El Estado no ha desalojado a Marcial Dorado y su familia de su mansión de A Illa pese a una sentencia de 2016

En A Illa de Arousa, un conflicto de intereses ha devuelto a la primera línea informativa la figura de Marcial Dorado, el antiguo contrabandista y narcotraficante cuya relación pasada con Alberto Núñez Feijóo sigue generando titulares. El epicentro del debate es ahora su residencia familiar en O Lagartiño, una lujosa propiedad que el Estado reclama como propia tras las condenas por blanqueo, pero en la que el "Señor do Fume" se resiste a abandonar el barco, presentándose ante los medios como un simple inquilino de prestado. La Justicia le ha dado la razón al Estado, en teoría la casa está registrada al nombre del Estado desde 2019 pero han pasado diez años y nadie ha logrado desalojar a Dorado y su familia.  La sentencia que confirmó el cambio de titularidad es de tres años antes, de 2016.

En los últimos meses, el Ayuntamiento de A Illa, bajo el mando del socialista Luis Arosa en coalición con el BNG, ha puesto sus ojos en esta mansión de mil metros cuadrados construidos y cuatro mil de parcela. El plan del gobierno local es ambicioso y cargado de simbolismo: transformar el antiguo emblema de la impunidad del narco en un espacio intergeneracional que combine una residencia para mayores con un centro juvenil, aprovechando las instalaciones deportivas y la piscina de la finca. Para el regidor, esta operación no es solo una mejora de los servicios públicos, sino una victoria moral de la democracia sobre el rastro del dinero sucio que durante décadas marcó la comarca.

Sin embargo, las aspiraciones municipales chocan frontalmente con la postura del Partido Popular local y la situación jurídica del inmueble. Desde el PP de A Illa califican la posible compra del chalé para convertirlo en centro social de despilfarro, argumentando que las arcas públicas no deben asumir semejante desembolso cuando existen otras urgencias en el municipio. Esta negativa ha levantado suspicacias en el entorno del gobierno local, donde se preguntan si el rechazo responde a directrices superiores para evitar que el nombre de Dorado y su histórica vinculación con el actual líder del PP nacional vuelvan a copar portadas debido a una gestión sobre su patrimonio personal.

Mientras los partidos discuten el futuro del predio, la realidad jurdídica de la vivienda es muy distinta. El Gobierno de España considera oficialmente a Marcial Dorado y a su familia como okupas en una propiedad que ya fue inmatriculada a nombre del Estado en 2019. A pesar de que el Tribunal Supremo ratificó el decomiso definitivo de la mansión hace años, los organismos estatales no han logrado siquiera entrar en el recinto para realizar la tasación necesaria previa a cualquier venta o subasta.

La estrategia de la familia Dorado ha sido la de agotar todos los cauces legales posibles para dilatar el desalojo. Su defensa ha interpuesto diversos recursos administrativos y judiciales que mantienen el proceso en un limbo legal a la espera de una sentencia firme que autorice la entrada de las autoridades. Se trata de un patrón común entre los grandes capos de la droga en Galicia, quienes, a diferencia de cualquier ciudadano que pierde su vivienda por impago, logran mantener el control de sus posesiones de lujo durante años mediante complejas artimañas procesales. A veces, mueren sin que los desalojen.

El propio Marcial Dorado, en recientes declaraciones a programas de televisión nacional, ha intentado desvincularse de la titularidad de la mansión, alegando que la propiedad pertenece a su exmujer Otilia Ramos y que él reside allí únicamente "de prestado". Dorado insiste en que todo el proceso es una venganza de funcionarios de aduanas y niega la existencia de testaferros, a pesar de que la justicia dictaminó lo contrario al condenarlo a seis años por blanquear capitales procedentes del tráfico de cocaína, una pena que se sumó a sus diez años anteriores de prisión.

El patrimonio del narco

El caso de O Lagartiño no es un hecho aislado en la lucha por recuperar los activos del crimen organizado. El Plan Nacional sobre Drogas gestiona un inventario de más de 200 propiedades vinculadas a la red de Dorado, valoradas en más de 20 millones de euros. Hasta la fecha, las subastas han permitido recaudar unos cuatro millones de euros destinados a programas de prevención y ayuda a drogodependientes, incluyendo la venta de parkings en Málaga o parcelas en Ávila, aunque el proceso en Galicia avanza con mayor lentitud.

En la comarca de O Salnés ya existen precedentes de ayuntamientos que han logrado rescatar bienes del narcotráfico para uso público. El consistorio de Vilagarcía de Arousa adquirió en 2019 la Casa Jaureguízar, aunque el proyecto de rehabilitación se encuentra actualmente bloqueado por discrepancias con Patrimonio. Por su parte, A Illa ya ha dado pasos firmes con la compra de terrenos de Dorado en la zona de Testos y la avenida da Ponte, donde se proyectan viviendas sociales y un pabellón deportivo, demostrando que el suelo que una vez sirvió para el tráfico ilícito puede tener un retorno social.

La incertidumbre sobre la mansión de O Lagartiño persiste debido a la parálisis de las subastas estatales, algunas suspendidas recientemente por causas sobrevenidas. Mientras el Ministerio de Sanidad no logre ejecutar el desahucio y clarificar el modo de enajenación, el inmueble seguirá siendo un recordatorio incómodo de una época oscura, en la que los capos del contrabando tenían tanta aceptación social que el entonces número dos de la Consellería Sanidade, Alberto Nuñez Feijóo, no tenía problemas en cultivar su amistad.

 El regidor isleño mantiene su esperanza de que el Estado priorice la cesión o venta al ayuntamiento frente a una subasta pública, evitando así que el lujo construido con el "Winston de batea" termine de nuevo en manos privadas.