Paulo Carril, CIG: "Los aranceles son una nueva arma para reforzar el papel imperial de los EE.UU."

-¿Cuáles han sido los principales retos que han afrontado desde la CIG entre el último congreso y el IX que se va a celebrar el 24 de mayo de este 2025?

Iniciamos la preparación de IX Congreso cuando ya se daban los primeros pasos de desescalada en la pandemia, justo en el momento que la UE perfilaba los ajustes para que España pudiese acceder a los fondos europeos. Se perfilaba un marco dentro del cuál había varias visiones con respecto a la reforma laboral del 2021, por ejemplo, con la reforma de las pensiones. Esto, a día de hoy, se traduce en datos los crudos datos del SEPE como es que el 60% del trabajo creado son contratos fijos discontinuos temporales, aumenta la pobreza laboral así como la precariedad y la reducción de ingresos, todo esto se ha desarrollado en el marco legal de la reforma además de agravarse la carestía de la vida. Por tanto, ser capaces de afrontar una defensa del trabajo y de las condiciones de vida dignas en este contexto ha sido difícil. Aún así, hemos sido capaces de afrontar que durante la negociación colectiva Galicia fue tratada como una parte más del Estado, aunque en  los años 2023 y 2024 los salarios crecieron más en términos comparativos. Todo esto fruto de lo que entendemos como un modelo sindical de una intensa movilización para demostrar que los derechos existen en base a las reivindicaciones. 

A nivel gallego, hemos estado viviendo un proceso de relevo en el gobierno autonómico que ha activado las políticas suicidas con el desmantelamiento de servicios públicos, con desigualdad y desertización industrial. También ha sido evidente el expolio de nuestros recursos naturales y minerales sin que por ello revierta directamente en él. Por eso reivindicamos un plan de reundistrialización que revierta beneficios en nuestro país y no un modelo depredador que no cierra ciclos productivos además de ser colonizador, agresivo contra el medio ambiente y otros procesos productivos. 

-¿Y usted cómo afronta este congreso?

Tal y como lo afronta la organización, con la legitimación de cuatro años muy intensos en los que hemos consolidado la posición como primera fuerza en un período de elecciones sindicales y con un aumento en el número de afiliados y afiliadas. Esto nos permite resultados a través de la movilización como elemento tractor que haga avanzar los derechos de la clase trabajadora. Afrontamos este congreso bajo esa realidad y en un momento de muchas incertidumbres.

-Incertidumbres que reflejan el momento que se vive con los aranceles de los EEUU. ¿Cree que esto se encamina a una recesión como la vivida en 2008?

Creemos que esto se debe analizar teniendo en cuenta el aumento de la explotación capitalista mediante la guerra y la depredación de recursos. La guerra constituye una nueva ofensiva del capital y así, el capitalismo encabezado por EEUU, busca nuevas oportunidades para nuevas inversiones. Y esto al mismo tiempo que se responde al cuestionamiento que pueden tener hoy los EEUU y el propio dólar frente a los BRICs y donde el orden neoliberal, tal como se concibió, está roto. Además, la llamada al aumento del gasto militar exigido por Washington hace que la OTAN vaya hacia una especie de reconversión a la que los estados europeos acuden sumisamente. Hay un refuerzo del papel imperial de los Estados Unidos con una nueva arma como son los aranceles. Todo esto crea un contexto en el cual pueden empeorar las condiciones de la clase trabajadora y, en el caso gallego, si le sumamos que esta situación presenta también la depredación de nuestros recursos, tenemos una realidad preocupante. Hay patronales que quieren justificar estas incertidumbres sobre los incrementos salariales, como hace la del metal en Ourense que quiere aplicar un cero de aumento salarial en los próximos años. No sabemos si estamos en la antesala de una nueva crisis, sí sabemos que el capitalismo pretende afrontar esta situación sobreexplotando y empeorando las condiciones de vida de la clase trabajadora y, si esto es así, buscaremos la forma de que tenga el menor impacto posible. No somos agoreros pero sí nos ponemos en alerta ante quién quiera “cobrar” mediante el empeoramiento de las condiciones de la clase trabajadora. 

