El pueblo de Santiago culmina la recuperación de las estatuas de Abraham e Isaac del Mestre Mateo de las manos de los Franco

El traslado de las esculturas se completó este lunes desde el Pazo de Meirás, donde la familia Franco las custodiaba desde hace más de 70 años. Sanmartín, acompañada por su equipo, recogió las dos cajas especialmente fabricadas para el transporte, asumiendo los Franco el coste íntegro de la operación. "Hoy es un día histórico para Santiago y para Galicia", proclamó la regidora del BNG durante la recepción, rodeada de expectación ciudadana y representantes institucionales. 

Esta devolución coincide con el 50 aniversario de la muerte de Franco, un paralelismo que la alcaldesa ha utilizado para denunciar cómo el régimen sobrevivió con privilegios intactos durante décadas, obligando a esperar medio siglo para recuperar bienes públicos expoliados.

Sanmartín ha enfatizado el carácter pionero de esta sentencia, que por primera vez fuerza a los herederos del dictador a restituir propiedades incautadas indebidamente. "Es una buena muestra de la impunidad con la que sobrevivió el franquismo", ha afirmado, al tiempo que ha agradecido el compromiso de administraciones, asociaciones de memoria histórica, colectivos sociales, organizaciones políticas y sindicales que impulsaron el proceso. La teniente de alcaldesa María Rozas ha secundado estas palabras, describiendo el evento como "un día feliz para la democracia" y una victoria que abre la puerta a más restituciones. Rozas ha recordado el "inmenso trabajo" de predecesores como Martiño Noriega, Quín Montiagudo y Ricardo Gurriarán, figuras clave en la iniciativa legal iniciada en 2017 bajo el mandato de Compostela Aberta.

Las estatuas, dos figuras sedentes de granito del siglo XII que representan a profetas del Antiguo Testamento, fueron adquiridas por el Ayuntamiento de Santiago en 1948 al conde de Ximonde por 60.000 pesetas, según documentos históricos. Procedentes de la desaparecida fachada del Pórtico de la Gloria, estas esculturas medievales destacan por sus detalles: largas barbas, cartelas desplegadas y vestimentas típicas de la época, con una fractura visible en una de ellas que las identifica inequívocamente. La Xunta de Galicia las declaró Bien de Interés Cultural (BIC) en su día, reconociendo su valor patrimonial como parte del legado del Mestre Mateo, el genial tallista compostelano cuya obra define la identidad románica gallega.

El periplo judicial de estas piezas refleja la complejidad de desentrañar los expolios franquistas. En 1954, el entonces alcalde Enrique Otero las cedió de forma irregular al Pazo de Meirás, motivado por el deseo de complacer a Carmen Polo durante una visita oficial al Pazo de Raxoi. Los Franco siempre defendieron su posesión alegando una "tradición oral" de compra privada, pero el Ayuntamiento interpuso demanda en 2017 contra Carmen Franco Polo y, tras su fallecimiento, contra sus descendientes. El Juzgado de Primera Instancia número 41 de Madrid desestimó inicialmente la reclamación, y la Audiencia Provincial de Madrid ratificó esa decisión en apelación, argumentando dudas sobre la identificación de las estatuas. Sin embargo, el consenso político en Galicia, con acciones reivindicativas del BNG y apoyo del gobierno de Xosé Sánchez Bugallo, impulsó el recurso al Supremo.

La sentencia del Tribunal Supremo, emitida el 18 de junio de 2025, revocó los fallos anteriores al detectar un "error patente en la valoración de la prueba". El alto tribunal confirmó que la identificación es "clara" gracias a documentos del expediente municipal de 1948, un informe pericial y un artículo del Boletín de la Real Academia Gallega de 1933, que describe las estatuas con precisión: figuras sedentes con mantos y túnicas medievales, una de ellas fracturada. "Se desprende sin lugar a duda de los documentos aportados", resolvió el TS, señalando que los demandados nunca negaron expresamente que las piezas en su poder fueran las mismas adquiridas por el Ayuntamiento. Esta resolución no solo valida la propiedad municipal, sino que establece un precedente para otros casos de bienes franquistas en Galicia.

Tras la apertura de las cajas en presencia de conservadores, se verificó el buen estado de las esculturas, preparadas para su exhibición pública. A partir del 11 de diciembre, día de la inauguración, las estatuas se expondrán en el Museo do Pobo Galego hasta finales de mayo de 2026. Sanmartín justificó esta elección por el carácter municipal de la propiedad y el enfoque del museo en el patrimonio colectivo gallego. "Salieron de Santiago en 1954 y deben volver a una propiedad municipal; este lugar es el más adecuado para empaparse de historia", explicó la alcaldesa, invitando a la ciudadanía a visitarlas como un ejercicio de memoria. Durante estos meses, el museo programará actividades sobre patrimonio y memoria, incluyendo conferencias y mesas redondas con expertos para decidir la ubicación definitiva, posiblemente integrándolas en un espacio dedicado al Mestre Mateo en la ciudad.

Este regreso no solo cierra un capítulo doloroso de la dictadura, sino que revitaliza el debate sobre la recuperación de otros bienes en litigio. Sanmartín ha citado explícitamente el Pazo de Meirás, ya expropiado al Estado, la Casa Cornide en A Coruña y las pilas bautismales de Moraime en Muxía, que los Franco usaban como maceteros. "Espero que abra un camino para que otros bienes apropiados indebidamente sean restituidos a sus legítimos propietarios: el pueblo gallego", ha reivindicado. Rozas ha insistido en que "quedan muchas luchas por conseguir", enfatizando la necesidad de que la familia Franco devuelva "lo que es del pueblo". El proceso, que involucró a múltiples actores desde el ámbito local hasta el nacional, demuestra cómo la perseverancia institucional y social puede desmantelar legados de impunidad.

En el contexto más amplio de la memoria democrática en España, esta devolución subraya los avances legislativos y judiciales contra los resabios del franquismo. La Ley de Memoria Democrática, impulsada en años recientes, ha facilitado acciones como esta, permitiendo la revisión de incautaciones durante la dictadura.