Los contratos del SERGAS a médicos que terminan el MIR son ilegales

Un juzgado de Santiago de Compostela ha anulado el programa de transición generacional de 2023 del Sergas al dictaminar que “vulnera los principios de igualdad, mérito y capacidad” en el acceso al empleo público sanitario. La medida, diseñada por la Xunta, pretendía ofrecer contratos temporales de tres años a los médicos recién terminados del MIR para que permaneciesen en Galicia tras finalizar su formación.

El tribunal da la razón al sindicato Simega, que había recurrido la iniciativa por considerar que excluía al personal facultativo con más trayectoria profesional. En su fallo, el juez señala que estos contratos “apartaban del sistema habitual de contratación” a quienes no fuesen MIR de 2023, lo que suponía restringir injustificadamente el acceso a puestos de larga duración dentro del sistema sanitario gallego.

El objetivo del programa era retener talento joven y afrontar la próxima oleada de jubilaciones médicas, pero el tribunal concluye que la Administración no puede justificar en esa necesidad una limitación del principio de igualdad de oportunidades.

Un plan polémico desde su origen

El programa, lanzado por la Xunta en 2023, ofrecía 60 contrataciones de tres años a médicos especialistas de hospital recién egresados. Según Sanidade, no se trataba de cubrir plazas estructurales, sino de un refuerzo extra que representaba menos del 10% de la contratación temporal habitual. El departamento que dirige la conselleira de Sanidade mantenía que era una “medida de urgencia” para paliar el envejecimiento del personal, ya que un tercio de los especialistas supera los 55 años y se prevé la jubilación de unos 300 facultativos en los próximos cinco años.

Sin embargo, los sindicatos denunciaron que el plan “saltaba” las listas de contratación ordinarias y discriminaba a profesionales con experiencia previa en hospitales gallegos. Desde su implantación, la iniciativa fue criticada por vulnerar los sistemas pactados para la gestión de los llamamientos y por ignorar los principios básicos de igualdad y mérito en el acceso al empleo público.

El fallo judicial se refiere al programa del año 2023, aunque Simega también ha recurrido el correspondiente a 2024, del que todavía no hay resolución. La sentencia actual es recurrible, por lo que la Xunta aún puede presentar alegaciones.

Sanidade defiende la legalidad del programa

La Consellería de Sanidade sostiene que el programa se ajusta al marco normativo. Alega que está amparado en el artículo 9.1.b del Estatuto Marco del personal estatutario, que permite nombramientos temporales de hasta tres años para programas de carácter específico. En su defensa, la Xunta insiste en que se trata de una “decisión de política de personal” que no requiere los trámites de un decreto general.

Desde Sanidade remarcan además que el programa fue debatido en las mesas sectoriales de abril y mayo de 2023, y que su propósito era garantizar la continuidad asistencial ante la falta de relevo generacional. “El objetivo de la medida es retener talento formado en Galicia y reducir las listas de espera”, subrayan fuentes del departamento.

Por ahora, la Xunta no ha anunciado si modificará el modelo o recurrirá la resolución judicial. Mientras tanto, el sindicato Simega celebra el fallo como una victoria por la transparencia y la igualdad en el acceso al empleo público sanitario.

La decisión judicial llega en un contexto de malestar generalizado en el sistema sanitario gallego. En los últimos meses, diversas organizaciones profesionales, como Defensa da Sanidade Pública, han criticado otras decisiones de la Consellería, como el plan de refuerzo de la atención primaria durante el verano, al que calificaron de “chapuza estival”.

El fallo contra el programa de transición generacional reabre el debate sobre la política de personal del Sergas, marcada por la dificultad de atraer y retener médicos, especialmente en áreas rurales. A medio plazo, el envejecimiento del personal sanitario y la falta de incentivos continúan siendo los principales retos para la gestión pública de la sanidad gallega.