ENCE Pontevedra cerrará si hay despidos, advierte la plantilla que extiende la huelga

La paz social que reinaba en el complejo industrial de Lourizán tras la sentencia del Tribunal Supremo del año pasado se ha hecho añicos en tiempo récord, dando paso a un escenario de confrontación absoluta sin precedentes recientes. La presión de la plantilla fue clave para que la celulosa lograse la polémica prórroga de la concesión de terreno público que avaló el Supremo. Esa misma plantilla se siente traicionada y advierte que si hay despidos prefieren que cierre toda la factoría.

Lo que comenzó como un calendario de movilizaciones puntual se ha transformado esta semana en un conflicto de larga duración, después de que el comité de empresa decidiese endurecer su estrategia y prolongar los paros hasta el mes de diciembre. Se encadenarían así 20 días de paro en la fábrica.

El comité de empresa de la fábrica de Ence en Pontevedra ha anunciado reconfigurar la huelga prevista inicialmente: los doce días de paro que estaban previstos para noviembre, de los que ya se han celebrado tres, se extienden ahora hasta diciembre con la previsión de convocatorias “mayores en función de cómo evolucione el conflicto”.

En la rueda de prensa en que se comunicó esta decisión, participaron el secretario del comité y secretario comarcal de Comisiones Obreras (CC.OO.), Omar Vázquez, junto a la secretaria general del sindicato en Galicia, Amelia Pérez, y la secretaria general de la Federación de Industria, Carmela Villaverde.

La decisión de la compañía de ejecutar salidas, alegando la necesidad de automatizar procesos y paliar pérdidas, ha sido interpretada por los sindicatos no como una medida económica, sino como una declaración de guerra tras el apoyo explícito que los trabajadores brindaron a la dirección para evitar el cierre de la fábrica cuando su futuro pendía de un hilo, con gran parte de la opinión pública gallega y pontevedresa reclamando el fin de la concesión en Lourizán. 

Vázquez (CC.OO.) "Preferimos elegir entre condenar a Ence a muerte o condenarla a sí misma a ser cómplice de un único despido"

Según Pérez, la plantilla se siente “engañada” y “traicionada” porque, dos años después, constatan que no se cumplieron las inversiones prometidas. Vázquez añadió que la empresa plantea recortes con un impacto “ridículo” en los costes de producción y que la plantilla “ha llegado al límite del hartazgo”. 

En su opinión, la dirección de la compañía exige que se acepten 39 despidos para evitar que “nos veremos afectados los 280”, una amenaza que el comité rechaza: “nosotros decimos que no renunciamos ni a uno solo de los nuestros”. "Preferimos elegir entre condenar a Ence a muerte o condenarla a sí misma a ser cómplice de un único despido", advirtió Vázquez.

Frente a la postura de la dirección, el comité insiste en que el despido colectivo debe tramitarse por cauces legales adecuados, con las debidas justificaciones y mediaciones externas, y no mediante negociaciones informales como las que a su juicio se están desarrollando en la fábrica de Navia. Vázquez anunció que se examinará toda la documentación aportada por la empresa, pero añadió que se emplazará a intermediación por parte de la Xunta de Galicia y el Partido Popular, que “en su momento avalaron la permanencia” de la planta.

El fin de la tregua en el mercado global de la pasta de papel

Para entender la magnitud de este terremoto laboral en Pontevedra es imprescindible levantar la vista y observar el contexto internacional, un escenario que la dirección de la compañía utiliza como escudo argumental. El sector de la celulosa atraviesa una tormenta perfecta que ha golpeado las cuentas de resultados de las grandes productoras europeas. 

Tras el boom de precios post-pandemia, el mercado ha sufrido una corrección severa, con una caída drástica en el precio de la tonelada de pasta de papel BHKP (la variedad de fibra corta que produce Ence). A esto se suma la debilidad de la demanda en China, el mayor consumidor mundial, y la competencia feroz de las nuevas y gigantescas plantas de eucalipto en Sudamérica, que operan con costes de producción inmensamente más bajos que los de las factorías gallegas o asturianas.

Los problemas sectoriales están provocando el desplome de las acciones de Ence pero también de sus competidoras lusas, Altri y Navigator.

El trasfondo del conflicto se encuentra en el deterioro del mercado mundial de la celulosa. A nivel global, se observa una caída del precio de la pulpa de madera que afecta directamente a los resultados de compañías del sector. Por ejemplo, la empresa chilena Arauco registró pérdidas de 9,9 millones de dólares en los primeros nueve meses del 2025, atribuidas a un exceso de oferta y a una demanda lastrada en los mercados internacionales. En Europa, analistas prevén que los precios pueden estabilizarse en la primera mitad del año y recuperar algo de terreno en la segunda, aunque la entrada de nueva capacidad productiva ha empujado los precios a la baja desde 2024. 

Esta coyuntura macroeconómica es el clavo ardiendo al que se agarra la empresa para justificar cuatro trimestres consecutivos en números rojos. Sin embargo, en el ámbito local, la lectura es muy distinta. 

Los representantes de los trabajadores consideran que la crisis de precios es cíclica y coyuntural, y no justifica en absoluto un desmantelamiento estructural de la fuerza laboral. La indignación se centra en que, durante los años de bonanza y beneficios históricos, no se blindó el empleo, y ahora que el ciclo cambia, la factura se pasa a la parte más débil de la cadena. 

La automatización y la inteligencia artificial, pilares del nuevo plan estratégico de la empresa para 2025-2027, son vistas por la plantilla no como modernización, sino como eufemismos para encubrir la sustitución de capital humano por algoritmos y maquinaria.

