Golpe de Estado en Touro con la mina de fondo, que provoca un cambio de alcaldía y se la devuelve al PP

En 2023 parecía impensable que el Partido Popular perdiese su hegemonía en el municipio de Touro, donde gobernaba Ignacio Codesido Barreiro durante casi tres décadas. Sin embargo, Roberto Castro lideró una coalición encabezada por Movemento Veciñal y apoyada por Partido Galego y el BNG. Ahora, y tras poco más de dos años de gobierno, el concejal no adscrito Darío Rey ha provocado un seísmo en el municipio, entregando la alcaldía de Touro al PP, pero no a cualquier precio.

ACUERDO PARA GOBERNAR, PERO CON OBGLIACIONES

La noticia ha trascendido este lunes y significa impulsar una moción de censura contra Castro. En su fondo, el acuerdo supone el compromiso de que el Concello, en adelante, se personará en los procesos judiciales que incumban a la mina de Touro y Rey presidirá una comisión de medio ambiente donde su juicio será irrevocable por parte del gobierno tourés siempre que sus iniciativas cumplan con la legislación vigente.

Rey llega a este acuerdo después de ser el segundo de la lista de Movemento Veciñal y ser parte del gobierno de Roberto Castro. Fueron sus desencuentros con el propio Castro lo que motivaron su salida de la fuerza política, pasar a la condición de no adscrito. Este movimiento, además, permite la moción de censura, a la sombra de la setencia del Tribunal Constitucional emitida a medidados de junio donde elimina un párrafo de la ley electoral que recogía que, si la propuesta se presentaba con un tránsfuga, la mayoría absoluta requerida se ampliaba.

¿BLOQUEO A LA MINA?

Lo que pretende Rey con este movimiento, al menos en apariencia, es ser voz autorizada en todo lo relativo a al proyecto minero de Touro, cada vez más cerca de ser una realidad. Para el edil resultó "de especial gravedad" que ninguno de los gobiernos municipales se personasen contra la mina, un hecho significativo, a su parecer, "dada la relevancia del tema para el futuro del territorio y de su población".

En ese sentido, critica que Castro no recurriese la declaración del proyecto minero como estratégico, categoría a la que la Xunta elevó el plan minero, adoptando en cambio "una posición ambigua, jugando a dos bandos entre los intereses de los vecinos y de la promotora". "El nuevo enfoque pretende superar esa etapa", enfatiza Rey, que quiere poner en primer lugar "exclusivamente el interés general del Ayuntamiento, que no es otro que el que le atribuye la legislación vigente: la defensa del medio ambiente, de la salud pública y de la protección de sus vecinos ante situaciones de vulnerabilidad o desigualdad frente a grandes operadores económicos".

Así las cosas, y pese a entregar al PP las riendas del consistorio, los populares deberán, según este acuerdo, "personarse en todas las causas judiciales, en curso o futuras" sobre la mina, sus terrenos y las actividades que allí se realicen. La personación deberá hacerse en un plazo de dos meses y bloquea, a su vez, las simpatías del Concello de Touro con los promotores o las voces favorables a la mina: "El Ayuntamiento no manifestará apoyo institucional al proyecto minero ni a ninguna de sus fases mientras no exista un mandato claro de la mayoría social y política del municipio, y en ningún caso durante los dos años que restan de la legislatura". "No se firmarán convenios, acuerdos de colaboración ni compromisos económicos o institucionales con las empresas promotoras", subraya el comunicado.

UN EQUIPO TÉCNICO

El pacto contempla, además, la elaboración de un pliego de contratación pública consensuada entre las dos partes pero "abierto a las aportaciones del resto de grupos formuladas en una comisión informativa, que permita seleccionar a una consultora o equipo técnico-jurídico de acreditada experiencia, solvencia e independencia". Para este fin se conceden un plazo de 45 días y contarán con, entre otros, especialistas en derecho ambiental y administrativo y en ingeniería y ciencias medioambientales con experiencia previa en conflictos similares.

Estos expertos serán los encargados de elaborar informes técnicos para que estos puedan ser aportados a las causas judiciales. Al tiempo, servirán como asesores tanto al Ayuntamiento como a los colectivos vecinales "en la defensa de sus derechos frente a cualquier impacto derivado de la actividad extractiva". El seguimiento de las actuaciones se realizará a través de una comisión informativa que se convocará siempre a criterio de Rey. 

Los populares, por su parte, aseguran qu esta decisión se toma con el propósito de "actuar con responsabilidad" y por la gobernabilidad de Touro, criticando la gestión de Castro para sacar adelante los presupuestos municipales o el Plan de Obras y Servicios de la Deputación. A renglón seguido, agregan, el Concello ha perdido cerca de un millón de euros en ayudas mientras "incumple los acuerdos plenarios aprobados por la mayoría de la corporación".