La ejecutiva de la Fegamp decidirá el próximo martes si lleva a la Xunta a la justicia por la financiación del SAF

La ejecutiva de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) decidirá el próximo martes, día 20 de enero, si lleva a la Xunta de Galicia a la justicia por lo que califica de falta de financiación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF).

Así lo ha trasladado este martes el presidente del ente municipalista, Alberto Varela, que ha asegurado que la propia Consellería de Política Social sabe que "o se llega a un acuerdo inmediato" en esta materia o habrá una propuesta para que los consistorios acudan a la vía judicial.

Alberto Varela ha recordado que la normativa señala que son las administraciones locales las que deben prestar este servicio, pero que debe ser sufragado al 100% por la Xunta y el Estado. Sin embargo, ha explicado que pese a que el coste medio de cada hora de este servicio se sitúa en unos 21-22 euros de media, los consistorios solo reciben 12 euros y deben hacer frente al resto.

Esta situación en la que los ayuntamientos deben financiar casi el 50% del SAF, conforme ha indicado, hace que muchos consistorios, especialmente los más pequeños, se enfrenten a dificultades y ha puesto como ejemplo el caso de Xermade (Lugo), que recientemente trasladó al Ejecutivo autonómico su imposibilidad de prestar este servicio.

En este contexto, ha explicado que la Ejecutiva de la Fegamp, como órgano colegiado que representa a los 313 municipios y a las cuatro diputaciones, abordará en su reunión del próximo martes la posibilidad de llevar a la justicia este asunto en un contexto en el que considera que "o se llega a un acuerdo rápido, o muchos ayuntamientos se van a resentir".

Varela ha hecho este anuncio en un desayuno informativo en el que ha comparecido acompañado por la secretaria xeral del ente, Patricia Vilán, y en el que ha citado los retos a los que se enfrenta el SAF, como la falta de personal adecuado, la seguridad de las trabajadoras, la necesidad de unas remuneración justa, así como de un convenio colectivo que de garantías jurídicas tanto al personal como a las empresas que presten los servicios.