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La dueña del Lagherta, sospechosa de un sentinazo, tiene un capital de 1.200€ cuando se enfrenta a una multa de hasta 600.000€

Galiciapress detalla la maraña de armadores y empresas de Malta y Turquía que se enfrentan a una sanción por un vertido de 12 kilómetros. La empresa dice fue totalmente legal y el Ministerio de Transporte investiga una "descarga ilícita" e impuso una fianza de 100.000 euros a un navío que ha vuelto a pasar frente a Galicia hace poco.


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El Grupo Besiktas de Estambul (Turquía) es la casa matriz del buque cisterna a través de una sociedad radicada en Malta.

 

La armadora no niega el sentinazo, pero asegura que fue plenamente legal, porque no involucró petróleo.

 

El navío fue liberado tras cinco días retenido en Tarragona y acaba de pasar otra vez por el dispositivo de tráfico de Fisterra.

 

La barroca red de propietarios, lo limitado del capital social de la empresa titular del barco y el desmentido de la armadora turca apunta a otro largo proceso para determinar responsabilidades, como pasó con el Prestige

 

Sentinazo del Lagherta frente Galicia en una foto tomada desde un aviu00f3n de Salvamento Maru00edtimo y remitida por el Ministerio de Transporte
Sentinazo del Lagherta frente Galicia en una foto tomada desde un avopçm de Salvamento Marítimo y remitida por el Ministerio de Transporte

El Lagherta, el petrolero que fue pillado en febrero realizando un 'sentinazo' frente a las costas de Galicia, acaba de pasar otra vez frente a las costas del país. El buque se encuentra frente a Bilbao, tras navegar vía Motril desde Tarragona.

 

 

Allí lo retuvo la Dirección General de la Marina Mercante. Con todo, solo estuvo cinco días en el puerto catalán. Para liberarlo, el Ministerio de Transporte le exigió una fianza de 100.000 euros. Ahora se enfrenta a un expediente sancionador cuya tramitación puede tardar años y que conlleva una multa máxima de 600.000 euros.

 

La legislación española indica que los responsables legales del vertido son el capitán, el naviero, el propietario registral y el asegurador de la responsabilidad civil. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la compleja red societaria con la que operan estos buques puede complicar que todos los actores acaben teniendo que asumir la responsabilidad  completa. Así se demostró, por ejemplo, el caso del Prestige cuya batalla legal todavía no ha terminado.

 

¿QUIENES SON LOS DUEÑOS DEL LAGHERTA?

En la base de datos de la Organización Marítima Internacional (IMO) el propietario registrado del Lagherta es una compañía de Estambul, Turquía, llamada Logon Shipping Ltd. Con todo, esta minúscula armadora, solo tiene registrado este barco, forma parte de un grupo turco de mayor tamaño.

 

Logon Shipping Ltd está registrada en La Valeta, Malta, estado que abandera al petrolero. La isla forma parte de la Unión Europea, pero es considerada por muchos especialistas no como un paraíso fiscal, pero sí como un 'agujero fiscal', por sus bajísimos impuestos y los pocos requisitos necesarios para abrir allí una empresa. 

 

Esto atrae a multitud de compañías deseosas de rebajar su factura fiscal y, de paso, añade una capa más de dificultad para exigir cuentas a todos los responsables de eventuales incidentes. En la misma dirección de Logon Shipping Ltd aparecen registradas 291 empresas -casi todas armadoras-.

 

¿Tiene la propietaria capacidad de responder a una multa de hasta 600.000? Es dudoso, al menos por sí sola, teniendo en cuenta que su capital social desembolsado es de solo 1.200 euros

 

En el registro mercantil de Malta aparece como director de la amadora un empresario turco, Refik Kalkavan, según varias bases de datos comerciales, que se alimentan de la información depositada ante la agencia oficial del gobierno de Malta. 

 

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en sus Paradise Papers, indica que Refik Yavuz Kalkavan aparece vinculado a otra docena de navieras registradas en Malta. Un bufete de abogados italiano especializado en servicios marítimos asegura que Yavuz Kalkavan que "ha estado trabajando en la compañía naviera familiar desde 1998 (3ra generación)" como  "director general del Beşiktaş Group", dueño de las empresas Besiktas Shipping y Besiktas Shipyard.
 

El grupo presume de que  mucha experiencia y la mayoría de las principales compañías petroleras lo acreditan como un administrador de buques tanque de primer nivel".

 

Como operadora del buque aparece otra filial, llamada Besiktas Likid Tasimacilik Denizcilik Ticaret AS, según la International Maritime Risk Rating Agency, que le otorga una puntuación de riesgo de 37 sobre 100, nivel ambar. 

 

VERSIÓN DEL ARMADOR

Después del incidente, el Grupo Besiktas explicó que la operación de descarga había sido perfectamente legal, ya que el buque no tenía carga de petróleo, ni agua de lavado de petróleo a bordo. 

 

Su versión es que "el buque zarpó desde su último puerto de descarga de A Coruña a Tarragona y, durante su paso por Finisterre, el buque realizó la limpieza de tanques y su vertido al mar según normativa Marpol. La carga del buque era del tipo Anexo II,y todas las operaciones de descarga de lavado de tanques se realizaron de acuerdo con los requisitos de Marpol”, según publicó el periódico especializado Insurance Marine News. Tarragona y A Coruña son dos de los puertos donde tiene refinerías Repsol

 

La armadora añade que en Tarragona “la inspección que forma parte las investigaciones se completó sin ningún hallazgo relacionado con la supuesta contaminación”. El grupo asegura que la carga era de "ésteres de ácidos grasos". Los ésteres son compuestos orgánicos. que pueden ser derivados de petróleo.

 

VERSIÓN DEL MINISTERIO

El punto vista del Ministerio no es el mismo que el del armador. En una nota cuando decretó la inmovilización, habla de que pillaron "in franganti" al navío realizando "descarga de hidrocarburos", detectada por un avión de Salvamento . La "descarga ilícita" era tan grande -12,7 kilómetros cuadrados- que se localizó incluso desde  el satélite de la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA).

 

Desde la Dirección General de la Marina Mercante se confirma que hubo una inspección abordo en Tarragona y que allí estuvo retenido desde el 17 al 21 de febrero. Los responsables del buque, antes de zarpar, tuvieron que hacer frente al  pago de una garantía, 100.000 euros, y designación de un domicilio en España.

 

La Administración estima que este tipo de expedientes sancionadores puede estar resuelto en un año. Eso sí, si la Fiscalía no toma cartas en el asunto y abre diligencias de tipo penal, sobre lo que no hay noticia hasta ahora.

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