Tensión eólica en Galicia: la decisión del Supremo hoy es solo un aperitivo

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha emitido hoy dos providencias que inadmite los recursos de casación presentados por la Xunta de Galicia y las empresas Green Capital y Wind Hero, confirmando así la paralización cautelar de los parques eólicos Troitomil (en Negreira y A Baña, A Coruña) y Ventumelo (entre Ourense y Lugo).
 

¿Qué alcance tienen estas decisiones en el actual embrollo jurídico que mantiene lastrado el desarrollo del sector eólico en Galicia? Como sucede con los mercados, cada un conta a feira según lle vai nela.
 

¿CAMPAÑA POLÍTICA CONTRA VILLARES Y SUS COMPAÑEROS?

Así, los abogados que lograron que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia parase esos parques -poniéndose en el punto de mira de la Xunta y de las empresas del sector- saca pecho.
 

El fallo supone un varapalo para la Xunta y las promotoras, que habían intentado revertir las suspensiones dictadas por el TSXG, destacan desde el buffet coruñés Pérez Lema.
 

Los letrados van más allá e interpretan que es un revés a la “inaudita campaña de deslexitimación do labor do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, onde a Xunta de Galicia desautorizou en termos moi duros as decisións do Tribunal”.
 

Hay que tener en cuenta que uno de los ponentes de las sentencias fue Luis Villares, el juez que en su día aparcó la magistratura para liderar En Marea. El sector y la Xunta han cuestionado con la boca pequeña su objetividad, porque En Marea fue crítico con algunos proyectos eólicos y el propio Villares llegó a participar en acto contra algunas instalaciones.

Así las cosas, los letrados vencedores hoy atacan la “irregular” campaña política contra “unha decisión xurídica plenamente axustada a dereito, un comportamento que resulta xuridicamente inaceptábel”.  En su opinión, la decisión del Supremo refuerza la tesis del TSXG, que ha priorizado la preservación del medio ambiente y el bienestar de las comunidades afectadas frente a los intereses económicos del sector eólico.

La Xunta de Galicia ha reaccionado con un mensaje ambivalente tras conocerse el fallo. La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha manifestado un “absoluto respeto” a la decisión judicial, pero ha defendido con firmeza el trabajo y las resoluciones del Gobierno autonómico. “Seguiremos trabajando en los tribunales, como estamos haciendo en el Tribunal Supremo o en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)”, añadió.

En esas instancias superiores sigue la pelota judicial. Siendo importante la decisión de hoy, no resuelve, ni mucho menos, el embrollo, ni a favor de los críticos con la forma de aprobar la Xunta los parques ni a favor de los empresarios eólicos.

“No juzgan si la paralización fue correcta, solo que no es asunto suyo”, señala un experto del sector. Es decir, el Supremo hoy no ha entrado en el fondo de la cuestión, simplemente ha explicado que no procede tumbar la paralización cautelar dictada por los jueces gallegos. Técnicamente, esa paralización está bien, a la espera del dictamen sobre el fondo de la cuestión.
 

El fondo de la cuestión es si los promotores dividieron artificialmente los parques eólicos. La fragmentación artificial, desde el punto de vista ambiental, tiene que ver con que se dividan los proyectos eólicos con el afán de evitar una evaluación ambiental ordinaria y proceder en su lugar a una evaluación ambiental simplificada. Es decir, si hay un proyecto de 31 MW y lo divido en dos de 15 y 16 MW para evitar el trámite ordinario (en 30 MW está el límite) y acogerme al más sencillo, el simplificado. Con todo, la Xunta, señalan fuentes del sector, siempre aplica el procediemiento ordinario.

El TS admitió a trámite un recurso de Greenalia -sociedad donde es miembro del Consejo de Administración la ex-conselleira de Medio Ambiente Beatriz Mato- basado en este punto. Dado que otros Tribunales Superiores de Justicia de otras comunidades autónomas han adoptado interpretaciones contradictorias con la interpretación de los jueces gallegos, el Supremo está obligado a unificar doctrina.

¿Cuándo lo hará? Pronto, señalan fuentes del sector. De ahí el evidente nerviosismo que hay en el TSXG, las compañías eólicas y los despachos de San Caetano.
 

Hay que tener en cuenta que al menos una docena de parques eólicos fueron paralizados cautelarmente por entender que los promotores habían fragmentado ilegalmente sus proyectos y que la Xunta había mirado para otro lado. 

De ratificar el Supremo el TSXG, el revés para el estropicio para el sector eólico gallego sería enorme -la patronal de la construcción acusó a los jueces gallegos de ocasionar la pérdida de unos 8.000 empleos- y el coste político para la Xunta también. 

Incluso si los promotores tramitan nuevos proyectos de más de 50 megavatios ante el Estado, sería necesario que las Cortes aprobasen una ley para para extender el plazo de caducidad del derecho de conexión a la red electrónica de estos parques, fijado para el verano de 2028. Dada la división que hay en el Congreso, parece complicado cualquier acuerdo en tal sentido.

Por el contrario, de tumbar el Supremo el criterio de fragmentación fraudulenta apreciado por el TSXG, la sentencia supondría un revés profesional muy duro para los jueces del TSXG -no exclusivamente para Villares porque hay que recordar las sentencias fueron unánimes dictadas por tribunales con diferentes miembros- . 

Un TSXG que en el último lustro se ha ganado a pulso la fama como uno de los tribunales medioambientalmente más sensibles en España, algo que levanta ampollas entre muchas empresas y la administración, que ve como los jueces le tumban a menudo sus autorizaciones ambientales. Cuestión nada baladí si tenemos en cuenta que es muy probable que la sala coruñesa pronto tenga que pronunciarse sobre otros proyectos clave, como Altri o la mina de Touro.