Jácome, "sorprendido" por su imputación por ingresar 6.400 del ayuntamiento y 5.400 de Auria TV cada mes

El alcalde de Ourense resta importancia a su procesamiento por prevaricación y califica de "innecesario" haber pedido permiso al pleno para tener una televisión, pese a que el juez acredita que cobró más de 432.000 euros del consistorio sin solicitar la compatibilidad.

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, rompió su silencio este martes por la noche para responder a su imputación formal por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa. Lo hizo con una nota en rededes sociales que destila sorpresa contenida y desafío judicial: "Sorprendido me hallo. De todas las acusaciones gravísimas que me han achacado en el pasado, todas archivadas, ahora resulta que quieren juzgarme por no pedir permiso al pleno del Ayuntamiento para tener una tele (innecesario)". El regidor anunció que recurrirá el auto ante la Audiencia Provincial para que este sea revocado y subrayó que, a su juicio, "sobran los motivos para sobreseer el proceso ya, sin necesidad de esperar a juicio".

La reacción del alcalde llega horas después de que el juez Leonardo Álvarez, titular de la Plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ourense, dictase un auto que da por concluida la instrucción y ordena abrir juicio oral por la vía del procedimiento abreviado. La resolución, fechada el 14 de abril de 2026, imputa a Jácome haber ejercido la alcaldía en régimen de dedicación exclusiva desde junio de 2019 sin solicitar en ningún momento la compatibilidad con la propiedad y gestión de Auria TV, su canal de televisión local, pese a estar legalmente obligado a ello.

LAS CIFRAS QUE ACREDITA EL AUTO

El documento judicial detalla con precisión las cantidades percibidas por Jácome con cargo al erario municipal a lo largo de su mandato. Solo entre 2020 y noviembre de 2025 el alcalde cobró del Ayuntamiento de Ourense un total de más de 432.000 euros en concepto de sueldo por dedicación exclusiva: 69.925 euros en 2020, 70.555 en 2021, 73.024 en 2022, 75.215 en 2023, 77.457 en 2024 y otros 66.699 hasta el mes de noviembre de 2025, fecha en que se emitió la certificación que obra en las actuaciones.  Es decir, el sueldo de Jácome supera los 6.400 euros mensuales.

El juez subraya que esta cifra podría ser indebida en su totalidad si el pleno municipal hubiera denegado la compatibilidad, algo sobre lo que nunca pudo pronunciarse porque Jácome no la solicitó.

A esas cantidades se añaden los ingresos que el propio alcalde obtuvo de su actividad al frente de Auria TV. Un informe de la Policía Nacional incorporado a la causa refleja que entre 2019 y 2022 Jácome declaró ante Hacienda 197.256 euros procedentes de su actividad como autónomo, en buena medida vinculada a la explotación de la televisión local.  Es decir, Jácome ingresa cada año más de 65.000 euros por sus actividades económicas privadas, unos 5.400 al mes, fundamentalmente la televisión local Auria TV / Aurea TV.

El magistrado señala que la conducta del alcalde al no solicitar la compatibilidad le beneficiaba directamente al evitar que el pleno pudiera pronunciarse sobre si esos ingresos eran o no compatibles con el cobro íntegro del sueldo municipal.

El auto también dedica especial atención a lo que el juez califica de "extraño comportamiento": en un momento dado, Jácome llegó a presentar una solicitud de compatibilidad ante el consistorio, pero la retiró justo cuando el pleno estaba a punto de debatirla. Para el magistrado, ese giro evidencia que el regidor era perfectamente consciente de que el pleno no se la iba a conceder.

LA OPOSICIÓN EXIGE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

La reacción de los grupos municipales no se hizo esperar. El Partido Popular, a través de su portavoz local, Ana Méndez, trasladó su "máximo respeto" por las resoluciones judiciales pero subrayó que "hay responsabilidades políticas que asumir" y que una persona sobre la que pesa esta imputación "debe dar explicaciones". Los populares calificaron la situación de "todavía más inaceptable" en un contexto en que el Ayuntamiento atraviesa, según ellos, una situación económica insostenible, con deudas crecientes y dificultades de pago a proveedores, mientras el alcalde lleva siete años incrementando sus ingresos personales.

La posición del PP no deja de resultar políticamente paradójica. Le piden responsabilidades, peor no la dimisión, pero Jácome es alcalde de Ourense precisamente gracias al apoyo de los populares, que a lo largo de dos legislaturas le han proporcionado los votos necesarios para mantenerse en el cargo. Sin ese respaldo, Jácome no podría gobernar. Y sin embargo, el PP tiene en su mano destituirlo: si alcanzase un acuerdo con el PSOE y el BNG, los tres grupos tendrían votos suficientes para forzar una moción de censura y relevarle de la alcaldía.

El Grupo Socialista fue más tajante y reclamó "agilidad" a la justicia para dar "una respuesta rápida". Sus portavoces argumentaron que Ourense "no puede tener un alcalde que sitúe sus intereses personales por encima del interés general" y que, más allá de lo judicial, hay una cuestión de ejemplaridad democrática: "Entendemos que Jácome no debe continuar ni un día más al frente de la alcaldía". El BNG, más cauteloso en las formas, pidió dejar trabajar a la justicia pero admitió que el relato del auto "coincide con lo que llevamos denunciando desde hace años".

UN CASO CON LARGO HISTORIAL JUDICIAL

Este procedimiento no es el primero que afecta al regidor en relación con Auria TV. En septiembre de 2025, Jácome ya tuvo que declarar en otro proceso por el presunto desvío de recursos humanos y técnicos municipales hacia ese mismo canal privado. La denuncia que abrió la causa de la incompatibilidad fue presentada por Telmo Ucha, exconcejal de Democracia Ourensana, la propia formación que fundó el alcalde. La acusación sostiene que Jácome facturaba como autónomo al frente de la televisión mientras percibía el sueldo íntegro del consistorio.

El juez rechazó también el único informe técnico que la defensa aportó para avalar la conducta del alcalde. El perito reconoció en sede judicial que no consultó ninguna documentación económica ni jurídica y que se limitó a reflejar lo que Jácome le dijo de palabra. El magistrado lo descartó por carecer "del más mínimo rigor y profesionalidad". Ahora, la Fiscalía y la acusación particular disponen de diez días para formular escrito de acusación y solicitar formalmente la apertura de juicio oral.