Empieza la carrera por la eólica marina sin capital gallego y mucha contestación social

El litoral gallego se prepara para una transformación energética sin precedentes tras el paso definitivo dado por el Gobierno central para regular sus aguas. El Ministerio para la Transición Ecológica ha activado la consulta pública previa para establecer las bases de la primera subasta de eólica marina flotante en la historia de España, un movimiento que sitúa a las rías y costas de nuestra comunidad en el epicentro de una nueva revolución industrial verde. Esta convocatoria, abierta hasta el próximo 24 de febrero, busca definir cómo se repartirán los espacios y qué criterios pesarán más a la hora de adjudicar los megavatios en un sector que, tras años de espera administrativa, ve por fin la luz al final del túnel.

La intención del departamento que dirige Teresa Ribera es clara: fijar las reglas del juego para que el procedimiento de concurrencia competitiva sea una realidad bajo el paraguas del Real Decreto 962/2024. Este marco normativo no solo pretende otorgar un régimen económico atractivo para las empresas, sino que también gestionará la reserva de capacidad de acceso a la red eléctrica y la prioridad para ocupar el dominio público marítimo-terrestre. Con este paso, el Gobierno intenta acelerar unos plazos que juegan en su contra, ya que el objetivo de alcanzar hasta 3 gigavatios (GW) de potencia instalada para 2030 parece hoy una meta heroica debido a que la construcción de estos parques suele demorarse cerca de una década.

España cuenta con una ventaja y un reto técnico a partes iguales: la profundidad de sus costas impide la instalación de aerogeneradores fijos, lo que obliga a apostar por la tecnología flotante, un campo todavía en desarrollo pero con un potencial inmenso para la descarbonización. Mientras Europa ya disfruta de 37 GW de potencia marina, nuestro país inicia ahora su camino con la mirada puesta en la sostenibilidad y la soberanía energética. La consulta que ahora se abre pregunta a los agentes sociales y económicos sobre qué áreas deben ser prioritarias y si es preferible apostar por grandes instalaciones únicas o por varios parques de menor tamaño distribuidos por la geografía costera.

El músculo energético de los proyectos gallegos

Galicia no solo participa en esta carrera, sino que la encabeza con una fuerza que asombra por sus dimensiones y el número de solicitudes presentadas ante el Ministerio. El volumen de proyectos diseñados para nuestras aguas es tan masivo que la potencia total solicitada supera los 8.937 megavatios, una cifra que convierte a la comunidad en el motor indiscutible de esta tecnología en el Estado. Para entender la magnitud de esta apuesta, basta señalar que solo los proyectos planeados para el polígono NOR-2 en A Coruña equivalen a más de una décima parte de toda la potencia eólica terrestre que existe actualmente en España.

Esta es una lista con todos los proyectos de los que se tienen ahora noticia en Galicia: 

La provincia de A Coruña es la que soporta la mayor carga de proyectos, especialmente en el área denominada NOR-2, donde se concentran los parques de mayor envergadura.Es curioso notar que, aunque el mar es nuestro, la tecnología y el capital vienen de fuera, con una fuerte presencia de firmas de Francia, Estados Unidos o Japón.

Dentro de este mapa de ambiciones eléctricas, la multinacional Repsol se posiciona como uno de los gigantes del sector con su propuesta para los parques Atlántico-1, Atlántico-2, Atlántico-3 y Atlántico-4, que en conjunto suman unos 3.200 MW. Especial mención merece el proyecto Atlántico-2, que con sus 1.575 MW se perfila como una de las infraestructuras más imponentes, mientras que sus hermanos menores aportan potencias de 525, 645 y 435 MW respectivamente. Estos desarrollos se encuentran actualmente en espera de la subasta, demostrando que el interés de los grandes capitales energéticos por el litoral gallego es firme y está listo para ejecutarse.

La empresa Capital Energy es otro de los actores principales en este escenario, con una cartera que incluye el parque Breogán, de 510 MW frente a las costas de A Coruña, y el proyecto Xistral, que prevé otros 810 MW en el litoral de Lugo. A estos se suma Volanteiro, una instalación de 510 MW que utilizará 34 turbinas de 15 MW cada una sobre plataformas semisumergibles, con la previsión de iniciar sus obras en 2026. La misma compañía ha impulsado la planificación de estas infraestructuras bajo una estrategia que busca aprovechar los vientos constantes y fuertes de las aguas profundas gallegas, sumando casi 2.000 MW en total a la espera de sus correspondientes trámites ambientales.

El peso de Galicia en el conjunto estatal es tan abrumador que se estima que nuestra comunidad aglutina entre el 30% y el 40% de toda la potencia eólica marina solicitada en España.  

