La CIG denuncia que la Policía Nacional usa en Ourense propaganda de Vox en charlas escolares

El incidente, siempre según la versión trasladada por la CIG, ocurrió la semana pasada en varios institutos de la ciudad de As Burgas, dirigidas a estudiantes de 3º y 4º de la ESO. Durante estas sesiones, que forman parte del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos, los ponentes proyectaron el polémico cartel electoral que Vox utilizó en la campaña de Madrid, donde se comparaba la pensión de una jubilada con el supuesto coste de mantenimiento de un menor extranjero no acompañado. Lo que ha encendido las alarmas del sindicato es el uso de material explícito de un partido político en un entorno que debería estar protegido de la contienda ideológica.

Galiciapress ha solicitado la versión de la Delegación del Gobierno en Galicia, que critica "interpretacións erróneas ou alarmistas que non se corresponden coa realidade destas formacións". La Administración explica que el objetivo del material era "explicar con claridade que condutas cruzan a liña delituosa e dotar ao alumnado de ferramentas para rexeitalas e denuncialas".

Galiciapress también se ha puesto en contacto con Vox en Galicia. El partido ultranacionalista español ha señalado que “los calificativos que usa este  sindicato hacia VOX y hacia sus votantes es lo  realmente peligroso en una sociedad democrática porque sí que muestran odio". En su opinión "el cartel refleja una realidad que preocupa a todos los españoles y que, como bien señala  la justicia, no incurre en ningún tipo de delito y, por supuesto, mucho menos en uno de odio”.

Un cartel polémico que los tribunales archivaron

Según la CIG-Ensino, el material mostrado al alumnado de 3º y 4º de ESO reproducía el conocido cartel de Vox de la campaña autonómica de Madrid en 2021, en el que se contraponía la imagen de una persona mayor con la de un joven migrante y el texto “Un mena 4.700 euros al mes, tu abuela 426 euros de pensión/mes”. 

La Audiencia Provincial de Madrid archivó en 2021 la causa penal abierta contra esa campaña, al considerar que se enmarcaba en la “lucha ideológica” y no constituía delito de odio, pese a las denuncias presentadas por organizaciones sociales y partidos políticos.​  Según la versión de la central, los agentes usaron esta imagen para ejemplificar lo que no es un delito de odio, en términos penales. 

Para el sindicato, que define este material como" publicidad neofascista", su exhibición en un contexto educativo supone una “gravísima” vulneración de la neutralidad ideológica y de los objetivos del propio Plan Director. La central sindical subraya que estas sesiones se equiparan en la práctica a actividades docentes, y critica que sea la propia Policía Nacional la que introduzca referencias explícitas a un partido de extrema derecha en aulas gallegas.

Datos manipulados sobre menas y pensiones

La imagen de Vox se apoya en cifras que no se corresponden con la realidad del sistema de protección de menores extranjeros no acompañados ni con el nivel actual de las pensiones en España. Diversos análisis han explicado que los 4.700 euros al mes no son una “paga” que reciba cada menor, sino un cálculo aproximado y muy al alza del coste por plaza que las administraciones abonan a entidades que gestionan su acogida, que incluye alojamiento, manutención, educación, personal y otros gastos. Según organizaciones del sector, la cantidad de dinero en efectivo que perciben directamente estos menores para gastos personales suele ser muy reducida, en torno a unos 20 euros semanales, mientras el resto del presupuesto se destina a su atención integral.​

En cuanto a las pensiones, el cartel de Vox comparaba esa cifra con 426 euros mensuales, cuando la pensión media de jubilación en España supera ampliamente esa cantidad y se sitúa actualmente en torno a los 1.500 euros al mes tras las últimas revalorizaciones aprobadas para 2025 y 2026. La CIG considera que el uso de estos datos descontextualizados en las aulas constituye un ejemplo de manipulación que apela al miedo y al rechazo hacia personas migrantes con fines electorales, algo que, dicen,  el profesorado se ve obligado a contrarrestar a diario trabajando con fuentes oficiales y criterios críticos.​

El Plan Director y la neutralidad ideológica

El Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos es una iniciativa conjunta de los ministerios de Interior, Educación y otros departamentos, activa de forma permanente desde 2006. Sus objetivos incluyen prevenir riesgos como el ciberacoso, la violencia de género, el consumo de drogas, el racismo o los riesgos tecnológicos, además de promover valores de convivencia, igualdad y respeto en los centros escolares.​

 En el caso de Ourense, la Delegación indica que fue el propio colegio quien reclamó una sesión sobre los delitos de odio. La Adminstración tilda de "éxito" el desarrollo del programa en el país, indicando que ha llegado a unos mil centros y unos 150.000 alumnos. 

A juicio de la CIG-Ensino, el sindicato más votado entre los profesores de Galicia, la utilización de propaganda de un partido de extrema derecha en estas charlas choca frontalmente con la filosofía del Plan, que pretende precisamente reducir los discursos de odio y los estereotipos discriminatorios. El sindicato acusa a la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia de mantener una doble vara de medir: por un lado, emite instrucciones a los centros para garantizar la “neutralidad ideolóxica” de las actividades complementarias, y por otro, toleraría —según la central— la entrada de discursos que califica de neofascistas en aulas públicas y concertadas.​

En la nota, la CIG-Ensino enmarca esta denuncia en un contexto de creciente presencia de ideologías de ultraderecha entre la juventud gallega y del conjunto del Estado. Docentes consultados por el sindicato llevan tiempo detectando comportamientos racistas, antifeministas u homófobos entre parte del alumnado, acompañados de discursos construidos sobre el odio de clase, de etnia o de género, que dificultan la convivencia y el desarrollo normal del proceso educativo.

Los datos demoscópicos recientes refuerzan esta preocupación: Vox se ha consolidado como el partido favorito entre los votantes más jóvenes en España, especialmente en la franja de 18 a 24 años, donde rondaría el 25% de intención de voto, por delante de PP y PSOE, según encuestas como las de 40dB o el CIS. Este giro generacional contrasta con etapas anteriores en las que los jóvenes se inclinaban mayoritariamente por opciones de izquierda, y abre un debate sobre la influencia de los mensajes de la extrema derecha en redes sociales, medios y, ahora, según la denuncia sindical, también en espacios educativos.​ 

La CIG-Ensino recuerda que ya había reclamado responsabilidades políticas dentro de la Consellería de Educación por decisiones que, a su juicio, responden a planteamientos “reaccionarios” y contrarios al marco autonómico, y denuncia una fiscalización del trabajo docente que no se aplicaría, en cambio, a la entrada de contenidos de extrema derecha en los centros.