Homenaje al ex-fiscal Álvaro García Ortiz en Santiago

Históricos miembros de PSdeG, Sumar y BNG organizan un acto a favor del condenado, que antes de liderar la Fiscalía estatal fue fiscal en Compostela.


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El exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, durante la II Jornada de debate sobre el proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), a 24 de marzo de 2026, en Madrid (España). La
El exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, durante la II Jornada de debate sobre el proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), a 24 de marzo de 2026, en Madrid. 

 

Santiago de Compostela acogerá este jueves 23 de abril un acto de homenaje a Álvaro García Ortiz, el jurista gallego que ocupó la Fiscalía General del Estado entre agosto de 2022 y diciembre de 2025. El evento está convocado para las siete de la tarde en la Casa das Máquinas, en la rúa de Galeras de la capital gallega, y se presenta como un reconocimiento a su figura como "amigo, vecino de Santiago, paisano, fiscal preocupado por el medio ambiente y la memoria colectiva", según la invitación que han difundido los organizadores, en la que se omite cualquier referencia a su reciente situación judicial.

 

La convocatoria llega en un momento especialmente importane para el homenajeado: hace unos días García Ortiz presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional solicitando la nulidad de la sentencia que lo condenó el pasado 9 de diciembre.

 

El grupo promotor del homenaje reúne a figuras de la izquierda gallega con trayectorias bien conocidas en la política autonómica. Xoaquín Fernández Leiceaga, economista y exsenador, fue portavoz parlamentario del PSdeG-PSOE en el Parlamento de Galicia y candidato socialista a la Presidencia de la Xunta en 2016. También hay históricos vinculados al Bloque Nacionalista Galego (BNG), pues participan Xesús Veiga y Encarna Otero, ambos tuvieron políticas en la formación nacionalista. La cuarta figura política es Marta Lois, que encabezó la candidatura de Sumar en Galicia en las elecciones generales de 2023. Completan el grupo dos catedráticos de la Universidad de Santiago de Compostela, Manuel López Rivadulla y Lourenzo Fernández Prieto, lo que los organizadores presentan como señal del carácter cívico y plural del acto.

 

Recursos contra la condena del Supremo

La situación procesal de García Ortiz es compleja. La Sala Penal del Tribunal Supremo lo condenó, por mayoría de cinco magistrados contra dos, como autor de un delito de revelación de datos reservados tipificado en el artículo 417.1 del Código Penal. La pena incluye dos años de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador por daños morales. Las dos magistradas discrepantes —Ana María Ferrer García y otra integrante de la Sala— emitieron votos particulares favorables a la absolución. Tras la sentencia, García Ortiz presentó su dimisión a petición propia ese mismo día 9 de diciembre, y fue cesado mediante Real Decreto.

 

Ahora, tanto el exfiscal general como la propia Fiscalía han presentado de forma separada recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional. La defensa de García Ortiz, ejercida por la Abogacía del Estado, alega vulneración de derechos fundamentales como la presunción de inocencia, la tutela judicial efectiva y la libertad de expresión. El exfiscal argumenta que la información difundida ya era de conocimiento público antes de la nota de prensa de la Fiscalía del 14 de marzo de 2024 y que el propio González Amador había compartido con terceros los correos que fundamentaron la condena.

 

El caso estuvo en el centro del debate político durante más de un año porque tocaba directamente a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien estaba siendo investigado por presuntos delitos fiscales. La Fiscalía emitió una nota de prensa que, según el Supremo, reveló datos reservados de esa causa. Para la derecha, el episodio representó un uso político de las instituciones contra un adversario. Para la izquierda, la condena fue interpretada como una maniobra para desacreditar a quien investigaba al entorno del PP.  

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