​Continúa la investigación del presunto enchufismo de exámenes a 30.000 euros para ser bombero o policía local en Vigo


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Abel Caballero en la rueda de prensa de este jueves.

Abel Caballero alcalde de Vigo/ @EP


Al tener entre sus manos la denuncia anónima la Policía Nacional de Vigo actuó de oficio para averiguar si era verdad que se vendían exámenes de acceso a la Policía Local y al cuerpo de los bomberos en la ciudad gobernada por Abel Caballero por 30.000 euros cada uno.


Hay una investigación judicial abierta por el juzgado de instrucción número 6 al ayuntamiento de Vigo, tras ir a declarar varios funcionarios en febrero de este 2022, después de haberlo hecho el concejal de Personal del Ayuntamiento de Vigo al que el grupo del PP en la oposición le ha pedido en varias ocasiones su dimisión.


Las últimas noticias sobre esta trama de enchufismo que afecta al cuerpo de bomberos y al de la policía local de Vigo es que los investigadores esperan que algún opositor de los que pagaron por el examen confiese.


De las investigaciones policiales se ha filtrado alguna actuación y muchos internamente hablan de una “supuesta existencia de irregularidades” en torno al concejal de personal del consistorio vigués cuyo alcalde es el socialista, Abel Caballero. En una trama presuntamente delictiva que se ha mantenido en el tiempo y  cuyos enchufes parecen ser eran “vox populi” entre la plantilla municipal. Por lo que para la opinión pública se hace difícil pensar que “algo así haya podido ocurrir durante tanto tiempo sin que, al menos, se mirara para otro lado ante las denuncias internas, que las hubo”, y unas cuantas.


En el caso de la Policía Local, el asunto incluso alcanzó a la Academia Galega de Seguridade, en A Estrada, el centro de formación de los nuevos agentes locales antes de incorporarse a sus destinos. Allí, y valorando la casuística del conjunto de Galicia, Vigo arrastra una fama peyorativa debido a una presunta red de enchufismo y compra de exámenes desde hace años.


EL AYUNTAMIENTO DE ABEL CABALLERO SE NEGÓ A REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN INTERNA


En un comunicado remitido a los medios de comunicación el pasado diciembre, el Ayuntamiento de Vigo señalaba que, tras consultar con los servicios jurídicos municipales, no le constaba "ninguna actuación de investigación ni requerimiento de información" en relación con las pruebas selectivas desarrolladas en la entidad local en la actualidad o en periodos anteriores.


En todo caso, el Concello de Vigo afirmaba entonces que respetaba "cualquier actuación investigadora que pudiera estar en curso en estos momentos y ofrece su plena colaboración para su desarrollo".


Pero el caso es que las palabras se las lleva el viento porque en la última convocatoria de acceso a la Policía Local que se celebró a finales de noviembre de 2021, el 10 % de las preguntas fueron anuladas y el examen comenzó con tres horas de retraso sin que el Ayuntamiento de Vigo, pese a pedirlo la oposición política y los medios de comunicación, diera explicación oficial alguna.


Lo único que trascendió fue que el tribunal se demoró al redactar la prueba teórica y que una aspirante a policía presentó un escrito en el que relataba las supuestas irregularidades, al Valedor do Pobo a principios de diciembre.


Ante el silencio del Ayuntamiento de Vigo, el Valedor reiteró su petición recordándole a los responsables municipales la obligación legal de responder a su requerimiento.


Ese mismo mes de diciembre el PSOE de Abel Caballero con mayoría absoluta en el consistorio vigués se negó mediante votación en el pleno a investigar internamente si hay mercadeo de exámenes entre funcionarios porque no veía procedente abrirla a pesar de que dos  sindicatos denunciaron que la actuación policial y judicial por la presunta venta de plazas de policía local y bombero a 30.000 euros son de "extrema gravedad".


¿CÓMO ACTUABA ESTA TRAMA?


Este pasado invierno empezaron a salir informaciones sobre que la Justicia había llamado a declarar al concejal de Personal en relación a la presunta compra de plazas de policía y de bomberos en las oposiciones locales.


Concretamente la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría de Vigo-Redondela habría comenzado a investigar en la primavera de 2020 pasado la venta de plazas para policía local y bombero por entre 15.000 y 30.000 euros.


El desembolso de esta cantidad significaría la obtención de las preguntas de la convocatoria antes del examen. En el caso de los bomberos, la trama podría estar vinculada a una academia especializada en formar a aspirantes comandada por un exbombero. En el caso del departamento de Policía Local, estaría relacionada con un integrante del Sindicato Independiente del Concello de Vigo (SICO). Y parece ser que también podrían estar implicados funcionarios municipales.


