Huelga de profesores durante la vuelta al cole convence a sindicatos rivales

Mientras los escolares inician sus más que merecidas vacaciones, los profesores, que también se han ganado su descanso, se encuentran ahora mismo con muchos frentes abiertos. La clausura del curso 2024/25 está marcado por la brecha abierta entre la Consellería de Educación dirigida por Román Rodríguez y el profesorado, castigado por la precariedad, la burocracia axfisiante, las aulas saturadas de alumnos y los escasos recursos de los que echar mano. En este escenario, son muchos los sindicatos que han declarado abiertamente su disposición a secundar una huelga de profesores para la vuleta al cole. No obstante, nadie se atreve a dar el paso pues también entre los sindicatos existe hoy una profunda brecha que los distancia en las formas, aunque en el fondo parece que todos quieren lo mismo.

ENCUESTAS Y PROTESTAS

En la mañana del miércoles el Sindicato de Traballadoras e Traballadores do Ensino de Galiza (STEG) dio a conocer los resultados de una encuesta a la que respondieron un millar de profesores tanto afiliados como no afiliados, revelando la predisposición de los docentes a iniciar el curso con movilizaciones e, incluso, convocar una huelga, opción que apoya el 73% de los profesores. 

Miguel Paz, secretario de organización, no se aventura a afirmar si estos resultados son la antesala a una huelga, ya que eso “habría que preguntárselo al resto de fuerzas sindicales”, ya que STEG lanzó el miércoles el guante a los demás sindicatos para formar un frente común con el que ir todos a una y abandonar las luchas por cuenta propia. “Una medida así debe contar con un respaldo plural, algo que de demostró en otros territorios como Asturias”, razona Paz, que entiende la exposición del sentir general como un primer paso hacia la apertura de negociaciones con la Xunta.

Una Xunta que lo que se encontró el miércoles fue con una protesta ante San Caetano convocada por la CIG. La secretaria nacional de CIG-Ensino, Laura Arroxo, valoró positivamente los resultados de la movilización, sabedora de que no era el mejor de los días por las complicaciones que se presentaban en una semana “donde muchos compañeros tenían compromisos como entrega de notas, reclamaciones o incluso oposiciones”. No obstante, la concentración contó con un buen número de manifestantes procedentes de distintos puntos de Galicia, aunque eso no despertó “intenciones por parte de la Consellería”.

La contraprogramación a la convocatoria de la CIG llegó este jueves, con una movilización convocada por los sindicatos FSIE, UGT, FE-USO, SNEP y CC.OO. en defensa de los docentes de la educación concertada ante el “continuo desprecio” por parte de la Xunta. Ero Sante, de CC.OO. Ensino, destaca la buena acogida que ha tenido una protesta donde, “teniendo en cuenta que se trata de menos profesionales que en la enseñanza pública”, ha logrado una movilización “mayor que la que tuvo la protesta de la CIG en solitario el miércoles”.

POLÉMICA CON LA "CLASE OCIOSA"

Las protestas suceden en un momento donde la Consellería de Educación está cercada por la polémica, tanto por la propuesta de establecer una neutralidad ideológica en la docencia como en torno a la figura del subinspector de Inspeccción e Avaliación do Sistema Educativo de la Xunta, Enrique Prado Cueva, cuestionado por algunos artículos que llevan su firma en los que incluso lleva a calificar al profesorado de “clase ociosa”, según denunció la CIG recientemente.

Arroxo concreta que en la manifestación del miércoles CIG-Ensino demandaba también “el cese” de Prado Cueva, si bien apostilla que no hubo hasta el momento ninguna respuesta por parte de la Xunta, más allá de las declaraciones públicas donde el conselleiro Román Rodríguez pedía “tolerancia”. “Esto no es tener tolerancia. Ante declaraciones antidemocráticas no cabe la tolerancia, sino la denuncia”, aseveró Arroxo, que insiste en que la CIG no pide el cese de un funcionario, sino “el de un cargo político, una persona al cargo de la Inspección Educativa”.

En STEG consideran “inadmisibles” los insultos de “altos funcionarios de la Xunta”, para los que ya no les valen las disculpas. “No son suficientes las disculpas. Tiene que dimitir. No puede ser que una persona machista, misógina y que hace gala de un claro odio hacia el gallego y al profesorado ostente un cargo como el suyo”, reprende Paz.

La perspectiva que ofrecen desde Comisiones Obreras es otra. Si bien recelan de la figura del subinspector, Sante recalca que, pese a sus esfuerzos, no fue quien de encontrar el artículo en el que hace referencia al profesorado como “clase ociosa”. “Me gustaría conocer el texto completo y su contexto”, puntualiza Sante, que si bien censura en cierta medida las “declaraciones muy cuestionables” del subinspector, pide “remitirse a los hechos, pues bajo ningún concepto cabe que se justifiquen estas declaraciones por parte del Conselleiro, como tampoco puede ocurrir en el caso de la denuncia contra el exconselleiro Alfonso Villares”. 

