El escándalo de Torrejón aviva los miedos sobre Povisa, el hospital de Ribera Salud en Vigo

La polémica estalló a principios de esta semana cuando el diario El País hizo públicas unas grabaciones de una reunión directiva celebrada en septiembre. En ellas, Pablo Gallart, máximo ejecutivo del grupo, instaba a su equipo a "desandar el camino" de la reducción de listas de espera lograda en años anteriores. El objetivo no era clínico, sino financiero: limitar los procedimientos para asegurar un beneficio bruto de explotación (Ebitda) de entre cuatro y cinco millones de euros. Estas instrucciones, que incluían el rechazo de pacientes o procedimientos considerados "no rentables" para la concesionaria, han fulminado la carrera de Gallart en la entidad, pero han dejado una mancha de sospecha que, logicamente, se extiende por toda la red de hospitales del grupo, incluido el histórico centro vigués.

La gravedad del asunto no reside solo en las palabras del directivo, sino en la supuesta represalia contra quienes intentaron frenarlas. Según ha trascendido, cuatro cargos intermedios del hospital madrileño —incluyendo la gerencia, la dirección médica y la de enfermería— fueron despedidos tras denunciar internamente estas directrices. Estos profesionales utilizaron el canal ético de la compañía para alertar de que las nuevas órdenes podían vulnerar los derechos de los pacientes y constituir una mala praxis asistencial. La respuesta de la empresa fue el despido, alegando una pérdida de confianza, aunque ahora Ribera Salud sostiene que la salida de su CEO busca, precisamente, proteger los valores éticos del grupo ante el escándalo mediático.

El grupo francés Vivalto Santé, accionista mayoritario de Ribera, ha intentado contener la hemorragia reputacional aceptando la renuncia de Gallart y anunciando una auditoría interna exhaustiva. Sin embargo, el daño a la credibilidad del modelo de gestión ya está hecho.

Para Galicia, esto no es un asunto lejano, aunque jamás se hayan hecho sobre Povisa alegaciones del cariz de las vertidas contra el hospital de Torrejón. Povisa no es un hospital cualquiera; es una pieza fundamental del sistema público de la Xunta en Vigo y su área metropolitana, atendiendo a una población asignada del Sergas que ronda las 130.000 personas. El miedo latente es que, si la cúpula directiva de Ribera Salud exigía recortes de prestaciones en Madrid para cuadrar las cuentas, la misma lógica empresarial podría estar aplicándose, o podría intentarse aplicar, en otros hospitales del mismo grupo.  

Ribera Salud: Las informaciones recientemente publicadas sobre unos extractos de una grabación de una reunión interna en el Hospital de Torrejón no reflejan el contenido íntegro de la reunión y se encuentran fuera de contexto

COMUNICADO DE RIBERA SALUD

La matriz de Povisa envió esta mañana un comunicado para defender su labor . El grupo argumenta que la dimisión del CEO "en ninguna forma puede poner en duda el trabajo que realizan los más de 9.000 profesionales del grupo Ribera en sus más de 100 centros de trabajo en los 6 países en los que opera".   "En ningún centro del grupo Ribera se han producido prácticas contrarias al interés general de los ciudadanos", añade. La compañía defiende que sus profesionales tienen una ética "incuestionable" y que la salud de los pacientes es su único objetivo. 

Sobre la dimisión del CEO, señala que los "extractos" de la grabación "no reflejan el contenido íntegro de la reunión y se encuentran fuera de contexto". Pese a esto, el directivo, "en un ejercicio de responsabilidad" pide " desvincularse de la gestión del Hospital de Torrejón mientras el grupo lleva a cabo una auditoría". 

Es importante insistir, para no caer en alarmismos infundados, que hasta la fecha no hay ninguna prueba documental, grabación o rumor que apunte a que en Povisa se estén rechazando pacientes por motivos económicos como se sospecha pasó en Torrejón. No obstante, el paralelismo es ineludible. En ambos casos, el gestor es Ribera Salud; en ambos casos, se trata de fondos públicos gestionados privadamente; y en ambos casos, la empresa debe responder ante unos accionistas que buscan rentabilidad. 

Sucede además que los últimos tiempos no han sido fáciles para el hospital privado olívico. Durante el presente año, diversas informaciones han apuntado a una situación laboral difícil para los médicos dentro de Povisa. La prensa local informó hace meses de una presunta fuga de talento médico, con facultativos abandonando el hospital para integrarse en el Sergas o en otras operadoras privadas, citando condiciones laborales insostenibles y una sobrecarga asistencial. 

