Conservación de carreteras o vehículos de alta ocupación a debate el martes en el Congreso

La movilidad con vehículos de alta ocupación, el refuerzo del mantenimiento y conservación de la red viaria del Estado o la digitalización y el mantenimiento de los centros de examen desplazados para las pruebas de obtención del permiso de conducir llegarán este martes al Congreso para su debate en la Comisión de Seguridad Vial.

Así, se debatirán y votarán proposiciones no de ley de los diferentes grupos parlamentarios, entre las que se encuentra una iniciativa del PSOE para instar al Gobierno a estudiar y desarrollar un plan integral para la promoción de la movilidad con vehículos de alta ocupación.

Según el texto de los socialistas, al que ha tenido acceso Europa Press, "la transición del vehículo de combustión al vehículo eléctrico no resuelve completamente el problema de la congestión urbana". Por este motivo, el PSOE quiere establecer un marco regulatorio que facilite la colaboración entre administraciones públicas y empresas privadas para la creación de infraestructuras y servicios de movilidad compartida.

"Es necesario optimizar la movilidad de alta ocupación paralelamente a la transición hacia la movilidad eléctrica y el uso del transporte público sostenible. Se trataría de establecer medidas dirigidas a reducir la congestión urbana, disminuir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, promoviendo a través de la movilidad compartida y el fomento de la alta ocupación, un transporte más eficiente, sostenible y colectivo", explican los socialistas, que abogan por promover campañas de concienciación y educación sobre los beneficios de la movilidad compartida, tanto a nivel ambiental como social.

Por otro lado, se debatirá la propuesta de Vox para instar al Gobierno a reforzar el mantenimiento y conservación de la Red de carreteras del Estado y así "prevenir accidentes de tráfico y reducir la siniestralidad vial, teniendo en cuenta las posibles responsabilidades jurídicas derivadas del estado de conservación de las carreteras según indica la Fiscalía de Seguridad Vial".

Los de Santiago Abascal argumentan en su iniciativa que, según el Informe 2025 de la Asociación Española de la Carretera (AEC), "el 52% de los 101.700 km de la red viaria nacional presenta daños graves o muy graves, lo que supone casi 34.000 kilómetros de firme en situación crítica que requerirían reparación urgente con una inversión necesaria para subsanar este deterioro de más de 13.400 millones de euros, de los cuales casi 4.700 corresponden a la red estatal".

SOBRECOSTE EN LOS DESPLAZAMIENTOS
Vox avisa de que esta situación también "genera un sobrecoste en los desplazamientos veraniegos estimado en más de 270 millones de euros en combustible". "Cuando el mal estado de una vía contribuye de forma relevante a un accidente con resultado lesivo, pueden incluso derivarse responsabilidades jurídicas, incluida la patrimonial de la Administración Pública conforme a la Ley 40/201511, e incluso, en casos extremos, responsabilidad penal de los responsables públicos competentes cuando exista dolo o negligencia grave", añade.

Igualmente, el PP defenderá otra iniciativa para pedir al Ejecutivo que garantice "la continuidad y el adecuado funcionamiento de los centros de examen desplazados para las pruebas teóricas y prácticas de conducir en todos aquellos municipios que actualmente cuentan con este servicio, evitando que la digitalización de los procedimientos suponga un obstáculo para los ciudadanos de zonas rurales o con menor densidad de población".

En este sentido, los 'populares' reclaman del Gobierno asegurar que los ayuntamientos no asuman "cargas económicas, técnicas ni materiales" derivadas de las "nuevas exigencias" vinculadas a la digitalización, garantizando que dichas competencias sean ejercidas y financiadas por la Administración General del Estado a través de la Dirección General de Tráfico.

También piden impulsar líneas específicas de financiación, dirigidas a las entidades locales, para que "puedan acometer las adaptaciones necesarias que permitan mantener operativo el servicio sin poner en riesgo su equilibrio presupuestario".

Establecer mecanismos de diálogo y colaboración institucional con las entidades locales y autonómicas implicadas, incluyendo la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), de manera que "cualquier decisión relativa a la organización y funcionamiento de los centros de examen se adopte con consenso y transparencia" es otra de sus propuestas.

Finalmente, el PP apuesta por evaluar el impacto "territorial y social" de estas medidas, "prestando especial atención a su incidencia en la cohesión territorial, la lucha contra la despoblación y la igualdad de oportunidades, para garantizar que la modernización del sistema de exámenes de conducción no derive en una discriminación por razón del lugar de residencia".