El Naval recupera el “Tax-free”, pero no los más de 8.000 puestos de trabajo perdidos

Antón Alonso


El Tribunal General de la Unión Europea ha avalado el pasado día 17, el sistema español para financiar la construcción de buques, conocido como “Tax-lease”, al que se oponían los astilleros holandeses.


La decisión de los jueces "ratifica el sistema tax-lease español actualmente en vigor y refuerza su validez y seguridad jurídica". Además, requiere la devolución de las cantidades mediante la aplicación de los contratos de arrendamiento de impuestos en la construcción naval entre 2007 y 2011.


La eliminación de estas deducciones fiscales tuvo un impacto muy grave sobre las empresas y puestos de trabajo en Galicia. Los astilleros de Vigo, entonces a plena ocupación, no se recuperaron, y en Ferrol supuso un peso muerto más, que se unió al obstáculo de la construcción naval civil. El mal estaba hecho. Se destruyeron más de 8.000 empleos directos e indirectos, pérdida de mercados, y no se recuperarán fácilmente, si se recuperan. Las medidas alternativas no dieron resultado, ya que tomaron mucho tiempo para ponerlas en práctica y tenían un carácter limitado en relación con los contratos de “Tax-lease”.


El caso se remonta a 2013, cuando el entonces Comisario de Competencia, Joaquín Almunia, pidió a las autoridades españolas recuperar las ayudas ilegales concedidas a los astilleros bajo este sistema entre 2007 y 2011, tras concluir que el régimen de ayudas vulnera las normas de la UE en materia de ayudas públicas porque concedió una ventaja selectiva a sus beneficiarios con respecto a sus competidores. El sistema denunciado por el Ejecutivo comunitario permitía financiar, mediante una estructura jurídica y financiera específica, la construcción de buques marítimos por los astilleros y su adquisición por las empresas navieras con un descuento sobre el precio del buque.


En la primera decisión de la Unión Europea, los descartes afectan a los armadores, astilleros y entidades financieras. Sin embargo, tras una denuncia presentada por un armador noruego, se ha convertido en una rectificación excluyendo los propietarios, a pesar de ser los principales beneficiarios de los contratos de arrendamiento de impuestos.


Hay que recordar que, aunque ahora el gobierno Central y el gobierno de Galicia, sobre todo, se les llena la boca de satisfacción anunciando con gran ruido en los medios “que el Tribunal les da la razón”, entonces, perdieron el tiempo en buscar culpables entre enemigos políticos, haciendo caso omiso de la exigencia de los sindicatos y de los partidos que lo solicitaron para que recurrieran inmediatamente la resolución, y denunciaran a los Países Bajos, donde la construcción naval tuvo un apoyo público 60%.


Podría ser esta una línea de investigación de la existencia de una conspiración. En cualquier caso, lo cierto es que los efectos de la decisión de la Comisión Europea desmontaron el potente “sector naval gallego” en beneficio del ese sector en los Países Bajos.


La denuncia, del Gobierno español ante Holanda no fue tomada en cuenta por Bruselas. ¿Estrategia o coincidencia? Ahora, la industria piensa en las compensaciones. Esto puede ser una solución para los empresarios, pero no compensa los costos para los trabajadores ni para el país.


Y, por último: ¿No tenía el Estado español más recursos para presionar a la Comisión?


¿Quién devolverá "los miles de empleos" perdidos? 

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