#Claves de la semana

Fiscalía y acusación piden 67 años para el acusado de agresión sexual a sus hijastras

La portavoz de la exmujer del acusado y de sus hijas ha reiterado que "el problema es ahora saber dónde van a vivir", pues Bankia les concede la dación del pago pero el procesado se niega a firmarla


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Acusadosbanquillo


Fiscalía y acusaciones particulares han mantenido su petición de penas que suman un total de 67 años de prisión para el vecino de A Baña (A Coruña), Pedro R.E., acusado de agresión sexual a sus hijastras. Estos hechos, según el Ministerio Público, se cometieron también contra su exmujer. La defensa, por su parte, ha pedido la absolución.


Frente a esta parte, que ha aportado, en favor del acusado, testimonios de la hermana de su exmujer y el de un exnovio de la hija mayor, que fue la que denunció los hechos cuando fue mayor de edad, la Fiscalía ha insistido en su culpabilidad.


Así, ha incidido en la declaración de especialistas que, según ha expuesto, han ratificado la "validez" del testimonio de las víctimas. También ha insistido en la "cronicidad" de unos hechos que, según su calificación, se produjeron desde que las hermanas comenzaron a entrar en la pubertad, a partir de los 10 años y con agresiones también a su exmujer.


En declaraciones a los medios, el abogado del procesado, Estanislao de Kostka Fernández, ha calificado de "mentira" la denuncia y ha argumentado que la exmujer del procesado presentaba "problemas de celos y de comportamiento con la familia".


Asimismo, ha considerado que no ha habido "ninguna prueba de cargo" durante las tres sesiones del juicio, celebrado en la Audiencia Provincial de A Coruña. Frente a sus tesis, la Fiscalía y acusaciones reclaman 16 años de prisión por cada una de las cuatro agresiones sexuales y tres años por maltrato.


POSIBLE DESAHUCIO DE LA FAMILIA


Mientras, la portavoz de la exmujer del procesado y de sus hijas, Ana Saavedra, ha reiterado que psicológicamente están "mal" y ha vuelto a incidir en el desahucio al que podrían enfrentarse por la vivienda de la que la que esta mujer es copropietaria con el acusado.


"El problema ahora es saber dónde van a vivir", ha expuesto tras precisar que Bankia les concede la dación en pago, pero que el procesado "no quiere firmar" y que esto impide que se materialice esta opción.



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