#Claves de la semana

La auditoría externa de riesgos dejó fuera del análisis la curva de A Grandeira

El director de seguridad de Renfe, por su parte, descarga responsabilidades sobre Adif y otros comparecientes y defiende la desconexión del ERTMS.


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AntoniolancharesjuzgadoLanchares, entrando en los juzgados


La consultora pública Ineco solo evaluó hasta el kilómetro 84,144 de la línea Ourense-Santiago y dejó fuera la curva de A Grandeira, en la que se produjo el accidente del Alvia.


Así lo ha asegurado la responsable de aprobar el informe de evaluación externa, Laura López, en una comparecencia ante el juez que instruye la causa en el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital gallega.


Fechado y firmado en diciembre de 2011, Laura López fue quien lo aprobó, Jorge Merino lo revisó y Salvador Arriaga fue el autor. Estos dos últimos están citados para declarar este miércoles (a las 9,30 horas Arriaga y a las 12,00 horas Merino).


DESCARGA RESPONSABILIDAD


El director de seguridad de Renfe, Antonio Lanchares, ha asegurado que Adif no le comunicó el riesgo en la línea Ourense-Santiago, en su comparecencia en los juzgados compostelanos donde ha accedido a responder a las preguntas del juez, del fiscal y de su abogado, en una intervención que se ha prolongado apenas una hora y cuarto.


Según han informado fuentes consultadas por Europa Press, Lanchares ha dicho que el riesgo exportado no fue aceptado por Renfe, puesto que Adif no se lo comunicó.


El juez lo ha citado en calidad de investigado, precisamente, por "posible defecto" al evaluar el riesgo en la línea, lo mismo que atribuye al ex director de seguridad del administrador ferroviario, Andrés Cortabitarte.


A su salida de la sede judicial, Lanchares, acompañado por sus abogados, ha sido increpado por varios integrantes de la plataforma de víctimas, que minutos antes leyeron el comunicado con el que exigen su cese, y no más "dimisiones ficticias".


AVISO DEL JEFE DE MAQUINISTAS


Con todo, Antonio Lanchares ha centrado esta jornada su discurso en el aviso que hizo el jefe de maquinistas de Ourense, José Ramón Iglesias Mazaira, en diciembre de 2011, poco después de inaugurarse este tramo de alta velocidad.


Mazaira, que ya declaró en su día en el caso, dio traslado de la peligrosidad de la curva de A Grandeira, en Angrois, a pocos kilómetros de la estación santiaguesa, debido a que había que reducir la velocidad del convoy de unos 200 a 80 kilómetros por hora.


Al respecto, Lanchares ha destacado que existe un protocolo para "la gestión de anomalías" y que Mazaira no utilizó los canales adecuados, pese a que su aviso fue comunicado por correo electrónico y consta en un acta de una reunión de Renfe.


"Si a mí me hubiera llegado, hubiera dado el aviso a Adif", ha argumentado, de acuerdo con las fuentes consultadas, para llamar la atención sobre que él tuvo constancia de esto a posteriori.


De hecho, el jefe de seguridad de la operadora ferroviaria, según las fuentes consultadas, ha descargado también responsabilidades sobre otras dos personas que comparecieron tras conocerse la actuación de Mazaira: José Luis Rodríguez Vilariño y Ángel Lluch.


DESCONEXIÓN DEL 'ERTMS'


En lo que respecta a otro de los puntos por los que está implicado en el siniestro, la desconexión del 'ERTMS' embarcado en el tren, Lanchares ha alegado que esto no influye puesto que se vuelve al sistema "anterior", el 'Asfa', del que ha llegado a afirmar que es más seguro que un 'ERTMS' "degradado".


Lanchares solicitó a Cortabitarte la desconexión por fallos de interferencias y este lo autorizó el mismo día de la demanda, por un periodo de un mes. Sin embargo, un año después seguía sin estar instalado y se produjo el descarrilamiento.


Varios peritos coinciden en que su presencia habría cambiado las cosas, al atraer la atención del maquinista con una señal sonora.


MÁS PREGUNTAS DEL JUEZ


Según las fuentes consultadas, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 ha realizado más preguntas al investigado que el fiscal, mientras que otras partes personadas en la causa han lamentado no poder interrogar al declarante.




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