Los psicofármacos son para pobres: a menos dinero, más medicalización de la salud mental

En Galicia, la salud mental cada vez es un problema de mayor calibre. El último informe del Consello de Contas sobre el Plan de Saúde Mental pone sobre la mesa una realidad inquietante: el uso de ansiolíticos y antidepresivos no para de crecer y los recursos públicos para combatir la epidemia resultan insuficientes y, además, están desequilibrados territorialmente.

El informe del Consello de Contas detalla que el incremento en el consumo de ansiolíticos y antidepresivos es especialmente significativo en varios grupos de población. Los mayores de 75 años, el colectivo infanto-juvenil y las mujeres son los que experimentan un mayor aumento en la prescripción de estos fármacos. 

Entre 2019 y 2023, las recetas de estos medicamentos subieron un 13%, con un repunte especialmente preocupante entre los más jóvenes —un 52% más en menores de 19 años— y los mayores de 75 años, que acaparan el 29% del total. Este aumento refleja una tendencia a la medicalización del problema que no parece frenar. 

El informe del Consello de Contas identifica una clara relación entre clase social y problemas de salud mental. En términos generales, a menor nivel de ingresos, más posibilidades de recibir atención farmacológica por estos problemas.
 

Así, Contas muestra como, a nivel de España, las personas con renta muy baja presentan un consumo de ansiolíticos per cápita que quintuplica el de los individuos que ingresan más de 100.000 euros al año. En lo referido a los antidepresivos, la diferencia no es tan brutal, pero si muy notable, los pobres consumen tres veces más antidepresivos que los ricos. 

A nivel de Galicia, la gráfica elaborada por el Consello muestra que las personas que ingresan más de 100.000 euros no demandan psicofármacos en la sanidad pública. La proporción de ansiolíticos y antidepresivos prescritos a personas que ganan menos de 1.500 euros al mes (18.000 al año) es muchísimo mayor que los de las clases con más ingresos.

“Esta alineación también se observa si comparamos la renta media de los ayuntamientos y el nivel de consumo de ansiolíticos y antidepresivos”, añade Contas.

Galicia no solo lidera el consumo de psicofármacos, sino que también encabeza las estadísticas de suicidio en España. En 2022, la tasa creció un 12%, situándose en 10,84 casos por cada 100.000 habitantes, muy por encima de la media nacional de 7,84. 

Más del 21% de los adultos gallegos ha enfrentado algún trastorno mental en su vida, con la depresión y la ansiedad como protagonistas. Son mucho más frecuentes entre las personas que sufren pobreza o desempleo. Por géneros, las mujeres, que representan el 57,65% de las recetas, son las más afectadas. Sin embargo, son los hombres los que más recurren al suicidio.

El sistema público de salud mental zozobra. Las listas de espera en psiquiatría alcanzan una media de 73 días, con más de 10.000 pacientes pendientes a finales de 2023. 

Aunque la Xunta ha incorporado más psiquiatras y psicólogos en los últimos años, es evidente que resultan insuficientes. También faltan trabajadores sociales para ofrecer una atención completa. El Consello de Contas critica también la ausencia de informes de seguimiento del plan vigente, lo que ha impedido ajustar las medidas a tiempo.
 

Ante la dureza de las constataciones del ente fiscalizador, la Xunta reaccionó ayer prometiendo que el nuevo plan abordaría las carencias. 

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha asegurado que el futuro plan de salud mental "va a intentar corregir los posibles defectos" del anterior y ha remarcado que la Consellería "trabajará mucho" en este área, que "es una prioridad" para la población de Galicia".

Más problemas en la Galicia interior

El informe del Consello de Contas también pone de manifiesto las desigualdades existentes en la atención a la salud mental en Galicia. Las áreas urbanas y de mayor población, están mejor dotadas en comparación con Lugo y Ourense. 

Esta falta de equidad territorial se traduce en un peor acceso a los servicios para los ciudadanos de estas provincias, así como en un aumento de las listas de espera.  En Lugo y Ourense, los tiempos de espera son hasta un 214% mayores que en A Coruña o Pontevedra. 

Los contables públicos señalan que el PSMG no cumplió con una cuarta parte de sus metas, como la creación de viviendas comunitarias para personas con trastornos graves. 
 

¿Qué medidas se deben tomar?

Ante tales cifras, el Colexio de Psicólogos de Galicia alza la voz contra esta crisis. Su argumento clave hace tiempo que es el mismo: recetar medicamentos no resuelve las causas de fondo.

La institución considera que el incremento del consumo de ansiolíticos y antidepresivos responde a un sistema que medicaliza en exceso y no refuerza lo suficiente la atención psicológica. Denuncian que la ratio de psicólogos clínicos en el sistema público sigue siendo una de las más bajas del Estado, con apenas 5,4 por cada 100.000 habitantes, lejos de los 18 recomendados por la OMS.

Los profesionales reclaman más prevención y un enfoque menos centrado en recetar antidepresivos y ansiolíticos. 
 

La entidad colegial subraya la importancia de un enfoque integral que combine la atención farmacológica con la psicoterapia y otras intervenciones psicosociales. En este sentido, el informe del Consello de Contas también destaca la necesidad de mejorar la cooperación entre los servicios de atención primaria y especializada, así como entre el ámbito sanitario, educativo y social.  

El PSMG, pese a ser coherente con las directrices de la OMS y la Agenda 2030, presenta carencias importantes, según el Consello de Contas. El informe critica la falta de un mapa actualizado de recursos sociosanitarios previo a la elaboración del plan, así como la insuficiente dotación de recursos económicos y la falta de informes de seguimiento que permitan evaluar su eficacia. Todo ello dificulta la evaluación del impacto del plan y la identificación de áreas de mejora.  

Ante esta situación, el Consello de Contas realiza una serie de recomendaciones a la Xunta de Galicia. Entre ellas, destacan la ampliación de la contratación de personal especializado, la redistribución de recursos para lograr una reducción de la desigualdad en el acceso a los servicios , la integración de la perspectiva de género  y el desarrollo de programas específicos para los colectivos más vulnerables, como las mujeres y los menores de edad, que cada vez demandan más ayuda.