-En relación con Alcoa, ¿creen que la multinacional ha estado chantajeando a Gobierno y Xunta para continuar en San Cibrao? 

Nuestra posición sobre Alcoa es clara y está apoyada por la mayoría del comité, esto es que hay un incumplimiento industrial por parte de la multinacional, hay un memorando (MOU) que tememos sea una nueva actuación de la aluminera ante la cuál los gobiernos se sometan y tengan más en cuenta las posturas de la empresa que los puntos del comité. Un ejemplo es que una parte del acuerdo era la construcción de un horno de ánodos, algo que no se ha cumplido. Alcoa no ha cumplido y los gobiernos gallego y español comprarán los planteamientos de la empresa para desatender cada vez más las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras. Alcoa quiere echar mano al fondo preparado para invertir y no materializarlo. Esta empresa no es creíble ante la cantidad de incumplimientos que ha acumulado. Se pueden habilitar fondos pero que no retrase las inversiones previstas y en segundo lugar, el coste de la energía no es como describen en un país como Galicia donde el 40% de la producción eléctrica se está exportando, donde la PPA con Endesa tiene la suficiente capacidad para suministrar electricidad a un precio más barato. Además, los gobiernos no han aplicado tarifas industriales competitivas y esta es otra de las reclamaciones de la CIG con respecto a esta cuestión.

-¿Cómo describe la postura de la CIG ante el proceso de descarbonización y la substitución de industrias dependientes del carbón por otras más limpias?

Se confirma lo que hemos dicho durante estos últimos años, aquí no hay transición, hay demolición. Estamos ante una reconversión clásica y Galicia sigue estando condenada a ser suministradora de materias primas para alimentar la transición energética. Esa transición, por otra parte, no está siendo justa porque viene dictada por el capital. Ahí tenemos los resultados en As Pontes y en Meirama, sobre todo en lo que fue la central térmica de As Pontes, la de mayor capacidad de producción. Tenemos propuestas para hacer una transición real y justa, de ahí las huelgas y manifestaciones que hemos convocado. 

-Aún así, se han paralizado parques eólicos que teóricamente alimentarían  industrias con energía limpia. 

Entendemos que hay una transición energética dictada por el capital y que los gobiernos acatan sin importarles las consecuencias medioambientales y sociales que provoca este desarrollo. Por otra parte, todo eso está en manos privadas y a pesar de ser productores, la energía aquí no es más barata ni para la población gallega ni para la industria. Esto ahonda el desequilibrio territorial y social, lo mismo que sucedía con los planes de pantanos en el franquismo. Formamos parte de la plataforma 'Eólica así non' y esto demuestra que los juzgados verifican las afectaciones que aparecen. También tenemos un plan que presenta causa jurídica, defendemos en alianza con el ecologismo gallego, un decálogo que haga posible que la energía eólica ayude a descarbonizar pero creando empleo de forma segura, jurídica y económicamente, para el conjunto de la población. No queremos un modelo que acapare tierras y expulse a gente de sectores productivos, sin hablar de la eólica marina que sería una forma más agresiva. En el VIII Congreso dejábamos ver que la digitalización y la descarbonización estaban valorizando la capitalización frente al trabajo. Los planes eólicos actuales solo benefician a las grandes empresas y empeoran las condiciones de vida. Hemos hecho un estudio sobre la energía eólica y constatamos que es falso una mayor generación de puestos de trabajo, hay menos trabajadores hoy en día que hace unos años y con peores condiciones de trabajo. 

-En relación a las actividades extractivas, ¿los proyectos de Touro y Beariz son continuadores de esas políticas meramente extractivas y que no generan puestos aquí?

