Rueda y una posible huelga del personal en listas de contratación por el nuevo decreto: "En estos momento sería complicado"

La pasada semana cientos de profesionales que integran las listas de contratación de la Xunta se manifestaron a lo largo y ancho de Galicia para denunciar el lesivo Decreto 40/2026 impulsado por el Gobierno de Galicia que, entre otras cuestiones, fulmina de las listas de manera automática a los trabajadores en cuanto aceptan una llamada, de manera que quedan excluidos de poder optar a mejoras laborales en otras listas donde podrían ocupar alguna vacante. La posibilidad de que las protestas vayan a más aumentan después de esta primera toma de contacto por parte de la Confederación Intersindical Galega (CIG), que anunció a Galiciapress que esta semana mantendrán una reunión para la que ya contemplan la aplicación de más medidas de presión, con la posibilidad de que se convoquen paros sobrevolando sobre varios servicios. 

¿TEMOR A UNA HUELGA?

Preguntado por Galiciapress sobre si desde la Xunta plantean abrir un proceso de negociación para variar las condiciones contempladas en el Decreto 40/2026, tal y como piden algunos sindicatos, Alfonso Rueda se limitió a rebajar la amenaza considerando que "algunos sindicatos están de acuerdo y otros no", aunque la medida contó con el voto negativo de las principales centrales sindicales y la Xunta impulsó la medida, recordaban desde la CIG en conversación con este diario hace unos días, "de manera unilateral" haciendo uso de la "mayoría del PP". 

Rueda, que dirigió las preguntas sobre el tema al conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, reconoció que este era "un tema sensible, como lo es todo lo que teien que ver con el servicio de función pública". 

En esa línea, no escondió que desde la Xunta se ha hecho un "esfuerzo, respeto al personal, muy salientable" y que, aunque admite el derecho de los sindicatos a convocar una huelga, enfatizó que un paro en estos momentos "sería especialmente complicado", preguntado por esa posibilidad después de que sindicatos críticos como CIG estudien la posibilidad de llevar el caso ante la Justicia y tras la convocatoria de protestas el próximo 10 de junio por CSIF, CC.OO. y UGT por el cambio en el Decreto 37/2006 y la "la deriva autoritaria" que, a su juicio, está tomando la Xunta.

Las dificultades vendrían, sobre todo, si el personal del Servizo de Prevención de Incendios Forestais (SPIF), uno de los colectivos más castigados por esta medida que impone un régimen extraordinario al servicio entre el 1 de marzo y el 31 de octubre, considerando sus funciones en la temporada de riesgo alto de incendios. De hecho, la Xunta argumenta que la motivación del Gobierno de Galicia para acometer el cambio del Decreto 37/2006 es "garantizar que los servicios públicos no sufran interrupciones por falta de personal". 

"Para intentar tener todo listo, empezando por el personal que es lo más importante, en vísperadas de la campaña de incendios forestales", declaró Rueda, "puedo asegurar que hacemos todo lo posible". De esa forma, defiende el "esfuerzo" hecho por la Xunta para mejorar la situación del personal que trabaja en el dispositivo de lucha contra los incendios forestales, aunque los cambios del decreto contemplan a muchas otras áreas, como el personal sociosanitario, asistencial, de atención directa y de servicios públicos esenciales.