Usuarios de la AP-9 a juicio para recuperar los peajes cobrados ilegalmente durante las obras de Rande

El largo pulso entre los usuarios gallegos de la autopista AP-9 y su concesionaria entra en una fase decisiva. EN-COLECTIVO ha presentado ante el Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra la demanda de ejecución de la sentencia firme del Tribunal Supremo que, en 2025, declaró improcedente el cobro íntegro del peaje en determinadas circunstancias mientras se ampliaba el puente de Rande entre 2015 y 2018. Un primer bloque de afectados ya ha solicitado formalmente su reconocimiento como beneficiarios, paso previo e imprescindible para recibir la devolución de lo abonado.

Durante aquella obra, los conductores que utilizaron la AP-9 soportaron retenciones kilométricas, cortes de tráfico y desvíos que deterioraron gravemente el servicio. Sin embargo, AUDASA no aplicó ninguna reducción en las tarifas. El Tribunal Supremo identificó 81 incidencias concretas y fijó los criterios que permiten a los usuarios acreditar su derecho a reclamar. AUDASA, por su parte, no ha facilitado declaraciones sobre el inicio de este proceso de ejecución.

LA BATALLA JUDICIAL

El proceso avanza conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil: primero se reconoce individualmente a cada afectado y, después, se procede a la devolución de las cantidades con los intereses correspondientes. Además, EN-COLECTIVO ha pedido al juzgado que obligue a AUDASA a proporcionar los datos que permitan identificar al conjunto de usuarios perjudicados, con el objetivo de agilizar un procedimiento que podría beneficiar a un número elevado de conductores gallegos. El proceso cuenta con el asesoramiento jurídico del abogado Antonio Heredero, de BGI Law.

El camino hasta aquí no ha sido sencillo. El Supremo rechazó en diciembre de 2025 el recurso de nulidad presentado por AUDASA, que alegaba vulneración de derechos fundamentales, descartando el tribunal que el procedimiento hubiera causado indefensión alguna a la concesionaria. EN-COLECTIVO celebró entonces el fallo como un espaldarazo a la solidez jurídica de la sentencia y reclamó la devolución inmediata de lo cobrado indebidamente. 

EL PRÓXIMO PASO

El procedimiento queda abierto a nuevos afectados que quieran incorporarse y puedan acreditar su situación según los criterios del Supremo, a través de la web de la asociación. Diego Maraña, presidente de EN-COLECTIVO, subrayó que "durante años se cobró por un servicio que no se prestaba en condiciones" y que ahora toca hacer efectiva la resolución judicial. La pelota está en el tejado del juzgado de Pontevedra y, en última instancia, en manos de AUDASA.