Los ganaderos ourensanos marcharán sobre Madrid de la mano de otros colectivos estatales

Los ganaderos y agricultores ourensanos han anunciado que dividirán sus próximas movilizaciones entre la Subdelegación del Gobierno en Ourense y la gran tractorada convocada en Madrid el 11 de febrero. La decisión llega tras cinco días de bloqueo en la A-52 a la altura de Xinzo de Limia, donde más de un centenar de tractores permanecen desde el pasado jueves exigiendo una reunión con un alto cargo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

“Como no tenemos respuesta de nadie, las dos opciones son permanecer en Ourense o arrancar con los tractores hacia Madrid”, ha explicado Miguel Gómez, uno de los portavoces del colectivo. La protesta, que comenzó en el polígono industrial de San Cibrao das Viñas, ha ido ganando apoyo entre los profesionales del sector primario, cansados, dicen, de años de promesas incumplidas y falta de diálogo institucional.

Las principales demandas de los manifestantes pasan por la vacunación “urgente” contra la Dermatosis Nodular Bovina, el cumplimiento efectivo de la Ley de la Cadena Alimentaria y el rechazo al acuerdo europeo con Mercosur, además de expresar su malestar por los recortes en la Política Agraria Común (PAC). Reclaman también que las políticas agrarias europeas se adapten mejor a la realidad rural española y gallega, donde muchas explotaciones familiares se encuentran “al límite de la supervivencia”.

Desde la organización, Gómez ha insistido en que “la gente está cansada ya de esperar, porque llevamos toda la vida trabajando en esto”, reflejando el agotamiento y la sensación de abandono del sector frente a lo que consideran decisiones políticas que benefician a las grandes distribuidoras y perjudican al pequeño productor.

En paralelo, la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos (UdU) y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi) han confirmado su unión para organizar una movilización conjunta en Madrid el 11 de febrero, con la participación de “más de 1.500 tractores y miles de personas”. El objetivo, según el comunicado de ambas entidades, es “expresar el rechazo del campo a las actuales orientaciones de las políticas agrarias” y reclamar un cambio urgente de rumbo.

UdU ha señalado además que invitó a las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA a unirse a la convocatoria, aunque solo la última respondió para declinar la propuesta. La organización convocante ha lamentado que “UPA ha perdido la oportunidad de demostrar que el campo está por encima de otras cuestiones”, mientras que Asaja y COAG, dicen, “ya llegarían tarde si quisieran sumarse ahora”.

Por su parte, desde la Subdelegación del Gobierno en Ourense han recordado que el pasado 7 de enero, representantes del colectivo ya mantuvieron una reunión con el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, quien está “en permanente contacto” con el ministro Luis Planas. La administración ha añadido que el subdelegado, Eladio Santos, ofreció celebrar otro encuentro posterior “para trasladar las respuestas del Ministerio”, pero que los representantes de los manifestantes rechazaron mantenerlo.

Sin embargo, los ganaderos denuncian que esa reunión nunca llegó a concretarse y que nadie con capacidad de decisión ha dado respuesta directa a sus peticiones, lo que ha alimentado el malestar. Aseguran que seguirán concentrados hasta obtener compromisos reales y temen que las actuales políticas pongan “en riesgo de desaparición a un modo de vida que sostiene el medio rural gallego”.

El conflicto, que ha adquirido una dimensión nacional, refleja también la creciente tensión entre el campo y las administraciones, mientras Galicia vuelve a situar en el centro del debate la necesidad de una política agraria más justa, sostenible y adaptada al territorio.

Cambios en el poder de las organizaciones agrarias en España

El mapa del poder agrario en España, históricamente dibujado por la tríada clásica de ASAJA, COAG y UPA, está sufriendo cambios cuyas repercusiones se empiezan a notar el campo gallego, donde Unións Agrarias es parte de UPA, el SLG mantiene una alianza con COAG y Fruga está en la órbita del nacionalismo gallego de izquierdas.

La hegemonía de los interlocutores tradicionales ante las administraciones se ha visto desafiada por dos actores que, con estrategias y orígenes distintos, reclaman su cuota de protagonismo en el tablero rural: la Unión de Uniones y Unaspi. 

La Unión de Uniones (UdU) se presenta como la oposición consolidada, el aspirante legítimo que golpea las puertas del Ministerio. No estamos ante un fenómeno improvisado, sino ante una organización sindical estructurada y con solera que funciona como la gran "cuarta vía". Con Luis Cortés como figura visible, su perfil es institucional pero combativo. Su principal reivindicación es democrática: exigen urnas en el campo para demostrar que su peso real supera al de las organizaciones tradicionales en muchas regiones. Actúan como un sindicato al uso, con capacidad de negociación técnica y movilización masiva, como demostraron al llevar sus tractores hasta las puertas de la Puerta de Alcalá, pero operan bajo la frustración de ser excluidos de la mesa de negociación oficial por falta de reconocimiento gubernamental.

En el otro extremo del espectro surge Unaspi (Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes), la cristalización política del estallido social. Si la UdU busca reformar el sistema desde dentro, Unaspi nace del rechazo frontal al sistema mismo. Es la hija directa de las revueltas del 6 de febrero y de los grupos de WhatsApp que paralizaron las carreteras al margen de cualquier sigla conocida. Esta organización aglutina a decenas de plataformas locales y espontáneas que se sienten traicionadas por todo el arco sindical, incluida la propia UdU. Unaspi ha recibido en numerosas ocasiones el apoyo de Vox.