Trabajadores de Ryanair en Santiago se manifiestan delante del Concello contra el ERE

Los trabajadores, respaldados por sindicatos como Comisións Obreiras o CIG, instan a la corporación municipal y al resto de administraciones a actuar con urgencia para salvar el empleo y asegurar el futuro de la terminal compostelana. Alertan también  ante lo que consideran un efecto dominó devastador para la economía local y la cohesión territorial.

La medida de Ryanair, justificada por la compañía por el incremento del 6,2% en las tasas aeroportuarias de Aena -una subida que no pone en riesgo los pingües beneficios del grupo - y enmarcada en una reducción de operaciones en aeropuertos regionales, ha desencadenado la presentación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) extintivo que afecta directamente a entre 100 y 120 trabajadores de asistencia en tierra, algunos de la filial Azul Handling, además de recolocar a 135 tripulantes de cabina en otros destinos. 

El cierre de la base, anunciado para finales de octubre, implica la reducción de más del 75% de los empleos directos dependientes de la compañía en Lavacolla, con graves repercusiones también para cientos de empleos indirectos ligados a servicios de seguridad, limpieza, restauración y alquiler de vehículos, entre otros sectores clave del aeropuerto y su entorno. Ayer, por ejemplo, USO advirtió del impacto en los vigilantes de seguridad y otras profesiones. 

Durante la concentración, los trabajadores alzaron la voz para reclamar al Ayuntamiento un papel más activo en la captación de nuevas aerolíneas para evitar la descapitalización aérea de Santiago y la puesta en marcha de iniciativas que conviertan Lavacolla en un aeropuerto verdaderamente atractivo y competitivo. Entre sus demandas, destaca la exigencia de que la corporación interceda ante la Xunta y el Gobierno central para que articulen un plan estratégico común de rutas aéreas, capaz de evitar la competencia destructiva entre las tres terminales gallegas y de garantizar la viabilidad futura del transporte aéreo en toda Galicia.

El comité de empresa considera que la situación deriva de una política laxa mantenida durante años con Ryanair y alerta sobre el riesgo de despidos traumáticos por la vía del ERE, mientras sospecha que la aerolínea podría esperar a reabrir la base con contratos de corta duración cuando terminen las obras previstas en Lavacolla para 2026. 

Los representantes sindicales subrayan que la base de Ryanair en Santiago es rentable, con una ocupación de vuelos superior al 96%, y denuncian lo que califican de “chantaje” empresarial, exigiendo al Ministerio de Trabajo un plan específico para evitar la destrucción masiva de puestos de trabajo.

Los diferentes grupos políticos del Ayuntamiento han ido fijando posición en las últimas jornadas. El gobierno municipal, a través de la concejala de Turismo y portavoz, Míriam Louzao, expresó su preocupación por el impacto social y económico de la decisión de Ryanair y denunció que la subida de tasas de Aena va "en contra del desarrollo de aeropuertos medianos y pequeños", remarcando la urgencia de un plan estratégico gallego sin visiones localistas, en lo que se puede interpretar como una crítica a la Xunta de Galicia.

Al mismo tiempo, el ejecutivo local asume que no tiene capacidad directa para influir en las decisiones de compañías como Ryanair o Aena, aunque señala su empeño en avanzar en la mesa de trabajo conjunta con la Xunta y los ayuntamientos de Vigo y A Coruña para coordinar estrategias que protejan la conectividad y el empleo en toda Galicia.

Por su parte, los concejales no adscritos, procedentes del PSOE, han pedido una respuesta política decidida y la aprobación de una declaración institucional en Raxoi, reclamando alternativas para el personal afectado, que estiman en 120 trabajadores de asistencia en tierra en riesgo de despido. Estos ediles exigen a Xunta, Estado y Ayuntamiento la búsqueda activa de otras compañías que puedan crear empleo en el sector e insisten en la necesidad de reforzar los atractivos y la competitividad de Lavacolla, evitando que Galicia vuelva a quedar aislada y que el aeropuerto de Oporto absorba el tráfico perdido por la desconexión aérea gallega.

La reducción de 100 a apenas 15 vuelos semanales, así como la caída de pasajeros estimada en uno o dos millones al año, terminarán por comprometer la viabilidad de numerosos negocios y servicios dependientes del tráfico aéreo, abriendo un escenario de profunda incertidumbre para el aeropuerto de Lavacolla y su contorno socio-económico. Una pista que, por cierto, lleva meses acumulando datos que apuntan a un decrecimiento de pasajeros.