Fractura interna y la estrategia del "divide y vencerás"

El conflicto también ha sacado a la luz las costuras y tensiones internas que existen entre los diferentes centros de trabajo del grupo, una situación que añade complejidad a la huelga. Existe una sensación palpable entre los operarios de Pontevedra de que la empresa está jugando a dos barajas, utilizando realidades laborales distintas para debilitar la acción sindical conjunta. Mientras en la fábrica de Navia (Asturias) parece haberse abierto un canal de comunicación informal para negociar salidas menos traumáticas, en Galicia la dirección ha optado por la vía dura. Esta disparidad de trato ha encendido las alarmas, generando el temor a que se esté intentando fragmentar la unidad de acción de los trabajadores, enfrentando los intereses de la planta asturiana con la gallega para diluir la resistencia.

Omar Vázquez, voz cantante del comité y figura clave de Comisiones Obreras en la comarca, ha sido contundente al rechazar este doble juego. La estrategia sindical pasa ahora por evitar a toda costa que se personalice el conflicto o que se acepten bajas incentivadas que rompan la solidaridad del grupo, argumenta. 

La consigna es clara: o se salvan todos los puestos o no se salva ninguno. Esta postura de máximos busca cerrar filas ante lo que consideran tácticas de desgaste psicológico por parte de la patronal, diseñadas para que el miedo al desempleo individual venza a la fuerza del colectivo. La unidad, que según los portavoces sindicales es la mayor en años, se ha convertido en el principal activo de una plantilla que se siente arrinconada y que ha decidido que ya no tiene nada que perder.

La Xunta y el PP, en el punto de mira de los proletarios

La dimensión de este choque trasciende los muros de la fábrica y salpica directamente al tablero político gallego, concretamente al gobierno de Alfonso Rueda. Los sindicatos han interpelado directamente a la Xunta de Galicia y al Partido Popular, recordándoles su papel activo en la defensa de la permanencia de Ence en la ría.

 El argumento sindical es político: si la administración autonómica avaló la continuidad de la concesión basándose en el mantenimiento del empleo y las inversiones industriales, ahora debe exigir el cumplimiento de esa contrapartida. Se acusa al Ejecutivo autonómico de haber sido cómplice necesario de una promesa incumplida, al permitir que la empresa utilice los terrenos públicos garantizados hasta 2073 para reducir personal en lugar de para potenciar la actividad.

Desde Comisiones Obreras, Amelia Pérez ha elevado el tono señalando que la "traición" no es solo a los operarios, sino a toda la comarca de Pontevedra y a la propia ciudadanía que soportó el debate social sobre la ubicación de la planta. La exigencia es que la Xunta deje de ponerse de perfil y actúe como mediador forzoso o, al menos, como auditor exigente de los compromisos adquiridos. La sensación de estafa es generalizada entre los trabajadores, que sienten que fueron utilizados como peones en una batalla judicial y política para asegurar la concesión, y que una vez logrado el objetivo empresarial, son descartados. La responsabilidad política, insisten, es ineludible cuando se ha hecho tanta bandera de la importancia estratégica de esta industria para la economía gallega.

La empresa, por su parte, niega la mayor y despliega sus cifras para contrarrestar el relato del abandono inversor. Según sus datos, el compromiso con Pontevedra se demuestra con los 220 millones de euros inyectados en la última década, destacando que una parte muy significativa de ese montante se ha desembolsado en el último lustro. Ence defiende que su plan de eficiencia no es un desmantelamiento, sino la única vía para garantizar la supervivencia a largo plazo de la instalación en un mercado global feroz. Argumentan que sin una reducción de costes y una modernización tecnológica, la fábrica dejaría de ser competitiva, poniendo en riesgo no solo a los 39 afectados por el ERE, sino a la totalidad de la plantilla en el futuro. Además, recuerdan que el proyecto "Pontevedra Avanza" sigue en pie con una previsión de inversión millonaria.

Sin embargo, la tensión en el día a día de la fábrica cuenta otra historia. Las acusaciones de "mala fe" se suceden, con los sindicatos denunciando paros técnicos provocados por la propia empresa para castigar las nóminas de los empleados, que dependen en gran medida de los pluses de productividad. Denuncian un cierre patronal encubierto bajo la apariencia de paradas de mantenimiento o seguridad, una maniobra que busca asfixiar económicamente a los huelguistas. La respuesta de los trabajadores ha sido elevar la apuesta: prolongar la huelga y advierten que prefieren ver el cierre definitivo de la planta antes que ceder ante lo que califican de chantaje. 

La frase "preferimos condenarla a muerte" resuena como prubea de una relación rota entre otrora aliados, donde la confianza ha desaparecido por completo.

Los oficinistas critican la huelga convocada por los obreros

Los trabajadores de las oficinas, que suman unos 134 empleados en Lourizán y otros centros en Madrid y Navia, han denunciado que el comité de fábrica de Pontevedra les está “arrastrando” al procedimiento sin permitirles negociar por separado. 

Según un comunicado del colectivo de oficinas, el comité de fábrica se negó a sentarse a negociar la propuesta de despidos por centros de trabajo, mientras que sólo el centro de Navia, al tener un CIF distinto, mantiene una mesa de negociación activa. Esta situación genera “indignación y preocupación”, pues los trabajadores de oficinas advierten que el paro prolongado está paralizando la actividad del complejo y puede afectar a empresas auxiliares y al sector forestal gallego, con más de 5.000 empleos en juego.