"Sin empleo digno no hay cuidados dignos", cuarta jornada de huelga en residencias y SAF

El núcleo del conflicto reside en el bloqueo absoluto de la negociación de los dos convenios clave: el de residencias privadas y centros de día, y el del Servizo de Axuda no Fogar (SAF). Según la CIG, la patronal se niega a aceptar cualquier medida que busque dignificar las condiciones de las trabajadoras en un ámbito esencial, donde, a su juicio, se antepone el lucro empresarial al bienestar de las personas.

Por su parte, las asociaciones empresariales del sector han manifestado en reiteradas ocasiones que las exigencias sindicales son inasumibles en el contexto actual. La patronal sostiene que un incremento salarial significativo comprometería la viabilidad económica de muchas residencias, especialmente las de menor tamaño. Argumentan que el aumento de los costes energéticos y de los suministros les impide afrontar mayores gastos de personal si no se produce un aumento de la financiación que reciben por parte de la administración. La Xunta se ha lavado la manos a este respecto, pese a que hay patronales que públicamente han advertido que tendrán que cerrar sus centros si no se actualizan las subvenciones que reciben. 

Esta situación, según denuncian las empleadas, tiene consecuencias directas tanto para ellas como para los usuarios. Advierten que la falta de personal cualificado deteriora la calidad de la atención y provoca un grave desgaste en la salud física y mental de las plantillas. Por ello, sus demandas se centran en obtener contratos estables, mejoras salariales y más recursos para garantizar un servicio de calidad.

Las críticas del sindicato apuntan también directamente a la Xunta de Galicia y a la conselleira de Política Social, Fabiola García. La acusan de mantener un doble discurso, elogiando el modelo de cuidados gallego mientras, según afirman, se destinan fondos públicos a grandes empresas como Eulen o DomusVi, a las que vinculan con el Partido Popular y acusan de precarizar el servicio para maximizar sus beneficios.

Frente a estas acusaciones, la Consellería de Política Social suele instar a ambas partes, sindicatos y patronal, a actuar con "responsabilidad" para desbloquear el diálogo y alcanzar un acuerdo. Desde el gobierno gallego se defiende el esfuerzo inversor en los servicios sociales y, aunque se ofrecen a mediar en el conflicto, enmarcan la negociación de los convenios en el ámbito privado del diálogo social entre las empresas y sus trabajadoras, desvinculándose de la responsabilidad directa en el estancamiento de las conversaciones.

El sindicato convocante, la CIG, subraya que el sistema no puede seguir sosteniéndose sobre el sacrificio de un colectivo altamente feminizado y precarizado. Consideran que las huelgas son un paso fundamental para defender sus derechos laborales y sociales, enviando un mensaje claro a toda la sociedad sobre la importancia de su labor.

Mientras las posturas siguen alejadas, las trabajadoras insisten en su lema principal, que conecta directamente sus condiciones con la calidad del servicio que recibe la ciudadanía: "sin empleos dignos no puede haber

cuidados dignos". La protesta de Ferrol, busca ser una metáfora visual del crítico estado en el que, aseguran, se encuentra un sector fundamental para el bienestar de las personas mayores y dependientes en Galicia.