En su momento, Ribera Salud negó tajantemente estas informaciones, atribuyéndolas a movimientos habituales del mercado laboral y defendiendo su compromiso con la calidad. Sin embargo, las revelaciones de Torrejón, donde se castigó a quienes denunciaron recortes, otorgan una nueva dimensión y quizás una mayor credibilidad a las informaciones sobre malestar de los galenos que trabajan para Ribera Salud.  

Reacciones políticas 

El escándalo de Torrejón  ha trascendido rápidamente el ámbito sanitario para instalarse en el centro de la batalla política nacional, con argumentos que resuenan con fuerza en la política gallega. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Sanidad, Mónica García, han utilizado el caso de Torrejón para cargar contra el modelo de externalización sanitaria promovido históricamente por el Partido Popular. Para el Ejecutivo central, lo ocurrido es la prueba palpable de que la privatización convierte la salud en una mercancía y al paciente en un cliente cuya atención depende de su rentabilidad. Han calificado los hechos de "aterradores" y han prometido defender la universalidad del sistema público frente a la lógica del lucro.

Por su parte, la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, ha intentado marcar distancias con la gestión de la empresa concesionaria, enviando inspecciones al hospital para garantizar la correcta prestación del servicio. Sin embargo, la oposición de izquierdas (Más Madrid y PSOE) prepara acciones legales, argumentando que el sistema de concesiones incentiva perversamente este tipo de comportamientos. En Galicia, donde el modelo de Povisa ha sido siempre objeto de fricción entre la Xunta del PP y la oposición, es previsible que este caso se utilice para exigir una mayor fiscalización del concierto y cuestionar la dependencia del sistema público gallego de un operador privado transnacional que acaba de perder a su CEO por, presuntamente,  intentar recortar derechos sanitarios.

La Asociación El Defensor del Paciente también ha movido ficha, solicitando a la Fiscalía General del Estado una investigación profunda. Su presidenta, Carmen Flores, considera que denegar asistencia por motivos económicos podría constituir un delito de omisión del deber de socorro y prevaricación. Esta petición de investigación no se limita solo a Madrid, sino que sugiere revisar el "modus operandi" de estas concesiones. Si la justicia decide investigar las prácticas corporativas de Ribera Salud a nivel global, los libros de cuentas y los protocolos de derivación de Povisa podrían acabar también bajo la lupa judicial, poniendo en jaque el modelo actual.

Una crisis de reputación con final incierto

Ribera Salud se enfrenta ahora a su mayor crisis reputacional. En su comunicado oficial, la empresa reitera que su prioridad absoluta son los pacientes y que la dimisión de Gallart responde al deseo de desvincular al grupo de cualquier sombra de duda ética. Insisten en que se mantendrá el rigor y la calidad de siempre. No obstante, recuperar la confianza de los ciudadanos, especialmente en plazas tan sensibles como Vigo, donde la relación con Povisa siempre ha sido compleja, será una tarea titánica. 

La mera sospecha de que un paciente pueda ser visto como un número rojo en un balance contable es un veneno para la confianza en el sistema sanitario.

Mientras se esperan los resultados de la auditoría interna prometida por Vivalto Santé y las conclusiones de las inspecciones públicas en Madrid, la situación en Galicia permanece en una tensa calma. Los trabajadores de Povisa, los pacientes asignados y los responsables del Sergas observan de reojo las noticias que llegan de la capital de España.

Ribera Salud, un gigante de la sanidad privada cuyo control ha cambiado de manos internacionales

Desde 1997, Ribera Salud se ha consolidado como uno de los grupos sanitarios privados más relevantes del estado , combinando gestión pública y privada bajo un modelo de colaboración que pretende integrar eficiencia empresarial y servicio sanitario.  Con una red que supera los 9.000 profesionales y una estructura que incluye hospitales, clínicas, centros de salud, laboratorios, formación sanitaria y servicios auxiliares, Ribera ha proyectado su presencia más allá de la asistencia hospitalaria tradicional. 

En 2022, su matriz pasó a manos del grupo francés Vivalto Santé —tercer gran grupo sanitario privado en Francia— que adquirió la participación de la multinacional estadounidense que controlaba Ribera hasta entonces. 

Desde esa compra, Vivalto se convirtió en el accionista de referencia, aliándose con el equipo directivo fundador de Ribera.

Ribera gestiona una decena de hospitales y numerosas clínicas y centros médicos: según sus últimos datos públicos, mantiene una presencia significativa en varias comunidades autónomas. 

En 2023, la facturación del grupo ascendió a unos 808 millones de euros, un salto de casi un 38 % respecto al año anterior, gracias en gran parte a una fase activa de compras y expansión en distintas autonomías.