A pesar de que el epicentro de la eólica marina en España será Galicia, resulta llamativo que en la lista de promotores principales no figure ninguna empresa gallega ni grandes accionistas de la comunidad. 

Criterios más allá del dinero y el impacto social

El nuevo marco legal introducido por el Ministerio no se limitará a entregar los parques al mejor postor económico, sino que permitirá valorar hasta un 30% de criterios no económicos. Esto incluye aspectos fundamentales como la ciberseguridad, la conducta empresarial responsable y, muy especialmente, la contribución a la sostenibilidad y la resiliencia industrial, siguiendo las directrices de la normativa europea Net Zero Industry Act. 

Esta cláusula es vital para asegurar que los proyectos no solo generen energía, sino que también dejen un poso de desarrollo tecnológico y respeto ambiental en las zonas donde se instalen, una demanda histórica de las plataformas locales.

Las organizaciones ecologistas y las cofradías de pescadores, aunque no han emitido una valoración conjunta sobre esta consulta específica de forma inmediata, mantienen su preocupación por la afectación a los ecosistemas marinos y a los caladeros de pesca tradicionales. 

El Ministerio ha querido ser cauteloso en este aspecto, restringiendo las áreas de desarrollo exclusivamente a las zonas de alto potencial definidas en los planes de ordenación del espacio marítimo aprobados en 2023. El debate sobre si es mejor un solo parque de gran potencia o varios pequeños sigue abierto, y será uno de los puntos calientes de las aportaciones que los colectivos gallegos realicen durante este mes de exposición pública.

El camino hacia la primera subasta real en 2025 parece ahora irreversible, aunque la sombra de los plazos administrativos sigue planeando sobre un sector que requiere inversiones millonarias y una seguridad jurídica absoluta.  Algo, que vistos los precedentes con la eólica terrestre, está por ver que se pueda lograr.

Marineros y ecologistas alertan de la falta de estudios de impacto en las especies marinas

El despliegue de los aerogeneradores en el mar no está siendo, ni mucho menos, una balsa de aceite en Galicia. Mientras en los despachos de Madrid se agilizan los papeles para las subastas, en los puertos gallegos el ambiente está cargado de indignación y desconfianza. El sector pesquero, que es el corazón de muchos pueblos de nuestra costa, se ha levantado en bloque contra lo que consideran una "invasión" que pone en jaque su medio de vida. La Plataforma en Defensa de la Pesca y los Ecosistemas Marinos se ha convertido en la voz cantante de esta rebelión, logrando algo poco común: que prácticamente todas las cofradías de la comunidad caminen de la mano para frenar los planes del Ministerio.

Las movilizaciones más potentes han dejado imágenes para el recuerdo en lugares como Burela, A Coruña y Cangas. En estas concentraciones, el grito de "el mar no se vende" ha resonado con fuerza, apoyado por miles de marineros que temen que los caladeros de toda la vida se conviertan en zonas de exclusión industrial. Los pescadores aseguran que no están en contra de las energías limpias por capricho, sino porque las zonas elegidas para los parques coinciden precisamente con los lugares donde más se faena. Critican que se les pida "sacrificar" su actividad en favor de grandes multinacionales energéticas que, en muchos casos, ni siquiera tienen su sede en Galicia.

El argumento que más preocupa al sector es el principio de precaución. Los marineros y varios colectivos ecologistas integrados en la coordinadora Eólica Así Non advierten de que no existen estudios científicos rigurosos sobre cómo afectarán las vibraciones, el ruido y los campos electromagnéticos de los cables a especies vitales como el bonito, la sardina o el pulpo. Existe un miedo real a que el ecosistema marino sufra daños irreversibles, alterando las corrientes y las rutas migratorias de las aves. Para ellos, convertir el Atlántico en un campo de molinos sin conocer las consecuencias es un experimento demasiado arriesgado para la economía de las Rías.

En el plano político, el conflicto ha servido para abrir una brecha más entre la Xunta de Galicia y el Gobierno central. El ejecutivo autonómico ha acusado repetidamente a Madrid de actuar con soberbia y de ignorar las conclusiones del Observatorio de la Eólica Marina, donde se intentaba buscar un equilibrio entre los molinos y los barcos. Por su parte, el BNG ha sido el partido más tajante en las calles, calificando los proyectos de "expolio eólico" y denunciando que se quiera convertir a Galicia en una "colonia energética" que asuma todos los costes ambientales mientras los beneficios vuelan hacia otros lugares.

La batalla ha saltado ya de las lonjas a los tribunales. Tras ver cómo el Tribunal Supremo desestimaba sus recursos contra los planes estatales, los pescadores han decidido llevar el conflicto hasta el Tribunal Constitucional. Denuncian una situación de "indefensión jurídica" y exigen que se anulen los planes hasta que se garantice que la pesca y la biodiversidad no saldrán perdiendo.