por eso, preguntaron si la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón se va a hacer "corresponsable" de esta actitud.

Por último, el Partido Popular ha recordado que "esta trama no es ajena a la Diputación de Pontevedra", porque "los que gobiernan la institución provincial son los mismos que gobiernan en el Ayuntamiento de Vigo". "Los delitos de los que hablamos son muy graves", ha sentenciado. "Seguimos sin que nadie asuma su responsabilidad política", ha concluido.

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