Trump desafía al Supremo y activa un arancel mundial del 10% desde la Casa Blanca

El pulso entre el poder ejecutivo y el máximo tribunal estadounidense entra en una nueva fase con consecuencias directas para el comercio internacional y para el equilibrio entre la Presidencia y el sistema judicial.

El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, carga públicamente contra varios magistrados del Corte Suprema de Estados Unidos después de que bloquearan la aplicación de sus aranceles, y firma a continuación una proclamación que establece un gravamen global del 10% a prácticamente todos los países. La medida se adopta al amparo del artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974 y, según la Casa Blanca, entra en vigor de forma casi inmediata.

El choque con la Corte Suprema

Durante su intervención en la Casa Blanca, el presidente arremete contra los jueces que votan en contra de su política comercial y los califica de “vergüenza para la nación”. En su opinión, el tribunal actúa bajo influencias externas: «En mi opinión, la corte se ha visto influenciada por intereses extranjeros y un movimiento político mucho más pequeño de lo que la gente podría imaginar», afirma.

A continuación, añade: «Me avergüenzo de ciertos miembros de la corte. Me avergüenzo profundamente por no haber tenido el coraje de hacer lo correcto para nuestro país». Cuando se le solicita que aporte pruebas sobre esa supuesta injerencia extranjera, responde de manera escueta: “Ya lo descubrirán”.

El presidente elogia a los tres magistrados que discrepan de la decisión mayoritaria, entre ellos Brett Kavanaugh, autor del voto principal, así como Clarence Thomas y Samuel Alito. En cambio, dirige duras críticas hacia el resto de integrantes, incluidos dos jueces designados durante su propio mandato, Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch, a quienes tacha de “una vergüenza para sus familias” y de actuar como “tontos y unos perros falderos de los rinocerontes y los demócratas de izquierda radical”. También sostiene que “apenas” han sido invitados a su próximo discurso del Estado de la Unión.

La base legal del nuevo gravamen

Horas después de sus declaraciones, el jefe del Ejecutivo anuncia en su red social que formaliza la decisión. “Es un gran honor para mí haber firmado, desde la Oficina Oval, un arancel global del 10% para todos los países, que entrará en vigor casi de inmediato”, escribe en Truth Social.

La Casa Blanca publica una hoja informativa en la que explica que el presidente invoca la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 para imponer “un arancel de importación temporal”. El derecho de importación comienza a aplicarse el 24 de febrero a las 12.01, hora del este de Estados Unidos.

El Servicio de Investigación del Congreso precisa que esta disposición obliga al presidente a adoptar medidas, incluido un recargo temporal, cuando sea necesario para afrontar déficits graves en la balanza de pagos o problemas fundamentales de pagos internacionales. El organismo subraya que la sección 122 nunca se ha utilizado y que los tribunales no han interpretado su redacción, aunque diversos análisis apuntan a que podría autorizar aranceles generalizados en determinadas circunstancias.

La norma fija, no obstante, límites claros: el recargo no puede superar el 15% y su vigencia no puede exceder los 150 días.

Exenciones y otras herramientas comerciales

La nueva tarifa excluye a Canadá y México, en coherencia con el Pacto Comercial de América del Norte, según la información oficial difundida por la Casa Blanca. También quedan fuera determinados productos alimenticios, como la carne de res y los tomates, así como minerales esenciales.

El presidente explica que inicialmente intenta actuar con moderación bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. “Quería ser un buen chico”, afirma al referirse a esa estrategia previa. Asimismo, aclara que los aranceles impuestos en virtud de la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 y la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 permanecen “vigentes y en pleno vigor”.

Con este movimiento, la Casa Blanca intensifica su ofensiva comercial y eleva la tensión con el poder judicial, en un momento en que el alcance de la autoridad presidencial para imponer aranceles sin la aprobación del Congreso vuelve al centro del debate político y jurídico en Estados Unidos.