Médicos rechazan la propuesta del SERGAS e irán a la huelga en viernes 3 de octubre

La sanidad pública gallega se enfrenta a una nueva jornada de paros el próximo viernes. Los sindicatos médicos convocan a todos los facultativos a una huelga para exigir un estatuto propio y denunciar la pérdida de calidad asistencial, en un conflicto que se enmarca en la tensa negociación a nivel nacional de la ley que regula sus condiciones laborales y que en Galicia se recrudece con la batalla por los servicios mínimos.

Los sindicatos O’MEGA y SIMEGA han hecho un llamamiento a todos los médicos y facultativos del Servizo Galego de Saúde (SERGAS) para que secunden la jornada de huelga convocada para el próximo viernes, 3 de octubre. La protesta se articula bajo dos consignas principales que resumen el malestar del colectivo: "Por un Estatuto Propio" y "Pola Recuperación da Calidade Asistencial". La exigencia de fondo es la negociación de lo que denominan un Convenio Franxa, un marco regulatorio específico para las condiciones laborales de los médicos en Galicia que atienda las particularidades de la profesión.

El primer choque directo con la administración ya se ha producido antes incluso de que comience el paro. Los sindicatos convocantes han rechazado de manera rotunda la propuesta de servicios mínimos presentada por la Consellería de Sanidade. Califican la propuesta de "abusiva" y la interpretan como "un intento de boicotear el paro". Mientras que la Xunta pretende mantener el 100% de la actividad en urgencias, guardias hospitalarias, reanimación, salas de parto y Puntos de Atención Continuada (PAC), los representantes de los trabajadores proponen unos servicios equiparables a la actividad y presencia de personal de un fin de semana, asegurando que con ello queda garantizada la asistencia sanitaria esencial a la población gallega.

Un conflicto de alcance estatal

Esta huelga en Galicia no es un hecho aislado, sino el reflejo de un conflicto mucho más amplio que afecta a todo el Sistema Nacional de Salud. La clave se encuentra en la reforma del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, la normativa estatal que rige las condiciones laborales de casi 700.000 profesionales sanitarios en España. Esta ley, que data de 2003, está siendo objeto de una profunda revisión impulsada por el Gobierno central.

El Ministerio de Sanidad ha defendido la necesidad de actualizar esta norma para modernizar la sanidad, mejorar la eficiencia, facilitar la movilidad de los profesionales entre comunidades autónomas y, sobre todo, hacer frente a la escasez de personal en determinadas especialidades y zonas geográficas. Sin embargo, el borrador de la reforma ha sido recibido con profundo recelo por parte de los sindicatos médicos, que temen una pérdida de derechos, una mayor precariedad y que no se aborden problemas endémicos como la carga de trabajo o las maratonianas jornadas de guardia.

Las administraciones implicadas en la negociación son, por tanto, dos. Por un lado, el Ministerio de Sanidad, que lidera la reforma de la ley básica estatal. Por otro, las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas, como la Consellería de Sanidad en Galicia, que son las competentes en la gestión diaria del personal y la sanidad en sus territorios y que deberán aplicar y desarrollar la futura normativa. Esta doble vertiente administrativa añade complejidad al diálogo y a la búsqueda de soluciones.

La Xunta, presionada por Madrid y sus facultativos

El Estado mantiene una posición ambivalente. Alega que es necesario preservar una unidad reguladora para todo el Sistema Nacional de Salud, pero admite que la rigidez normativa ha retrasado mejoras pendientes. Hasta ahora, el departamento estatal ha optado por ceder más protagonismo a las mesas sectoriales autonómicas, lo que genera presiones cruzadas entre comunidades que buscan soluciones propias y un Gobierno central que intenta evitar una fragmentación.

La postura de la Consellería de Sanidad ha sido hasta ahora de cautela, a la espera del texto definitivo que salga de la negociación estatal. No obstante, en el ámbito autonómico, la relación con los sindicatos médicos se ha ido deteriorando. Los facultativos gallegos argumentan que la huelga es el resultado de la falta de una negociación real por parte del SERGAS para atender a "reivindicaciones históricas y justas" que van más allá del Estatuto Marco, como la sobrecarga en Atención Primaria o las condiciones en los PACs, y que impactan directamente en la calidad asistencial que reciben los ciudadanos.

El conflicto ha evolucionado desde un malestar latente a una movilización abierta. Los sindicatos sienten que la administración gallega no ha ofrecido soluciones concretas a los problemas del día a día, escudándose en el debate nacional. Esta convocatoria de huelga supone una escalada en la presión, buscando forzar a la Xunta a sentarse a negociar un marco de condiciones propio para Galicia sin esperar a que se resuelva la situación en Madrid.

Conscientes de las molestias que el paro puede generar en la ciudadanía, las organizaciones sindicales han querido lanzar un mensaje a los pacientes. Piden su comprensión, enmarcando la protesta no solo como una lucha por sus derechos laborales, sino como una defensa del sistema sanitario público. Sostienen que "los avances que se logren con esta movilización redundarán en beneficio tanto de los profesionales como de los ciudadanos", al permitir una atención de mayor calidad.