Sindicatos convocan a funcionarios a un calendario de movilizaciones contra “la deriva autoritaria” de la Xunta

Ya en los últimos días los trabajadores que integran las listas de contratación se han revuelto después de la aprobación del Decreto 40/2026 y, ahora, a la Xunta parece abrírsele un nuevo frente.   Los tres sindicatos, en una rueda de prensa en la que estuvieron presentes Juan Carlos Rivas, por CSIF, Javier Lareu, por CCOO, e Irene Martínez, por UGT, manifestaron el "creciente malestar existente entre el personal empleado público", después de que en los últimos meses hayan tenido lugar una serie de "decisiones unilaterales" que tachan de "impuestas" por el Ejecutivo que comanda Alfonso Rueda.  Sede de la Xunta de Galicia en San Caetano, Santiago de Compostela De manera unánime censuran la falta de "voluntad real de consenso" y de "diálogo social", circunstancias que están provocando "un deterioro progresivo de las condiciones laborales y de la calidad de los servicios públicos", entendiendo esto como un "retroceso preocupante" de derechos laborales y funcionamiento de la Administración.  El "caos" en procesos selectivos y concursos de traslados o la decisivión de devolver al SEAGA la gestión de las brigadas de prevención y defensa contra incendios forestales han sido algunos de los puntos sobre los que los sindicatos han puesto especia énfasis, reclamando cambios inmediatos como la suspensión de la reforma del decreto de listas, la estabilización y concursos con plena seguridad jurídica o el refuerzo del personal del SPIF, entre otras cuestiones, como la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales.   


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Archivo - Pasillos del complejo administrativo de San Caetano, sede de la Xunta, vacíos durante la crisis del coronavirus
Archivo - Pasillos del complejo administrativo de San Caetano, sede de la Xunta

 

CSIF, CC.OO. y UGT han pactado iniciar el próximo miércoles 10 de junio un calendario de movilizaciones contra lo que consideran la "deriva autoritaria" de la Xunta de Galicia, alertando sobre el aumento de "recorte de derechos", "imposiciones sin negociación" y "bloque de mejoras laborales" que afecta al personal público en la comunidad gallega. 

 

 

MOTIVOS PARA LA PROTESTA

En este clima, la semana que viene tendrá lugar el primer día de protestas tras la alianza de los tres sindicatos que batallan, dicen, contra el "desprecio continuado" que se está dando en la negociación colectiva en el seno de la administración gallega.

 

Como muestra de fuerza, las tres centrales convocan a los funcionarios a una concentración el día 10 ante las puertas de la sede de la Xunta en San Caetano. Será una forma de tomarle el pulso al colectivo. Ya en los últimos días los trabajadores que integran las listas de contratación se han revuelto después de la aprobación del Decreto 40/2026 y, ahora, a la Xunta parece abrírsele un nuevo frente. 

 

 

Los tres sindicatos, en una rueda de prensa en la que estuvieron presentes Juan Carlos Rivas, por CSIF, Javier Lareu, por CCOO, e Irene Martínez, por UGT, manifestaron el "creciente malestar existente entre el personal empleado público", después de que en los últimos meses hayan tenido lugar una serie de "decisiones unilaterales" que tachan de "impuestas" por el Ejecutivo que comanda Alfonso Rueda. 

 

Xunta San Caetano
Sede de la Xunta de Galicia en San Caetano, Santiago de Compostela

 

De manera unánime censuran la falta de "voluntad real de consenso" y de "diálogo social", circunstancias que están provocando "un deterioro progresivo de las condiciones laborales y de la calidad de los servicios públicos", entendiendo esto como un "retroceso preocupante" de derechos laborales y funcionamiento de la Administración.

 

 

El "caos" en procesos selectivos y concursos de traslados o la decisivión de devolver al SEAGA la gestión de las brigadas de prevención y defensa contra incendios forestales han sido algunos de los puntos sobre los que los sindicatos han puesto especia énfasis, reclamando cambios inmediatos como la suspensión de la reforma del decreto de listas, la estabilización y concursos con plena seguridad jurídica o el refuerzo del personal del SPIF, entre otras cuestiones, como la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales. 

 

 

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