Una amnistía indispensable, útil y necesaria

El llamado PROCESS, una chapuza política de enormes dimensiones, tuvo su punto culminante en el año 2017, y más exactamente el 1 de octubre, cuando los catalanes son llamados por la Generalitat a votar un referéndum que carecía de cualquier signo de legalidad. Una acción a la que el gobierno central (presidido en esos momentos por Mariano Rajoy, del Partido Popular) responde con una inusitada violencia enviando fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a Cataluña, con el objetivo de impedir la celebración del citado referéndum. Una decisión gubernamental que provocaría escenas de gran violencia callejera y mucha tensión en la sociedad catalana, pero que realmente impide la celebración del citado referéndum.

A pesar de que los resultados ofrecidos por las autoridades catalanas carecían de la más mínima credibilidad democrática el 27 de octubre, la Generalitat de Catalunya presidida por el señor Puigdemont, en base al argumento de que el resultado del referéndum había dado el sí a la Republica, declaraba unilateralmente la independencia (DUI), acto al que el gobierno central responde aplicando el artículo 155 de la Constitución, por lo que las actividades tanto del gobierno catalán como del Parlament quedaban suspendidas. Se asistía así tanto a la culminación de una chapuza política, un auténtico disparate por parte de las autoridades catalanas, como a algo parecido a un Golpe de Estado por parte del gobierno español (PP) a través del Tribunal Constitucional —una “coacción federal”— que llevó a Cataluña a un callejón sin salida (JAVIER PEREZ ROYO. Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla).

Días más tarde, varios miembros del gobierno catalán son enviados a prisión bajo la acusación de haberse saltado la legalidad (otros huyen al extranjero donde piden asirlo político). La cumbre de la barbaridad política y judicial tendrá lugar el 14 de octubre cuando el Tribunal Supremo dicta sentencia contra aquellos acusándolos de los delitos de sedición, desobediencia y malversación de fondos públicos. Una sentencia que recibiría un rechazo y una crítica prácticamente unánime tanto de los tribunales europeos como de los organismos internacionales, públicos y personales, defensores de los derechos humanos (ONU, Consejo de Europa, AI, HRW).

Este es el marco en el que hay que encuadrar la solicitud de amnistía hecha, en nombre de Junts per Cat, lo pones señor Puigdemont al PSOE y Sumar cómo condición imprescindible para apoyar la investidura del señor Pedro Sánchez cómo Presidente de Gobierno. Sin tener en cuenta estos precedentes no se puede hacer una evaluación correcta de tal solicitud y sería actuar como muchos medios de comunicación y opinión y también de relevantes figuras políticas (cómo, por caso, los señores Abascal, Feijoo, González, Guerra, Aznar...) que no tienen  reparos en ocultar o terxiversar los hechos sucedidos para justificar su oposición a dicha solicitud.

Un marco en el que es visible que desde octubre del 2017 hay una herida abierta entre Catalunya y España. Una herida que por el bien de la democracia y la convivencia pacífica entre los pueblos de España debe cerrar, para lo cual solo cabe la negociación y el pacto, lo que supone abandonar definitivamente la vía judicial y entrar en la vía política que nunca se debió abandonar. Una vía que tiene como terreno de partida el marco constitucional algo que tanto JxCat cómo ERC, según en esto la vía del PNV, aceptan. Una aceptación que supone que estamos delante de una oportunidad histórica, que interpela también a los independentistas catalanes, para sentar las bases de un nuevo enfoque político e incluso constitucional que nos lleve a cuotas de autonomía y solidaridad que garantizan la convivencia democrática. La Amnistía sí nos presenta, en estos ratos, como un instrumento indispensable, útil y necesario para evitar que se repitan los errores del pasado y repararlos (JOSE ANTONIO MARTIN PALLIN. Abogado. Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas [Ginebra]). A pesar de eso, los soberanistas catalanes no habían debido condicionar su voto de investidura a la aprobación previa de Amnistía pues colocaría a esta en un escenario de confrontación que solo favorece a las derechas extremas: es necesario un debate profundo y sosegado.