Pellets más caros desde junio por subida del IVA mientras que combustibles fósiles siguen con descuento

A partir del próximo domingo 1 de junio, el pellet, las briquetas y la leña volverán a tributar al tipo general del IVA del 21%, poniendo fin a la rebaja temporal al 10% aprobada apenas dos meses atrás mediante el Real Decreto-ley 7/2026. La medida, adoptada en marzo como respuesta a la crisis energética derivada de la situación en Oriente Próximo, tendrá una vigencia de apenas diez semanas.

Para Galicia, comunidad con un arraigado tejido productor de biocombustibles sólidos y miles de hogares dependientes de esta fuente de calor, el impacto será inmediato..

La Asociación Española de Fabricantes de Estufas, Chimeneas y Cocinas para Combustibles Sólidos (AEFECC) ha sido la primera en alzar la voz. Su presidente, Carlos Oliván, no oculta la frustración: en su opinión, la biomasa recibe una y otra vez un trato residual frente a los combustibles fósiles, que disfrutan de condiciones fiscales más favorables y, sobre todo, más estables. "Es difícil entender cómo hablamos de transición energética mientras penalizamos fiscalmente a una energía renovable local para calefacción que ya utilizan millones de españoles", afirma Oliván.

Según el Real Decreto-ley 7/2026, las rebajas fiscales aprobadas, incluida la del IVA a los pellets, estarán vigentes solo hasta el 30 de junio de 2026, fecha a partir de la cual el Gobierno evaluará la situación energética internacional. En la práctica, sin embargo, la subida se anticipa al 1 de junio de 2026, tal como señala la propia AEFECC. No es la primera vez que ocurre algo similar. En julio de 2024 también expiró un Real Decreto que mantenía temporalmente un IVA reducido del 10% para pellets y leña, lo que llevó a las asociaciones AVEBIOM y APROPELLETS a reclamar un mayor compromiso gubernamental con la biomasa como opción clave en la transición energética. 

La inestabilidad fiscal que describe el sector no es un problema menor. Las empresas no pueden planificar a medio plazo si cada pocos meses una medida caduca o se modifica. Y los consumidores que valoran instalar una estufa o caldera de biomasa reciben el mensaje de que se trata de una fuente de calor poco fiable, cuando la realidad, sostiene la asociación, es exactamente la contraria.

Galicia, en primera línea del impacto

En Galicia, la biomasa no es un recurso marginal: es parte del paisaje productivo y doméstico. Miles de viviendas han optado por sistemas de calefacción y agua caliente basados en pellets, astillas o leña gallega, sobre todo en zonas rurales donde el gas natural nunca llegó o resulta prohibitivamente caro. Según datos de la Xunta, el número de calderas de este tipo ha crecido un 40% en los últimos cinco años. Comunidades de vecinos y edificios públicos en municipios como Monforte de Lemos o Xinzo de Limia ya se abastecen de pequeñas redes de calor alimentadas con biomasa local. 

En Galicia, el uso de la biomasa está ampliamente extendido en hogares, empresas y administraciones públicas por su competitividad económica, su capacidad para reducir emisiones y el impulso que genera sobre la economía local. La comunidad cuenta con varias plantas productoras de pellet y briquetas: la producción gallega de pellet ronda las 100.000 toneladas anuales, aunque el sector trabaja al 70% de su capacidad, y la mitad de ese material se destina a la exportación. La subida del IVA complica doblemente el panorama: encarece el producto para el consumidor final y envía una señal negativa a una industria que generaba empleo en el rural y contribuía a la limpieza del monte. 

Europa mantiene tipos reducidos permanentes

El contraste con otros países europeos resulta especialmente llamativo. En Francia, Portugal, Alemania y el Reino Unido se aplica un tipo reducido de IVA a los productos de biomasa. La falta de un tratamiento fiscal diferenciado en España crea un agravio comparativo para el sector forestal español y para los consumidores, que ven cómo en otros países se fomenta el uso de energías renovables. Mientras esos países han incorporado la biomasa a su política energética de forma estructural, España acumula una cadena de prórrogas y vencimientos que genera incertidumbre. 

AEFECC recuerda además el contexto en que se producen estas decisiones. Tras el gran apagón que afectó a la Península Ibérica a finales de abril, la dependencia exclusiva del sistema eléctrico ha quedado en entredicho. La biomasa, almacenable y operativa sin conexión a la red, representa exactamente el tipo de diversificación energética que las propias instituciones europeas reclaman. Sin embargo, la política fiscal española no lo refleja.

El sector pide coherencia, no privilegios

La demanda concreta de AEFECC es la aprobación de un IVA reducido permanente para todos los biocombustibles sólidos de origen nacional, incluyendo pellet, leña, hueso de aceituna, astillas y cáscaras de frutos secos. El argumento es de fondo: si el objetivo declarado es descarbonizar la calefacción, las señales fiscales deben acompañar ese objetivo de manera sostenida, no mediante medidas que caducan cada semestre.

Los biocombustibles sólidos ofrecen una alternativa competitiva capaz de generar ahorros en los costes de calefacción de entre el 10% y el 70% en comparación con el gasóleo, el gas natural y los sistemas eléctricos. Un mayor apoyo institucional y una mejor difusión de la información permitirían que esta energía recuperase e incluso incrementase su popularidad entre los consumidores. Con más de 2,5 millones de hogares en toda España que dependen de la biomasa para calentarse —muchos de ellos en zonas rurales y de menor renta—, la subida del IVA no es un dato técnico: es una carga económica concreta para familias concretas. 

Los expertos del sector sitúan la biomasa doméstica como una energía con presencia garantizada al menos hasta 2040, sobre todo en viviendas ya construidas, zonas frías y áreas donde la electrificación plena tardará décadas en materializarse. En ese marco, la ausencia de una política fiscal estable no es solo un error de coyuntura: es, según el sector, una oportunidad perdida de apoyar una energía que ya funciona, que genera empleo en el rural gallego y que refuerza la autonomía energética frente a las grandes crisis geopolíticas.