Julio Abalde (PSOE) "La Xunta no usa los mismos criterios con las universidades públicas que con las privadas"

-¿Conoce los motivos para que la Xunta aprobase una nueva facultad de Derecho en la universidad privada de Abanca? ¿Cómo ha sentado la falta de comunicación desde el gobierno gallego con las otras universidades?

La razón que ofrece la Xunta señala a cambios en la normativa que exigen un número mínimo de titulaciones para las universidades privadas. Ahora mismo, la Universidade Intercontinental de Empresa (UIE, la universidad de Abanca) no cumple con ese requisito desde su creación. Desde un primer momento se deberían haber puesto en marcha títulos de tres áreas de conocimiento, por eso el año pasado aprobaron la creación de Psicoloxía dentro del área de Ciencias da Saúde. Así, la UIE debe abrir más titulaciones y por eso elige las titulaciones que pueden tener más demanda y ser más atractivas para el alumnado. Mientras tanto, la Xunta evita tomar esas decisiones de acuerdo con cómo se abordan el resto de temas relativos al mapa de titulaciones, esto es: consultando, acordando y dialogando con las demás universidades. En definitiva, el gobierno gallego decide conceder directamente esas titulaciones, que además están duplicadas dentro del Sistema Universitario Galego (SUG), y sin conocimiento previo por parte de las universidades públicas.

-Ha dicho duplicadas, no “complementarias” que es cómo se recoge en la Lei do Sistema Universitario de Galicia.

Efectivamente, porque la ley señala que el SUG al crear nuevas titulaciones deben ser complementarias y no coincidentes. Lo más grave es que la Xunta de Galicia había llegado a un acuerdo de desarrollo de titulaciones con las universidades públicas en 2022, cuando ya estaba creada la UIE. El hecho es que hay un acuerdo que limita a las universidades públicas en su capacidad de decisión sobre titulaciones, y ese acuerdo no se aplica a la universidad privada. Esto es lo que denunciamos, la actitud de la Xunta al no aplicar los mismos criterios y sistemas para universidades públicas y para la universidad privada.

-¿Con una nueva facultad de Derecho en Galicia, el mercado laboral será capaz de absorber el número total de licenciados que salgan cada año?

Ese es otro de los problemas, que a las universidades públicas se les exige mostrar la necesidad de esos titulados, su necesidad socioeconómica e interés estratégico para la comunidad autónoma. En el caso de UIE creo que no se ha hecho este estudio o si se ha hecho, y aunque hay demanda de esa titulación, el mercado laboral está perfectamente cubierto con tres universidades y cuatro departamentos que impartan el grado de Derecho, la Universdade de Vigo tiene un centro en Vigo y otro en Ourense. A esto se suma que las universidades públicas habían solicitado ampliar el número de plazas para el grado de Derecho. La respuesta de la Xunta era negativa alegando que no había necesidad de ampliar el número de plazas. ¿Entonces, por qué ahora se crea un centro privado que imparta estos estudios si a las universidades públicas se les decía que no había necesidad? 

El gobierno gallego decide conceder directamente titulaciones que además están duplicadas dentro del Sistema Universitario Galego (SUG), y lo hace sin conocimiento previo de las universidades públicas

-La UIE defiende que la nueva propuesta es innovadora y responde a las demandas profesionales emergentes. 

No he visto el plan de estudios pero por lo que se comenta parece estar más orientado al derecho digital y, si es así, que le hubieran puesto el nombre de Derecho Digital, de ese modo no interferiría con las otras titulaciones de Derecho. En relación a esto, en el año 2017 el mapa de titulaciones de la Xunta, obligaba a las universidades públicas, las únicas existentes en aquel momento en Galicia, que en caso de existir titulaciones repetidas en distintas universidades, estas deberían hacer un esfuerzo para unificar una parte importante de los créditos, que se impartieran de la misma forma en las tres universidades para permitir la movilidad del estudiantado. Dentro de los títulos referenciados en ese mapa estaba el grado de Derecho. Por un lado, a las universidades públicas nos obligan a uniformizar contenidos de esta titulación y ahora aparece que el mérito de este grado en la UIE para la Xunta es precisamente el no ser igual a las otras universidades. Por tanto, aquí tenemos un trato distinto por parte del ejecutivo gallego hacia las universidades públicas y a la privada. 

-¿Sin control ni evaluación?

