Así será la ley de educación digital de Galicia: menos E-dixgal y más derecho a desconectar

La Xunta ha dado este lunes un nuevo paso en su reforma educativa con el anteproyecto de la futura ley de educación digital, una norma que pretende ordenar el uso de móviles, grabaciones, plataformas en línea e inteligencia artificial en los centros gallegos. El Gobierno autonómico quiere llevar el texto al Parlamento antes de que termine el año, tras una exposición pública que abrirá en los próximos días.

La gran novedad es clara: no se podrán grabar clases, tutorías ni otras actividades docentes, ni presenciales ni a distancia, salvo autorización expresa. La prohibición afectará al alumnado, a las familias y a terceras personas ajenas al profesorado, y también se extenderá a la difusión o reproducción de esos contenidos en redes sociales, mensajería o cualquier otro canal digital. 

La Xunta sostiene que la medida busca proteger la intimidad, la imagen y la dignidad de la comunidad escolar, y que las conductas contrarias podrán recibir medidas correctoras o sanciones. Al mismo tiempo, la norma permitirá grabaciones con finalidad didáctica o de seguimiento académico, aunque el Ejecutivo gallego insiste en que serán casos muy concretos. 

Entre esos supuestos excepcionales, Alfonso Rueda citó el ejemplo de un alumno ciego que necesite revisar la clase en casa o las enseñanzas de conservatorio musical. La idea, según el presidente, es evitar el uso indiscriminado de grabaciones sin cerrar la puerta a situaciones justificadas por motivos pedagógicos o de accesibilidad.

La futura ley también impedirá que el profesorado difunda por iniciativa propia en redes sociales o medios digitales personales imágenes, voz o datos del alumnado, incluidos exámenes, actividades complementarias o extraescolares, salvo autorización expresa. Con ello, la Xunta dice querer blindar que la actividad educativa se desarrolle en modo privado y con garantías de respeto al entorno escolar.

Móviles más limitados

El anteproyecto refuerza además la prohibición de los teléfonos móviles en los centros educativos. Hasta ahora, el uso del dispositivo estaba vetado en el recinto escolar, aunque podía tener uso pedagógico en todas las etapas; con la nueva norma, esa posibilidad quedará limitada a partir de 3º de ESO.

En Infantil y en los dos primeros ciclos de Primaria, el uso de medios digitales será colectivo, mientras que el uso individual no llegará hasta 5º de Primaria. La Xunta presenta este cambio como una adaptación de la tecnología a la madurez del alumnado y a cada etapa educativa, en línea con el modelo híbrido que viene defendiendo desde hace meses.

Rueda recordó que Galicia fue la primera comunidad en prohibir el uso de los móviles en los centros y defendió que el nuevo texto sigue esa misma línea de control y ordenación. El Gobierno gallego enmarca la ley en una apuesta por combinar papel y recursos digitales sin dejar el aprendizaje “a criterio de cada centro”, una idea que ya había adelantado en los últimos meses.

Autoridad digital

Otra de las claves del anteproyecto es la extensión al entorno digital de la condición de autoridad pública del profesorado, que ya existe en el aula y pasará a aplicarse también a interacciones y actividades desarrolladas mediante plataformas reconocidas por el centro o por la Administración. La Xunta quiere que esa protección alcance tanto la comunicación educativa como la orientación académica realizada por medios digitales.

El Ejecutivo también presenta la ley como la primera en España en regular por ley los usos permitidos y prohibidos de la inteligencia artificial en educación, siempre bajo supervisión humana. Además, asegura que será pionera al reconocer el derecho a la desconexión digital del alumnado fuera del horario lectivo, una medida que conecta con el debate sobre la disponibilidad permanente de docentes, familias y estudiantes.

La nueva norma busca, en definitiva, fijar un marco común para el uso de tecnología en las aulas gallegas en un momento en que el debate sobre pantallas, privacidad y rendimiento escolar sigue muy presente en toda España. En Galicia, el Gobierno de Rueda quiere convertir ese debate en ley antes de que acabe 2026, con el foco puesto en una educación digital más regulada, más privada y más controlada.

Relación con E-Dixgal

E-Dixgal nació como un programa para impulsar el libro digital y la digitalización educativa, pero en los últimos meses la Xunta ya había ido moviéndose hacia un modelo más equilibrado, con más peso del papel y más límites por etapas educativas. La futura ley encaja en esa evolución porque regula el uso individual de dispositivos, fija restricciones a las grabaciones y refuerza la desconexión digital del alumnado.

La diferencia es que ahora esas ideas pasan de ser una orientación o un ajuste de programa a convertirse en normas legales. Eso supone un giro importante en la forma de gestionar la digitalización, aunque no un rechazo frontal a E-Dixgal, que sigue dentro de la estrategia de enseñanza híbrida de la Xunta.

La propia Xunta ha defendido en otras ocasiones que E-Dixgal es solo una herramienta dentro de un proceso más amplio de digitalización, no un fin en sí mismo. En ese sentido, la nueva ley no desmonta el programa, pero sí limita su lógica de uso libre y la somete a un marco mucho más rígido de privacidad, edad y supervisión.

Por eso, en términos políticos y educativos, lo más preciso es hablar de un cambio de enfoque. Galicia no vuelve al papel puro ni renuncia a la tecnología, pero sí asume que la digitalización necesita más control, más gradualidad y más protección para alumnado y familias.