“Nos acusan de prender fuego”: brigadistas gallegos denuncian ataques y precariedad

El malestar entre los brigadistas se ha hecho visible en las últimas semanas. Desde el sindicato CNT denuncian que, además de la sobrecarga de trabajo provocada por la oleada de fuegos que este agosto arrasó miles de hectáreas en Galicia, los profesionales del Servizo de Prevención e Extinción de Incendios Forestais (SPIF) se ven atacados en redes sociales y medios. “Se nos acusa de ser incendiarios para tener trabajo”, lamentan, una acusación que califican de humillante y peligrosa.

El sindicato recuerda que los brigadistas no cobran “por hectáreas quemadas”, sino por su labor de protección del ecosistema. “Perdemos calidad de vida y ponemos en riesgo nuestra seguridad”, defienden, subrayando que ningún trabajador “se jugaría la vida por dinero”. 

Los casos de brigadistas imputados por incendios han sido, hasta la fecha, muy excepcionales, aunque sí existen. Entre ellos, el arresto de un trabajador en  Valdeorras en 2019 que fue juzgado en 2023, acusado de provocar varios fuegos, o el de otro brigadista en 2017 en Monterrei. El acusado de la brigada de Ribas de Sil fue absuelto por falta de pruebas. 

En 2019 se juzgó a un brigadista de Lobios El acusado, M. G. F., admitió los hechos ante el juez en 2019, se llegó a un acuerdo con la Fiscalía y la Xunta, y fue condenado a libertad vigilada durante tres años con tratamiento psiquiátrico. Además, multa de “dos euros al día durante 18 meses” y pago de indemnización al SPIF, así como la inhabilitación para trabajar como brigadista o en actividades relacionadas con el monte por cinco años.  

Uno de los casos más notorios ocurrió en septiembre de 2022, cuando un joven de 19 años, miembro de la brigada municipal de Montederramo (Ourense), fue enviado a prisión provisional junto a otros dos individuos. Al brigadista se le investigó por un presunto delito de incendio forestal, mientras que al resto del grupo se le imputaba una decena de fuegos que entre 2021 y 2022 calcinaron unas 15.200 hectáreas en las provincias de Ourense y Lugo

Ola de incendios y presión sobre el personal

Galicia ha sufrido este verano una de las peores olas de incendios de la última década, con más de 120.000 hectáreas calcinadas sobre todo en Ourense y el sur de Lugo. Los brigadistas señalan que la presión ha sido especialmente dura en la “interface”, la zona donde el monte linda con las viviendas.

En este contexto, reclaman que su colectivo sea considerado oficialmente un servicio de emergencia, con las competencias y el salario que esa categoría implica. Argumentan que su papel no se limita al ámbito forestal y que necesitan una formación más amplia para responder de manera efectiva a situaciones de riesgo en zonas habitadas.

La Xunta, por su parte, asegura que mantiene un dispositivo reforzado contra el fuego durante los meses de mayor riesgo y que en los últimos años se han ampliado medios técnicos y humanos. Sin embargo, sobre el reconocimiento de los brigadistas como servicio de emergencia no ha habido pronunciamientos oficiales.

Precariedad y procesos de estabilización

El núcleo de las quejas de los brigadistas pasa por su precariedad laboral. La mayoría del personal del SPIF es contratado solo durante ocho meses al año. CNT denuncia que esta práctica genera inestabilidad económica y familiar, además de un “fraude de ley” al encadenar contratos temporales año tras año.

En el Diario Oficial de Galicia se acaba de publicar un concurso-oposición cuyas plazas podrían dejar fuera a muchos de los actuales trabajadores, ya que se resolverá en febrero de 2026, en plena campaña de incendios. “No pedimos tiempo, pedimos procesos justos”, subrayan desde el sindicato, que reclama un sistema de estabilización donde se valore más la experiencia acumulada.

También piden que se fijen plazos claros para cerrar procesos abiertos antes de iniciar otros, para evitar lo que califican de incertidumbre constante. Según CNT, la falta de estabilidad enfrenta al propio personal y entorpece la eficacia del sistema.

Falta de medios y “intrusión” en el trabajo

Otro punto sensible es la escasez de recursos. CNT sostiene que muchos retenes funcionan con cuatro integrantes, lo que consideran insuficiente, y piden que se refuercen hasta llegar a cinco por unidad. También reclaman cubrir bajas y vacaciones, reactivar retenes suprimidos en Gondomar y A Cañiza y reorganizar aquellos en los que un solo jefe de brigada debe coordinar a más de ocho personas.

La organización critica además la entrega de material de extinción, como batefuegos, a comunidades de montes. A su juicio, estas son entidades privadas que deberían costear sus propios recursos, y su participación sin formación puede derivar en riesgos tanto para voluntarios como para profesionales. 

A la falta de personal y a lo que llaman “intrusión laboral”, se suma la denuncia de equipos de protección individual (EPIs) en mal estado o insuficientes. Según CNT, ni siquiera existe un sistema adecuado para desinfectar y reponer los equipos contaminados tras una intervención.

¿Qué ha dicho la Xunta sobre la falta de medios?

Cuando antes de la ola de incendios de agosto sindicatos como CC.OO. y el PSdeG denunciaron que había cerca de 200 plazas vacantes en el SPIF (Servizo de Prevención e Extinción de Incendios Forestais) en pleno pico de incendios, la Consellería de Medio Rural respondió que el índice de cobertura de plazas es de casi el 100 %, alegando que esas vacantes que se denuncian se deben a bajas recientes que estabann siendo cubiertas. 

Además, la Xunta publicó en el DOG a finales de agosto una convocatoria de 327 plazas para bombero forestal, conductor y jefe de brigada durante la ola de incendios. Esto se interpreta como una medida para reforzar el dispositivo ante la emergencia, aunque los sindicatos criticaron que llegaba “tarde y de urgencia”, y no se hacía con la anticipación necesaria para una buena planificación.

Pese a estas evidencias de actuaciones a última hora y haberse quejado en varias ocasiones de que el Estado no enviaba recursos suficientes, la conselleira de Medio Rural aseguró ayer en el Parlamento que nunca faltaron medios, aunque prometió mejorarlos.