Empresario de VTC de A Coruña aliado con Uber intenta montar sindicato amarillo, denuncia CC.OO.

La central ha preavisado el arranque del primer proceso de elecciones sindicales en la compañía, que emplea a unas 90 personas, en un contexto en el que el conflicto por salarios y jornadas sigue muy presente en el transporte de viajeros.

CCOO sostiene que la iniciativa nace después de que varias personas trabajadoras se acercaran a la federación coruñesa para pedir asesoramiento por presuntos incumplimientos laborales desde el inicio de la actividad de la empresa. Según el sindicato, la creación de una representación elegida por la plantilla era ya una necesidad porque permitiría defender de forma colectiva cuestiones básicas como salarios, descansos y cumplimiento de sentencias. La organización afirma además que ha comunicado legalmente quiénes serán las candidatas iniciales para protegerlas de posibles represalias y reforzar la libertad sindical.

La denuncia pone el foco en un problema que no es nuevo en las VTC: la precariedad y la presión sobre las condiciones de trabajo. En el texto remitido por CCOO se habla de un sector con salarios muy próximos al SMI y de incumplimientos reiterados de los tiempos de trabajo y descanso, una queja que encaja con otras protestas recientes del transporte de viajeros en la provincia de A Coruña por convenios y sueldos. En ese contexto, la batalla por la representación laboral en Corvus Galicia se convierte en un caso especialmente sensible para el sector en Galicia.

La acusación sindical

La parte más dura del mensaje de CCOO es su acusación de que la dirección habría tratado de promover un sindicato instrumental, lo que popularmente se conoce como sindicato amarillo, para alterar la correlación de fuerzas en la empresa. Según el sindicato, ese movimiento no busca mejorar las condiciones del personal, sino facilitar acuerdos más favorables a la patronal y peores para la plantilla, algo que la organización dice haber observado en otras comunidades autónomas. CCOO insiste en que no puede aceptar una representación “adulterada” que deje fuera las demandas reales de quienes trabajan en la flota.

La federación también subraya que el primer proceso electoral en Corvus Galicia nace después de que varias trabajadoras y trabajadores acudieran a la central por distintos problemas laborales. En su comunicado, la organización anima al personal de la empresa a afiliarse y organizarse para contar con una voz propia en la negociación de sus condiciones. La empresa, por su parte, no ha respondido por ahora públicamente a las críticas de la central.

Quién está detrás

Corvus Galicia SL se constituyó en febrero de 2025 y figura con domicilio social en Madrid, aunque opera de forma activa en Galicia. La ficha mercantil de la compañía la vincula a actividades de intermediación inmobiliaria, aunque su presencia en Galicia se relaciona con la explotación de VTC. 

El administrador único es Jesús Ramos Fernández, un empresario con trayectoria conocida en el ecosistema del taxi y las VTC. En informaciones publicadas en años anteriores se le ha descrito como presidente de La Ciudad del Taxi de Madrid y como uno de los grandes tenedores de licencias del sector en España, además de socio o colaborador en negocios vinculados a Uber y a flotas de VTC. Esa doble presencia, en el taxi tradicional y en el negocio de las VTC, sectores a menudo enfretados, le ha situado de forma recurrente en el centro de la controversia sectorial.  

Es uno de los primeros aliados estratégicos en colaborar abiertamente con multinacionales de VTC como Uber, tanto en Madrid como en Barcelona, operando nutridas flotas de coches de alta gama que compiten ferozmente por los mismos clientes.

La trayectoria de Ramos Fernández también ha estado ligada a un entramado mercantil amplio, con varias sociedades asociadas a actividades distintas del transporte, según publicaciones de prensa económica y registros empresariales consultados en años anteriores. 

En Galicia, el caso añade una capa más a un mercado de movilidad ya tensionado por la competencia entre modelos de transporte, las reclamaciones laborales y el debate sobre el papel de las grandes compañías en el reparto del negocio. CCOO intenta situar ahí su denuncia: no solo como un conflicto interno en una empresa nueva, sino como un aviso sobre cómo se organizan las relaciones laborales en una actividad, el VTC, que crece con rapidez entre quejas de falta de regulación por parte de muchos taxistas.