La mina de Touro-O Pino es una aberración. El mismo proyecto, que había sido rechazado, se está maquillando para darle salida otra vez, nuestra posición es negativa y contraria. En el caso de Beariz estamos ante un planteamiento semejante con el rechazo mostrado con anterioridad. Existe un hecho común que hemos manifestado desde siempre, los ciclos productivos hay que completarlos dentro del territorio, aumentar valor añadido a nuestra economía, diversificar nuestra capacidad productiva industrial garantizando un equilibrio ambiental y social donde no se destruya empleo. La CIG ha conseguido que el dictamen del CES contra la Ley de Beneficios Sociales y Económicos de los Recursos Naturales de Galicia, medida estrella del gobierno Rueda, haya sido enmendado precisamente con un diseño que va en la dirección de equilibrio y no destrucción de empleo. Hay una posición crítica del CES, por mucho que hayan querido torturar ese dictamen y despreciar en la tramitación y aprobación de esta ley. A esto añadimos el daño ambiental y social para la ría de Arousa que suponen Altri y la mina de Touro. En el caso de Doade (Beariz) hablamos de una mina cuyos derechos de explotación son de una empresa aragonesa que extraerá litio de aquí y abastecerá la planta de baterías que creará Stellantis en Zaragoza con fondos públicos. Por tanto, el PP hace caso omiso de lo dictado por el CES.

-Sobre Altri, la CIG había denunciado en su momento que varias evaluaciones ambientales se realizaron con empresas externas, competencia exclusiva del funcionariado público. La Xunta declara que no se hizo una evaluación ambiental externalizada sobre Altri. ¿La CIG puede demostrar que sí se realizaron evaluaciones con empresas externas?

La declaración de impacto ambiental (DIA) y su pendiente declaración ambiental integrada, confirmará algo que yo anunciaba cuando ya se conocía la sentencia del TSXG: en San Caetano (sede administrativa de la Xunta) se estarían quemando expediente para desvincular la tramitación de Altri de este asunto. El informe sobre captación de aguas de Altri todavía está pendiente de conocerse y nosotros tenemos constancia de la presión que han recibido funcionarios públicos para suscribir y validar informes realizados fuera de la administración pública. Sí es cierto que sobre Altri hay una tramitación opaca por parte de la Xunta, esto se comprobará en los juzgados si es que el PP sigue ignorando las manifestaciones populares sostenidas en el tiempo. Estamos convencidos de que la DIA se aprobó precipitadamente a raíz de esta sentencia sobre empresas externas. Tanto la DIA como la autorización ambiental integrada tienen encima un enorme nivel de condicionantes y esto confirma que el proyecto debería estar rechazado. 

-¿La nueva ley de medios públicos gallegos supone también un ataque a los derechos de los trabajadores y trabajadoras del ente CRTVG?

No queremos permitir que esta ley esconda la Iniciativa Legislativa Popular para garantizar que la CRTVG esté al servicio del pueblo. El hecho es que el gobierno gallego se ha convertido en oposición de la oposición. En este contexto, la nueva ley pretende perpetuar el control político de la CRTVG para garantizar la españolización y desgalleguización de la sociedad gallega, por otra parte, también busca desmantelar derechos y un servicio público que garantiza la imparcialidad y veracidad de la información. Por último, pretende enterrar y exterminar el gallego con la posibilidad del uso de otros idiomas. Esta ley es condenable y se trata de la peor versión de un PP tiránico.

-¿Ve necesario subir el SMI antes de que se convoquen elecciones en 2027?

La CIG, en relación al SMI, pide que se respete la Carta Social Europea que en su artículo 4.1 habla de que para garantizar una renta digna, el salario mínimo debe ser acorde con el 60% del salario medio. Y este año hemos denunciado, como el año anterior, que el incremento está siendo inferior a lo establecido por la Carta Social Europea. La CIG ha formulado una reclamación ante el Comité Europeo de Derechos Sociales para garantizar un SMI acorde con la Carta Social Europea. En estos momentos el SMI debería ser de 1.320 euros. También criticamos que se aplique una desgravación fiscal en el IRPF porque iría contra la Carta Social Europea. En los últimos informes de rentas el incremento del SMI significa reducir las tasas de pobreza y pobreza extrema. No entendemos cómo no se acomete esto de forma decidida. En total, debería incrementarse el salario mínimo en 136 euros para llegar a los 1.320,04 euros.