CC.OO.: “De las vacantes de nuevo ingreso en Educación quedaron sin cubrir un 19%"

Esta no está siendo una vuelta al cole fácil en Galicia, con un inicio del curso marcado por las protestas en una docena de colegios donde denuncian la falta de profesores y especialistas y la convocatoria de una huelga que se viene cocinando a fuego lento durante todo el verano. De Rianxo a Moaña y de A Laracha a Mos, muchos centros demandan más personal, coincidiendo en el tiempo con la denuncia de la CIG, que cifra en más de 800 las plazas de profesores que quedaron vacantes en la comunidad. 

Un número que, sin embargo, no solo no comparten sindicatos como Comisiones Obreras, central que con UGT y Anpe firmó un acuerdo de mejoras con la Consellería de Educación a finales de 2023 muy criticado tanto por el sindicato nacionalista como por STEG y CSIF, sino que desdicen acusando a la CIG de “tergiversar las cifras” de “manera interesada” e, incluso, “maliciosa”, como indicó el director de Anpe, Julio Díaz, en la valoración de los tres sindicatos socios en el inicio del curso.

CLAVES DEL BAILE DE CIFRAS

Ero Sante, secretario de Comunicación de la Federación de Ensino de Comisiones Obreras, pone en contexto estas cifras de vacantes que pueden “contarse de muchas formas”. “Puedes contar jornadas completas, medias jornadas, comparando con el profesorado a lo largo de todo un curso, con el que hay a día 1 de septiembre, que no es el mismo que hay dos semanas después cuando comienzan las llamadas… Hay muchas formas de contar y retorcer los números”, expone Sante, detallando que existen plazas de promoción interna que “muchas veces quedan sin cubrir” y que luego son utilizadas por otros sindicatos como soporte para sus críticas contra la Consellería.

En esa línea, Sante comprende que este es un problema “a nivel estatal” derivado de los procesos de oposición existentes, sugiriendo la idoneidad de repensar un sistema actual “que hoy no siempre escoge a los mejores docentes”, sometido a la presión por obtener resultados y cribar a los opositores en un tiempo determinado. 

Para ello, admite, haría falta una mayor inversión para que el modelo de pruebas fuese mucho más preciso, además de más largo y menos extenuante para los evaluadores. “Abogamos por un proceso de selección sin pruebas eliminatorias, de manera que los profesores puedan hacer la parte práctica y teórica, además de demostrar sus capacidades pedagógicas”, reflexiona. 

Lo mismo sucede en la Formación Profesional, otro capítulo sometido a las críticas de la CIG, que censura la influencia de las empresas en la FP. Por parte de Comisiones recalcan la “descoordinación brutal” existente en todas las regiones para llevar la normativa estatal a decretos autonómicos. “Es algo que está ocurriendo en todas las comunidades, el de Galicia no es un caso aislado. Se debe a una Ley de FP que, en nuestra opinión, no se adapta a la realidad de las empresas en España y por la coexistencia de dos sistemas en una transición que terminará en este curso”, justifica.

Desde CC.OO. esgrimen los datos publicados en el DOG para defender que con el acuerdo alcanzado con la Xunta se frenó la destrucción de aulas y de puestos de trabajo. De hecho, el sindicato argumenta que el texto permitió la apertura de más aulas “en aquellos sitios donde fue necesaria su apertura”. 

“De las vacantes de nuevo ingreso quedaron sin cubrir en torno a un 19% de las plazas ofertadas, un poco por debajo de la media nacional. Pero hay especialidades que son difíciles de cubrir porque los sueldos en empresas son mucho más atractivos que en la educación pública”, lamenta Sante. El salario de los profesores no ha subido al mismo ritmo que se encarecía la vida en los últimos años, algo que han percibido en el colectivo y por el que demandan mejoras en sus emolumentos para frenar una pérdida adquisitiva cada vez más acusada.

En Comisiones coinciden en esa reivindicación, pero invitan a los sindicatos críticos a salirse de la postura del ‘No a todo’ con el ejemplo de una CIG “que lleva 18 años sin firmar ningún tipo de acuerdo” y que al mismo tiempo “exige el cumplimiento de aquellos pactos de los que se desmarcan”. 

"LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ES UN MELÓN QUE HAY QUE ABRIR"

El de la retribución no es el único punto coincidente entre las dos facciones de las fuerzas sindicales en la educación gallega. La falta de profesionales de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje ha motivado muchas denuncias en este inicio de curso por parte de decenas de centros, una situación de la que son conscientes en Comisiones Obreras, pero sobre la que también tienen mucho que decir.