No, aquí hay que hacer una distinción. Una cosa es la evaluación que hace la Xunta sobre la oportunidad y ajustarse a la necesidad, otra es la evaluación de calidad que está realizando en estos momentos la Axencia de Calidade. Por tanto, el grado de Derecho de la UIE en estos momentos tiene un informe de envío a verificación. Esta es una cuestión que es de decisión directa de la Xunta de Galicia, por tanto, es una decisión técnico-política. No es una decisión sobre calidad de la titulación, esa decisión se toma en base a un informe a la Axencia de Calidade, informe que en estos momentos se realizando y que supongo será igual para todas las titulaciones. Sin embargo, aquí estamos hablando de la decisión de la Xunta que autoriza el envío de la verificación, algo que para una universidad pública que solicitara Psicología, como Coruña o Vigo, la Xunta le diría que no se envía verificación. Pero cuando la UIE presenta Derecho, presente en cuatro campus, la Xunta dice sí.

 Las universidades públicas habían solicitado ampliar el número de plazas para el grado de Derecho. La respuesta de la Xunta fue negativa
 

-Se ratifica entonces en sus declaraciones: “no es una decisión técnica, es una decisión política”.

La Xunta tiene que hacer una valoración técnico-política. En este caso creo que la valoración técnica no aporta nada, pero sí existe una decisión política que declarará viable o no el enviarla a Verificación. Para justificar su decisión ajustan diferentes cuestiones: un temario distinto, los contenidos o que está mejor preparada para el derecho de empresa. Si esto es así, en el caso de una universidad pública tendría que poner otro nombre a esa titulación y aquí no se está exigiendo ese otro nombre. 

-¿Tiene la impresión de que la Xunta vacila por las respuestas que ofrece, que no hay una justificación sólida?

Sí, y creo que una vez se ha tomado la decisión hay que darle un empaque de razones técnicas y razones de “no podíamos decidir otra cosa”, y eso no es cierto, podían haber decidido otra cosa. Sin embargo, este no es el único problema, el nuevo decreto de universidades y creación de universidades del Gobierno central, creado para garantizar una calidad mínima en universidades públicas y privadas, establece que una universidad debe ofertar diez grados. En estos momentos, la UIE con la nueva facultad de Derecho tendría seis grados, faltan otros cuatro. ¿Qué grados van a autorizar desde la Xunta? ¿Van a entrar en el acuerdo global del mapa de titulaciones con las universidades públicas? Ese es el problema y esa es la decisión que debe tomar la Xunta. ¿El mapa de titulaciones universitarias es para todo el sistema o solamente para el sistema público?
 

-¿Llegará a tiempo la propuesta de Sánchez para garantizar esa calidad mínima en las universidades y se podrá frenar la creación de universidades privadas?

Espero que sí. El problema es que hay una serie de universidades que ya estaban presentadas y con el informe bien positivo, bien negativo. Por otra parte, ese informe hasta ahora no es vinculante, aunque Madrid ya ha dicho que autorizará a una de las privadas de una forma “esprés”. Desde que el decreto se publique, todas las demás deberán adaptarse a lo establecido por el Consejo de Universidades de Madrid. Por otra parte, espero que sí se frene la creación de universidades privadas porque las últimas que se han creado, muchas de ellas tienen informe negativo. A pesar de ello, algunas comunidades ya están poniendo en marcha proyectos en Madrid, Andalucía y Canarias. Ese tipo de actuaciones son las que se deben cortar. Las universidades privadas están reconocidas, están en la ley pero han de ser instituciones de calidad porque están prestando un servicio público.

-¿Todo esto apunta a una necesidad de revisar la transferencia en materia de Educación, competencia de las autonomías?

No es necesario pero sí se deben adaptar sus condiciones y requerimientos para ponerse en marcha. Las competencias para las universidades privadas están en manos autonómicas, el Estado solo tiene la UNED como universidad de su competencia. El Gobierno regula las condiciones en que se deben tomar esas decisiones. En otros casos, como son las universidades online, que tienen capacidad para actuar en todo el Estado, esas sí deben ser autorizadas por el Gobierno. Con esta nueva propuesta del Gobierno central se crea un nuevo marco al que las autonomías deben adaptar su normativa. Yo creo que este decreto pondrá un poco de orden, porque no puede ser que la última universidad pública se creara en 1998 y eran 50 y siguen siendo 50. Mientras tanto, en ese mismo año eran 16 universidades privadas y ahora hay 48. 

Muchas de las últimas universidades privadas que se han creado tienen informe negativo. A pesar de ello, algunas comunidades ya están poniendo en marcha proyectos 

-¿La UIE podrá acceder a fondos de I+D+i públicos?

Esos fondos son competitivos, por tanto, si es una entidad que aúna investigación y formación, podrá presentarse a resoluciones competitivas, pero además, para la obtención de fondos I+D+i también hay otras entidades como empresas. Aún así, las universidades públicas tienen la calidad y capacidad suficiente para ser tremendamente competitivas en la búsqueda de fondos I+D+i.