Nuevas huelgas en residencias y SAF tras la negativa patronal de subir salarios

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La central sindical ha señalado que la nueva convocatoria busca presionar a las asociaciones empresariales y a la administración autonómica para desbloquear la negociación de los convenios colectivos tanto del sector de residencias privadas como del SAF. La CIG exige subidas salariales, estabilidad laboral y la reducción de cargas de trabajo, así como la aprobación de un protocolo de prevención de riesgos y agresiones en el ámbito domiciliario, donde se han registrado casos de violencia contra las trabajadoras.

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El sindicato denuncia que las patronales mantienen su negativa a actualizar los salarios y a reconocer derechos básicos como la compensación por festivos, la jornada reducida y los descansos reglamentarios. Además, advierte del agotamiento físico y emocional de un personal que sostiene un servicio esencial para mayores y dependientes pero con plantillas insuficientes y ratios obsoletas. Según sus datos, en Galicia hay más de 12.000 trabajadoras en los Servizos de Axuda no Fogar y unos 15.000 empleos en las residencias privadas, la mayoría mujeres con contratos a tiempo parcial y sueldos que a menudo no alcanzan los 1.000 euros mensuales.

Las dos jornadas de movilización se llevarán a cabo este jueves 23 de octubre y el martes 4 de noviembre.

Postura de la Xunta de Galicia

La Xunta de Galicia ha respondido a las movilizaciones del personal de residencias privadas, centros de día y Servizos de Axuda no Fogar (SAF) defendiendo su modelo de cuidados a las personas mayores y dependientes y calificando las huelgas de “conflictos laborales que deben resolverse en las mesas de negociación entre sindicatos y patronales”.

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La Consellería de Política Social e Igualdade, encabezada por Fabiola García, ha subrayado que el Gobierno gallego ha incrementado de forma continuada la inversión pública en dependencia y cuidados durante la última legislatura, con el aumento del número de plazas residenciales y el refuerzo del servizo de axuda no fogar gestionado por los ayuntamientos. Asegura que Galicia se mantiene entre las comunidades con mayor cobertura de plazas en relación con la población mayor, y que los avances presupuestarios prueban “la voluntad del Ejecutivo de mejorar la atención y profesionalizar el sector”.

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Desde la Xunta insisten en que la negociación colectiva corresponde a los agentes sociales, y que la administración no puede imponer convenios laborales, aunque continuará “facilitando el diálogo y vigilando el cumplimiento de la normativa vigente”. El gobierno autonómico rechaza así las críticas de la CIG, que acusa al Ejecutivo de “mirar hacia otro lado”, y recuerda que los convenios de residencias privadas y SAF están sujetos a marcos estatales y provinciales que impiden la intervención directa de la Xunta en la fijación de salarios o jornadas

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Durante las últimas protestas, las manifestantes acusaron a la Xunta de favorecer un modelo de privatización de los cuidados mediante la concertación de plazas públicas en centros privados, sin exigir contrapartidas en materia de calidad o derechos laborales. Por su parte, la administración gallega defendió la legalidad de los servicios mínimos fijados por decreto, que —según apuntan los sindicatos— alcanzaron niveles “abusivos”, impidiendo el ejercicio efectivo del derecho a huelga.

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La CIG ha advertido que, si no se produce un avance real en las negociaciones antes de noviembre, las trabajadoras endurecerán las movilizaciones, con nuevas marchas y paros que podrían coincidir con el inicio de la campaña electoral autonómica. El sindicato insiste en que la situación “es insostenible” y que el cuidado de las personas no puede seguir sustentado en la precariedad. Entre sus reivindicaciones destaca también la creación de un convenio único gallego del sector asistencial que acabe con las desigualdades entre trabajadoras de distintos ámbitos, como centros de día, residencias, viviendas tuteladas o atención domiciliaria.

Además, el conflicto se enmarca en un debate político creciente en Galicia sobre el futuro del sistema de atención a las personas mayores y dependientes. Mientras la CIG y otros sindicatos reclaman una mayor implicación pública y la municipalización del servicio de ayuda en el hogar, las patronales sostienen que el encarecimiento de los costes y la inflación limitan su capacidad para asumir mejoras salariales sin un incremento de la financiación autonómica.

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En las próximas semanas, las trabajadoras volverán a protestar frente al Parlamento de Galicia y ante la sede de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), repitiendo los escenarios de las anteriores huelgas en Santiago. La convocatoria tiene previsto extenderse a todo el territorio gallego y afectar tanto a las residencias privadas como a los servicios concertados con la administración. Las manifestaciones estarán acompañadas de concentraciones locales en Vigo, A Coruña, Lugo y Ourense.

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La CIG ha hecho un llamamiento a la ciudadanía y a las familias usuarias para que apoyen las protestas, recordando que “la dignidad laboral también es garantía de una atención digna”.