Está estipulado que a cada centro, en función del número de alumnos y del nivel educativo, le corresponde un número determinado de profesores con sus especialidades. En Infantil y Primaria, donde se multiplican las necesidades al ser los primeros niveles en los que se detectan las dificultades de cada estudiante, “no existe una normativa que diga los recursos que deben destinarse según las necesidades de cada aula, sino que se hace al juicio de una administración que trata de ajustar y compartir recursos, pero es justo aquí donde tenemos que ser especialmente vigilantes los sindicatos y poner el foco en aquellos lugares donde hace falta una mayor atención”. 

Estas circunstancias las hemos visto estos días en centros de Noia o Santiago de Compostela, donde demandan a Inspección Educativa que revisen sus necesidades para poder dar una mejor atención a los alumnos con necesidades especiales. El problema en estos momentos es que la exigencia de las administraciones es cada vez mayor para conceder estos recursos, siendo especialmente restrictiva en muchos casos.

Por esto, desde CC.OO. consideran urgente actualizar el catálogo de puestos de trabajo y consensuar un protocolo para poder seguir al dedillo qué corresponde a cada centro en cada circunstancia. “Pero el dinero no es infinito”, asume Sante, que reitera la función de los sindicatos para “conseguir más frente a una administración que no quiere elevar el gasto”. “La de la atención a la diversidad es una negociación específica y un melón que habrá que abrir con la Consellería, por las buenas o por las malas, sin descartar ninguna medida”, aventuran. La puesta en marcha de un "punto naranja" en sus web es uno de los pasos dados para que los centros tengan un lugar al que dirigir sus quejas y recopilar las necesidades existentes.

En este escenario, a algunos puede resultarle paradógico que este tira y afloja entre la Xunta y los sindicatos haya terminado en manos de la Justicia para exigir al Gobierno de Galicia que cumpla con el acuerdo por las ratios, precisamente en un contexto donde CC.OO., UGT y Anpe defienden que hay ahora más profesores y, al tiempo, menos alumnos que antes de sellar el acuerdo. 

Para los firmantes el ajuste de las ratios no se produce a la velocidad que les gustaría y piden que se cumplan los puntos pactados porque traería consigo un número todavía mayor de “nuevos docentes”. “Si se cumpliesen tal y como lo demandamos, en lugar de ir posponiéndolo a cuatro años debido a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, hoy habría más grupos desdoblados y tendríamos más profesorado”, razona Sante. Solo con un número adecuado de docentes, agregan, puede cristalizar otra demanda como la rebaja de las horas lectivas, con la aspiración de rebajarlas en Infantil y Primaria, pero especialmente con bajar de las 20 a las 18 horas en el resto de etapas. 

¿OPCIONES DE UN FRENTE AMPLIO HACIA LA HUELGA?

Las ratios, las horas lectivas u otro asunto como la rebaja de la burocracia son debates sobre los que, de una forma u otra, coinciden el conjunto de los sindicatos, pero es en las formas donde terminan chocando. “Tenemos que estar unidos. No vale que cada uno vaya por libre o que organizaciones pongan a caldo a otras”, reprende Sante, que pide un frente amplio en la educación gallega.

La propia nota difundida a principios de semana por CC.OO., UGT y Anpe reflexionaba sobre esto: “Queda mucho trabajo por hacer y no vamos a bajar los brazos hasta conseguir el desarrollo íntegro del Acuerdo. Y si la situación no responde a las expectativas que tenemos, nos movilizaremos, e iremos a la huelga el tiempo que haga falta, pero ese es un recurso, no el camino”.

Esta puede ser entendida como toda una declaración de intenciones en la previa de la primera movilización de profesores convocada por la CIG para este sábado 13 de septiembre, antesala de la huelga anunciada para el jueves 25 de este mismo mes y convocada por el sindicato nacionalista, conocatoria que tabién respalda la CUT. 

“Nosotros mismos entendemos que dentro del acuerdo hay aspectos que no se están aplicando correctamente. Por eso lo hemos denunciado ante la Justicia. La respuesta de la CIG a nuestro acercamiento fue la convocatoria de manera unilateral en el primer día de curso”, sostiene Sante. 

 “¿Hay problemas? Por supuesto. ¿Son suficientes para convocar una huelga a día 1 de septiembre sin haber hablado con nadie?”, plantea Sante, que enmarca este movimiento en una estrategia motivada por la proximidad de las elecciones sindicales y por cuestiones de corte político. 

“Creemos que no es el momento ni la forma. Lo que vemos en otras comunidades es que lo que prospera son convocatorias unitarias, vengan o no de los sindicatos”, sentencian desde Comisiones Obreras, que dejan la puerta abierta a emprender todo tipo de acciones sin que ello signifique dar portazo a la posibilidad de establecer diálogos.