El modus operandi, según las investigaciones, consistía en que aquellos que quisieran aprobar la plaza de bomberos debían inscribirse en una determinada academia de oposiciones, relacionada parece ser con un cargo del ayuntamiento y en la que daban clases funcionarios afines a un sindicato local “presuntamente independiente” , que sería el SICO, pero con fuerte presencia entre los miembros de cuerpo de bomberos y, sobre todo, de la policía local de Vigo.


Solo después de pasar varios años en esa academia preparando las pruebas con

determinados preparadores que eran también funcionarios, esos candidatos, y solo esos, aprobaban.  Obtener  ese aprobado al final y presuntamente se conseguía comprando un examen entero gastándose antes 30.000 euros en esa academia y para medio examen había que invertir la mitad 15.000 euros.


EL PRESUNTO MERCADEO DE EXAMENES ES UN SECRETO A VOCES EN VIGO


Dichas prácticas fueron denunciadas verbalmente en varias ocasiones al Ayuntamiento de Vigo, sin que se tomasen medidas hasta los últimos años. Y después alguien mandó   de forma anónima a la fiscalía que investiga el caso.  Pese a que el juzgado habría archivado ambos casos que se investigaban investigan por separado el de la Policía Local y bomberos la Policía Nacional continúa investigándolo porque el relato de la presunta venta de exámenes no sorprendió en la plantilla de la Policía Local: un agente y al mismo tiempo delegado sindical, lo denunció sin éxito hace dos años ante  el Sindicato Independiente Concello en Vigo (SICO), el mismo colectivo que, precisamente, figura en el epicentro de la investigación realizada por la Policía Nacional.


Ese relato también le cuadró a la Fiscalía de la provincia con  , convocatorias bajo sospecha o resoluciones judiciales reveladoras, de hecho, el último fallo, conocido en diciembre de 2021, calificó de “sonrojante” un examen del  año 2019.


Pero más sonado fue lo ocurrido en el 2016 cuando se descubrió que un miembro del tribunal había estado de fiesta con candidatos que aprobaron el examen al que se presentaron 324 aspirantes. Aquella foto de la fiesta y que fue subida a las redes sociales, obligó a repetir el examen ante el aluvión de alegaciones por el supuesto pucherazo.


HAY TRES CAUSAS ABIERTAS SOBRE EL MISMO ASUNTO


Policialocal vigo

El alcalde Abel Caballero recibiendo en 2019 a los nuevos agentes que se incorporan a la Policía Local/ @ConcelloVigo


La Comisaría de Vigo-Redondela puso en manos de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) la investigación tras el verano del 2020. Posteriormente, presentó la documentación ante la autoridad judicial de Vigo y la Fiscalía ordenó separar las conclusiones en tres piezas separadas: los juzgados de instrucción 5 y 7 se repartieron, respectivamente, los casos que atañen a la trama de la Policía Local y de los Bomberos.


A mayores, el número 6 asumió la investigación sobre una agente de la Comisaría que, presuntamente, accedía a la base de datos para buscar datos de ciudadanos que posteriormente le facilitaría a su entonces pareja sentimental. Un hombre bombero retirado, con pensión, que preparaba a aspirantes a este cuerpo de emergencias y figura en la investigación de la UDEV como uno de los principales sospechosos de conseguir los exámenes para sus alumnos dispuestos a pagar, cada uno, 30.000 euros. Él y su expareja están imputados en la única de las tres investigaciones que sigue en curso.  Un procedimiento que solo contempla el delito de revelación de secreto.


Las otras dos causas están sobreseídas —que no archivadas—, a la espera de que los investigadores obtengan nuevas pruebas. Una posibilidad que, tras más de un año de trabajo, tan solo sería si algún opositor que pagó el dinero accediera a declarar como testigo.


Una de los indicios que resulta complejo de convertir en prueba de cargo es demostrar de qué manera irregular se propició un hecho investigado la de familiares de funcionarios que obtuvieron algunas de las notas más altas en los exámenes teóricos de los últimos años. Los principales sospechosos son funcionarios relacionados con las oposiciones o con la formación de los tribunales.


El método de fraude consistiría en facilitar los exámenes, a los enlaces con los opositores, horas antes de celebrarse cada oposición para memorizar las respuestas correctas.


Otro motivo para el recelo entre los vigueses es que la nota teórica ha ganado peso en detrimento de la puntación obtenida en las pruebas físicas. Por lo que más valor tiene para acceder a la plaza es el examen teórico por el que muchos parecen haber pagado una buena suma de dinero, aún por demostrar.


¿Y qué ha hecho el alcalde de Vigo, Abel Caballero, para poner coto a este presunto caso de enchufismo endémico? De momento votar que no a una comisión de investigación en el consistorio vigués.



Seguiremos informando...

1 Comentarios

1

pasen por la autoridad portuaria y miren como se reparten las plazas entre amigos y sindicatos

escrito por xose 19/may/22    00:06

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