La conselleira dice que el centro para personas con discapacidad de Ourense funcionará 6 años después de presentarlo

La conselleira de Política Social  declaró ayer que prevé tener en funcionamiento el Centro para la Atención  Personas con Dispacacidade (CAPD) de Ourense en junio de 2024. La propia Fabiola García presentó los planos de la obra en 2018.

 


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La propia Fabiola García presentó los planos de la obra en 2018 pero la constructora elegida por Política Social abandonó la obra argumentando que el precio contratado no cubría el sobrecoste de la inflación. 

 

Ourense es la urbe de Galicia que sufre una mayor carencia de infraestructuras públicas sociosanitarias, pues además del atraso del CAPD es la ciudad gallega donde está menos adelantada la residencia de mayores que financia la Fundación Amancio Ortega, pues todavía se ha movido ni la primera piedra.

 

Fotomontaje del estado actual de las obras del CAPD de Ourense y de la conselleira presentu00e1ndolo en 201
Fotomontaje del estado actual de las obras del CAPD de Ourense y de la conselleira presentu00e1ndolo en 201

 

El CAPD sufre de Ourense un evidente atraso. De hecho, existe una plataforma de personas con discapacidad y familiares, PROCAPD Ourense, que lleva años denunciando el problema.  Ayer, la política responsable dijo ser consciente de las dificultades y añadió que están intentando remediarlo cuanto antes.

 

"Ahora vamos a intentar darle toda la prisa que podamos porque somos conscientes de los atrasos acumulados", declaró la conservadora en una visita el miércoles a Ourense. 

 

García también añadió que "pudimos reanudar los trabajos". Algo que se puede considerar una verdad a medias, porque trabajos físicos no se ha visto ninguno. Así lo atestiguan las imágenes remitidas a principias de semana por PROCAPD.

 

Trabajo administrativo sí ha completado la Consellería. En concreto, en diciembre firmó el contrato de la licitación del concurso de reanudación de obras. La adjudicación la ganó la ourensana COPASA, que tiene un plazo de trece meses para acabar las obras.

 

Los familiares están enfadados porque ya ha pasado más de un mes desde la firma de aquel contrato y no ven obreros trabajando. 

 

Cuestionados por Galiciapress, ni la Xunta ni COPASA han sido capaces de concretar cuándo empezarán las obras. Hay que recordar que aunque el contrato está firmado, puede que estén pendientes otros trámites administrativos, como la firma del acta en el que la constructora reconoce que el terreno está 100% listo  

 

Algo que en este caso puede ser especialmente complejo, dado que no es un terreno, lo que hay en Barrocanes es un esqueleto de edificio. Lo dejó así la UTE de Construcciones Alea y Proforma, la primera empresa seleccionada por la Xunta. 

 

Esta alianza empresarial abandonó el trabajo alegando que la inflación lo había convertido en no rentable. Algo que siembra dudas sobre si el precio de licitación del primer concurso y la adjudicación eran los más adecuados para garantizar que la obra no descarrilase.

 

POSIBLE PRIVATIZACIÓN DE LA GESTIÓN

Otro aspecto polémico del CAPD de Ourense es quién llevará el día a día. Los familiares exigen gestión directa pública. Es decir, trabajadores de la Xunta, porque entienden que así el servicio público será de mayor calidad.

 

La Xunta regatea la cuestión de una posible gestión privada.  La regateó cuando se se lo preguntó Galiciapress esta semana, la regateó el director xeral el miércoles en el Parlamento y la regateó también ayer la conselleira en su visita a Ourense. García volvió a repetir el mantra de que todas las plazas serán públicas. Esto es compatible con sacar a concurso el funcionamiento del CAPD de Ourense. Es decir, privatizar la gestión a través de una contrata. 

 

Un subordinado de Fabiola García también  regateó esta cuestión también al ser interrogado el miércoles en el Parlamento. El director xeral de Persoas con Discapacidade de la Xunta, Fernando González Abeijón, se defendió de los ataques del PSOE acusando a los socialistas de tener privatizados la ejecución de servicios públicos sociales como la atención en el hogar (SAF)  en ayundamientos que gobiernan ellos. Citó los de Santiago, A Coruña, Vigo, Ferrol y Vilagarcía de Arousa. 

 

Por lo tanto, leyendo entre líneas las declaraciones políticas, es más que posible -algunos dirían que probable- que la gestión del CAPD acabe siendo privada. Preferencias ideológicas al margen, la Xunta puede argumentar que el atraso justifica tirar por la vía de la adjudicación, en teoría más ágil que organizar el traslado y la contratación de decenas de empleados públicos. 

 

Eso cuando esté listo para inaugurarse el CAPD, claro. La Xunta ya ha informado que está trabajando en un concurso para comprar el material, ya que COPASA se encarga solo de las obras del edificio.

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