La nueva presidenta del Contencioso toma otra decisión que despeja el camino a las eólicas

La Justicia está representada por una figura con los ojos vendados sosteniendo una balanza. Su ceguera es símbolo de imparcialidad. En teoría, da igual el juez que nos toque, porque siempre prima lo que dice Ley. 

Así las cosas, la decisión de la nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de cambiar los pleitos sobre los parques eólicos de la sección tercera a la segunda no debería ser digna de un titular. Sin embargo, dado los precedentes y lo que está en juego, va a generar docenas.

Lo que está en juego son el futuro de unos 90 parques eólicos, que paralizó cautelarmente la sección tercera en la que estaban los magistrados Luis Villares y Dolores López.  Estaban, porque una de las primeras decisiones de la nueva presidenta María Azucena Recio González fue trasladarlos a la cuarta. 

Algo que supuso un alivio para la Xunta y la patronal eólica, que llevan años acusando por lo bajini a Villares de trabar los parques por motivos ideológicos que enarboló cuando era líder de En Marea, y desató la indignación de ecologistas y colectivos como Jueces para la Democracia, que acusan, también por lo bajini, a Recio de plegarse a las presiones del PP y  los empresarios.

La polémica aumenta ahora porque Recio acaba de tomar otra decisión que, en teoría, puede favorecer a los promotores eólicos. Los pleitos de los parques ya no los llevará la sección tercera, pasan a la segunda, adelantó hoy La Voz.

Una sección segunda que esta primavera acaba de dictar una sentencia favorable al sector eólico, rechazando un recurso sobre la línea eléctrica de alta tensión Campelo-Mesón, argumentando que  los recurrentes no habían probado el daño ambiental. Un criterio que difiere del que usaron Villares y otros magistrados en la tercera cuando decretaron la paralización de muchos parques tirando de prudencia, porque entendían no había pruebas de que las instalaciones no causaran daño ambiental. 

Sobre quien recae el peso de probar si hay daño ambiental es una de las claves de este embrollo que mantiene en vilo miles de puestos de trabajo y millones de inversiones. Según la patronal, la nueva legislación europea, que declara prioritarias a las eólicas, son los recurrentes quienes deben probar que hay daño ambiental.  En muchos de esos  90 autos, los jueces consideraron que la carga de la prueba recaía sobre la Administración.

Si ahora los eólicos pasan a una sección que parece apuesta por la primera de las opciones, es evidente que el complicadísimo panorama judicial que llevan lustros soportando los empresarios del viento se despeja mucho.

Con todo, existe el riesgo de que los intereses de la patronal eólica descarrilen en alguna curva no muy lejana.

La primera es un eventual recurso contra el traslado forzoso de Villares y López. Fuentes oficiales del CGPJ indicaron a Galiciapress que los magistrados aún no habían recurrido el cambio, pero están a tiempo aún de hacerlo. El comunicado de esta semana del colectivo progresista Xuízas e xuíces pola Democracia, asociación minoritaria pero con un peso notable en la magistratura, apunta a que el asunto acabará llegando, de una manera a otra al pleno del órgano de gobierno de los jueces.

La segunda curva es la nueva decisión de que las eólicas se lleven en la sección segunda. Fuentes jurídicas consultadas por Galiciapress apuntan a que existen sentencias del TSXG que inadmitieron recursos de promotores eólicos contra decisiones de la tercera alegando, precisamente, que son asuntos que debería conocer la segunda. Con lo cual, habría base para tumbar, o al menos para intentar tumbar, cualquier decisión favorable a los molinos que ahora tome la segunda.

Además, la concatenación de decisiones de la nueva presidenta favorables, en apariencia, a la patronal eólica también, entienden, podría acabar en algún tipo de denuncia en los juzgados. Claro que denunciar a toda una presidenta del contencioso-administrativo no es algo a lo que muchos estén dispuestos.

¿Tiene razón Recio al ordenar el traslado de la tercera a la segunda? Depende a quien se le pregunte, claro, porque en todo este embrollo cada fuente arrima, lógicamente, el ascua a su sardina.

Los críticos con los eólicos argumentan que en la valoración de sus permisos entran en juego materias industriales y urbanísticas, por lo que debería caer en la tercera. De hecho, quien daba los permisos hasta 2024 era la Consellería de Economía e Industria. Los favorables a los molinos recuerdan que ahora los permisos los da la ahora la Dirección Xeral de Energías Renovables y Cambio Climático, dentro de la Consellería de Medioambiente. 

Son dos cuestiones, si unos pleitos corresponden a tal o cual sección y  si la nueva presidenta cumplió las formalidades o no del proceso que le facultan para trasladar a magistrados de una sección a otra, que a los legos en Derecho  les pueden parecer obtusas y a  los expertos, opinables.

Lo que no es opinable es que el panorama judicial para los parques eólicos en Galicia, otrora muy sombrío, parece estar despejándose a ritmo acelerado. 

El próximo capítulo de este culebrón llegará en las próximas semanas, cuando el Supremo falle sobre si los ex-de la sección tercera TSXG atinaron al parar varios parques alegando que la Xunta hizo vista gorda a fragmentaciones fraudulentas.