“Lo que tenemos que hacer es esperar a que se produzca cualquier tipo de injerencia en la libertad del profesorado para ejercer su labor docente, y en el momento en el que eso ocurra CC.OO. Ensino estará ahí para exigir responsabilidades”, aseveran. Al tiempo, Sante recuerda que hay unas elecciones sindicales en 2026 y que “de cara a futuro cada sindicato tiene unos intereses y se intenta posicionar ante esos comicios” con el objetivo de “movilizar al profesorado el curso que viene”. 

ACUERDO DE LA DISCORDIA

En lo que coinciden todos los sindicatos es en el nivel de hartazgo que se respira en el colectivo, con un curso 2024/25 marcado ya no por el empeoramiento de las condiciones, sino por el enquistamiento de las mismas, siendo la cantidad de burocracia que tienen que soportar los docentes o las clases masificadas una gota continua que ha terminado por hacer rebosar el vaso. Desde Comisiones subrayan que las manifestaciones “no son la única vía”, sino que en su caso trataron de alcanzar acuerdos para tratar de mejorar la situación, como el pacto de 2023 firmado con Alfonso Rueda y que implicó también a UGT y Anpe. 

“Fue un acuerdo sobre medidas de mejora con el que se consiguieron muchos avances, fundamentalmente en Infantil y Primaria. Pero en vista de la ley de medidas fiscales que sacó la Xunta lo único que se ha hecho ha sido poner palos en las ruedas para que se aplique lo acordado”, reprende Sante, que no oculta que eran conscientes de que “al PP le interesaba de cara a las autonómicas” y que el sindicato iba a sufrir “el coste que el acuerdo iba a tener, porque nos llevan dando palos a mansalva por la firma del acuerdo”, al que se refieren desde CIG, STEG y CSIF como el ‘acuerdo de la vergüenza’ firmado por una minoría sindical, toda vez que la CIG, con 67 delegados, es la fuerza predominante y su conjunto con CSIF y STEG les concede mayoría.

Ante los incumplimientos, los sindicatos firmantes iniciaron un proceso que ha terminado hace pocos días en un recurso por la vía del contencioso administrativo “para garantizar la aplicación íntegra de los acuerdos”. “Existe la posibilidad de la negociación para conseguir los objetivos. Cuando ni la negociación ni la movilización funcionan tenemos la vía judicial que es a la que hemos recurrido en este momento”, dice Sante, que apuesta por la vía de “llegar a acuerdos y dar pasitos para mejorar” frente a estrategias como la negativa de CIG “durante los últimos 18 años” a alcanzar ningún tipo de acuerdo “manteniéndose en posturas de máximos que no hacen más que vivir sin firmar acuerdos para conseguir mejoras reales”. 

Para STEG, las líneas rojas pasan por “la recuperación del horario lectivo” previo a la crisis con el que mejorar la calidad educativa o medidas para paliar la pérdida del poder adquisitivo. Para lograr ese fin, hace un llamamiento para dialogar con otras centrales sindicales y Paz no esconde que ya han intercambiado correos. 

“Llevamos desde principio de curso llamando y dispuestos a conversar en una mesa de diálogo sindical lo más amplia posible para intentar llevar a cabo una huelga, algo que ya tendría que haberse llevado a cabo este curso atendiendo a la realidad gallega”, interpreta Paz. La opción de que los firmantes del ‘acuerdo de la vergüenza’ puedan unirse no está ni mucho menos descartado: “Ellos tienen que darse cuenta de que la Consellería nunca cumple y que en este momento no va a cumplir. Solo lo hará si se le fuerza a cumplirlo. Deben saber que ese acuerdo continúa en la precariedad de la educación y tienen que retirar su firma”. 

En idéntico sentido se expresan desde la CIG, que ya han mostrado su voluntad a debatir las condiciones de convocar una huelga, considerando fundamental ese paso de ruptura entre Educación y los sindicatos firmantes. “Las condiciones han empeorado y a mayores vemos unas políticas que empeoran nuestra labor, como el hecho de que en FP se incorporará personal no docente, sin formación pedagógica y procedente de las empresas, denigran tu trabajo”, desaprueba Arroxo, que ya en el 24/25 vivió “un inicio de curso desastroso por la falta de profesorado, especialmente para la atención a la diversidad”. 

