Trabajadoras de residencias denuncian agresiones en centros de mayores de la Xunta

Las trabajadoras se concentraron ante la delegación de la Xunta en Vigo para denunciar lo que consideran un "maltrato institucional". Según afirman, el gobierno gallego se ha convertido en "cómplice" de esta problemática al mantener una convivencia forzada que provoca incidentes graves como agresiones físicas, verbales, robos e incluso intentos de agresión sexual a parte del personal.

La secretaria del comité, Bernardina Porral (CIG), ha alertado de que las residencias de mayores no cuentan con medios ni con preparación para atender a estos nuevos perfiles de usuarios. Resalta que los trabajadores han pasado de proporcionar cuidados a personas mayores a vivir constantemente en alerta por el riesgo de agresión. "No podemos ir a trabajar con miedo, queremos cuidar, no estar pendientes de si alguien nos ataca", ha señalado durante la protesta.

Porral recuerda que ya se han registrado situaciones de agresiones sexuales y advierte de que la falta de medidas puede desembocar en una tragedia, como la ocurrida en O Porriño, donde una trabajadora del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) fue asesinada por un usuario. Subraya que el comité ha recurrido formalmente a la Valedora do Pobo, a la Inspección de Trabajo y a la propia Xunta, sin que hasta ahora hayan obtenido más respuesta que la obligación de atender a estas personas en los mismos centros donde residen mayores en situación de dependencia.

Los sindicatos sostienen que la decisión de ubicar en las residencias a usuarios con problemas psiquiátricos o de drogodependencia responde a una falta de planificación del gobierno autonómico, que no deriva a estas personas a espacios especializados. Reclaman recursos adaptados y advierten de que la situación está derivando en un conflicto de convivencia grave, con efectos directos sobre la salud física y mental de trabajadores y ancianos.

Para la representación sindical, el problema no reside en que se ofrezca atención a las personas en riesgo de exclusión, sino en que se haga en un contexto inadecuado. La falta de educadores sociales, personal de integración o psicólogos especializados provoca que estos usuarios carezcan de programas propios y terminen compartiendo rutinas con los mayores.

En la concentración también participó Montse Rodríguez, de CSIF, quien quiso dejar claro que el personal no pone en duda el derecho de atención de estas personas. Sin embargo, insiste en que los recursos escogidos son inapropiados. "Los mayores tienen derecho a un retiro tranquilo y a vivir sus últimos años en paz, no atemorizados", sostuvo.

Rodríguez señaló que introducir a estos usuarios en el mismo entorno de los ancianos provoca choques inevitables. Explicó que muchos de ellos abandonan las instalaciones, consumen alcohol o drogas y regresan al centro generando tensión entre los mayores. Para CSIF, la Xunta está poniendo en riesgo tanto al personal como a los residentes, al no habilitar espacios alternativos dotados con la atención profesional que requieren.

Las organizaciones sindicales insisten en que el colectivo más vulnerable en toda esta situación son los ancianos residentes. Denuncian que quienes deberían vivir sus últimos años en seguridad y tranquilidad están ahora atemorizados, aislados y limitados en sus actividades diarias por miedo a sufrir algún incidente con los nuevos usuarios. La convivencia forzada está generando ansiedad entre las personas mayores y una degradación en la calidad del servicio asistencial.

En ese sentido, reclaman que las residencias de mayores recuperen su función original: centros de atención a dependientes de edad avanzada, con actividades adaptadas a sus necesidades físicas y cognitivas, alejados de problemáticas que escapan al ámbito de la gerontología.

Llamamiento a soluciones urgentes

Los sindicatos han pedido a la Xunta la adopción de medidas inmediatas para proteger tanto a trabajadores como a residentes. Reclaman la creación de centros específicos para atender de manera adecuada a personas con adicciones, enfermedades mentales o situaciones de exclusión social grave, con la dotación de equipos multidisciplinares especializados.

Además, insisten en que la administración debe implicarse activamente en la búsqueda de soluciones antes de que se produzcan situaciones irreparables. Consideran que el actual modelo no solo supone un riesgo laboral, sino también una vulneración de los derechos de los mayores, que se ven privados de la tranquilidad a la que deberían tener acceso en la última etapa de sus vidas.