CCOO reclama intervenir ante la "reemergencia" de la silicosis en Galicia, que registra uno de cada tres casos de España

Comisiones Obreras (CC.OO) ha reclamado intervenir en la "reemergencia" de la silicosis en Galicia, que concentra más del 30% de los casos de España, casi la mitad en la provincia de Ourense.

Tal y como ha trasladado el sindicato en una nota de prensa, las cifras aportadas por el informe presentado este año por el Ministerio de Sanidad, 'La reemergencia de la silicosis en España', entre 1990 y 2019 la Comunidad registró 1454 partes de enfermedad profesional por esta causa, el 32,9 % del total estatal.

En este contexto, las cifras provisionales de este año apuntan a un "nuevo máximo", ya que solo en el primer semestre se han registrado 369 partes en todo el Estado, el 72 % do total. A este ritmo, el año cerraría con más de 650, superando "con mucho" los 512 de 2024.

Así, teniendo en cuenta que Galicia concentra más del 30 % de los casos, a finales de año podrían ser más de 200 las declaraciones de esta dolencia en la comunidad autónoma, muy superior a los 128 de 2023 -- último dato mencionado en el estudio del Ministerio --.

En concreto, por provincias, Ourense concentra casi la mitad de los casos gallegos (47,5 %), Pontevedra acerca más de un tercio (34,6 %), mientras que Lugo y A Coruña suman el 17,6 % restante.

CC.OO ha solicitado reformas normativas y preventivas para "mejorar la identificación y reconomiento de estas patologías". Propone separar la cualificación de la enfermedad profesional de la gestión de las prestaciones para "evitar conflictos de intereses", reformar el papel de las mutuas y crear modelos de alerta en el sistema público de salud que permitan diagnosticar patologías de origen laboral.

Además, ha destacado que es "urgente" actualizar el listado oficial de enfermedades profesionales, incorporar los efectos de las nuevas tecnologías y los riesgos psicosociales, y aprobar un real decreto específico para la sílice cristalina, reduciendo el límite de exposición.

Asimismo, demanda reforzar la Inspección de Traballo, crear juzgados especializados, incrementar los recursos de las fiscalías y reconocer la figura del delegado de prevención territorial para garantizar la acción preventiva en empresas sin representación legal.