La “deriva de las políticas del PP” tiene consecuencias en la enseñanza pública a ojos de Arroxo, que pide a CC.OO., UGT y Anpe a no ser cómplices. “Esos sindicatos vendieron al profesorado con su acuerdo de la vergüenza, a todas luces insuficiente y con unos avances mínimos que ni siquiera se están cumpliendo. La denuncia en el juzgado es otro paripé, no basta, pues no se resolverá hasta dentro de dos o tres años. El profesorado no puede estar esperando más tiempo y lo que tienen es que salirse del acuerdo. ¿Un frente común? Sí, sería posible, pero si retiran la firma del acuerdo, algo que veo lejos pese a habérselo dicho por activa y por pasiva”, invita Arroxo, marcando las posturas entre un bando y otro, enfrentados de manera manifiesta desde hace más de año y medio. 

"MANTENEMOS LA FIRMA DEL ACUERDO"

“A la Consellería le beneficia enormemente la división existente entre sindicatos”, reconocen desde CC.OO. Ensino, que no obstante marca distancias con la tan ansiada unidad sindical por las “declaraciones que se hicieron faltando al respeto e insultando a los compañeros que decidimos firmar un acuerdo con la Consellería”. “Eso no tiene cabida. Debemos trabajar en una unidad de acción, como ocurrió en Asturias. Eso no significa que tengamos que ser amiguitos, porque eso es difícil de conseguir, pero sí podemos ir unidos en la acción”,

“Desde CC.OO. Ensino nos prestamos ante el llamamiento de STEG a mantener una reunión para aclarar todos estos condicionantes que dificultaban el entendimiento. Acto seguido STEG emitió un comunicado para todo el profesorado de la enseñanza pública indicando que no había unidad de acción ni unidad sindical y que se sumaban a la manifestación de la CIG”, relata Sante. En cualquier caso, el sindicato, con 34 delegados, se abre a que exista “una unidad de acción para el comienzo del próximo curso sin descartar ningún tipo de medida: movilizaciones, presión en la calle y huelga si es preciso; para eso tenemos que remar juntos, no vale que cada uno haga la guerra por su cuenta”.

En ese sentido, y si bien desde Comisiones remarcan no poder hablar por voz de UGT y Anpe, sí dejan caer que los otros sindicatos firmantes caminan en la misma dirección en defensa de la enseñanza pública, lo que acerca las posturas en favor de un frente amplio. “Siempre nos van a encontrar donde haya predisposición a colaborar y a luchar por los derechos de las personas trabajadoras”, secundan. 

Sí despejan, en cualquier caso, la posibilidad de salirse de la firma del pacto alcanzado en 2023, tal y como piden otras fuerzas sindicales como “un gesto decisivo” para conocer las verdaderas intenciones y la predisposición de los sindicatos firmantes a unirse en una eventual convocatoria de huelga. 

“Las consecuencias de eso son públicas, pues los puntos del acuerdo que se han conseguido hasta ahora son conocidos y no vamos a renunciar a ellos bajo ningún concepto. El acuerdo no se cumple íntegramente y es lo que reclamamos. Mantenemos la firma del acuerdo, que firmamos con el presidente Rueda y no con el conselleiro, aunque otras organizaciones quieran marcar nuestra agenda sindical, porque anteponemos la consecución de nuevos derechos y mejores condiciones laborales al profesorado y resto de profesionales de la enseñanza en Galicia”, atestigua Sante.

¿HUELGA EN SEPTIEMBRE?

A falta de algo más de dos meses para reiniciar las clases, el verano promete ser especialmente caliente, pues los sindicatos creen que la vuelta al cole será, cuanto menos, igual de dura ante la falta de recursos, especialmente después de saber que se eliminan las licencias de formación al profesorado y a la espera de que puedan repetirse episodios como los de otros años con la Consellería anunciando el cierre de unidades educativas o recortes en el profesorado. 

Desde STEG aseguran estar a la expectativa de que “alguien decida levantar el teléfono” o se mantenga el intercambio de correos para seguir acercando posturas después de las primeras respuestas positivas, sin que hayan trascendido qué sindicatos han dado ya el sí a dar ese paso.

Por parte de la CIG, Arroxo se muestra proclive a “cualquier unión en beneficio de la enseñanza pública, como hicimos con asociaciones de padres y madres o asociaciones estudiantiles”. “Cuando pedimos mejoras para el profesorado las pedimos también para la enseñanza. Todos los agentes de la comunidad educativa son bienvenidos siempre y nosotros seguiremos recogiendo las inquietudes del profesorado, que es quien puede revertir la situación y a marcarnos el camino donde usar cualquier arma de lucha reivindicativa y conseguir medidas reales”, afirma. 

Sante interpreta que el mes de agosto “no es hábil para negociar” con la Consellería, pero dicen tener la mente abierta para estudiar cualquier propuesta para lograr una unidad de acción “a fin de conseguir mejoras para la enseñanza pública y concertada en Galicia, toda aquella enseñanza sostenida con fondos públicos”.