Comedores escolares sin Coca-Cola ni bollos y con un día de pizza al mes a partir de hoy

Hoy es el día. Este jueves se cumple el plazo de doce meses que el Gobierno central había concedido a los colegios para adaptarse al Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles, y la norma entra en plena vigencia en todos los centros educativos de España, también en Galicia. La bollería industrial y las bebidas azucaradas quedan expresamente prohibidas en las máquinas expendedoras y cafeterías de colegios e institutos, tanto públicos como concertados y privados.

En Galicia, la nueva normativa afecta a más de 77.000 niños y niñas que hacen uso del servicio de comedor escolar, incluyendo los gestionados por ANPAs y ayuntamientos. El impacto en la comunidad es significativo, ya que se trata de una de las regiones donde el comedor escolar tiene mayor peso relativo en el conjunto del Estado.

La Consellería de Educación de la Xunta ha reaccionado con calma. Desde el departamento autonómico aseguran que la puesta en práctica de esta medida en Galicia no supone grandes cambios, ya que antes del decreto los menús ya se apostaba por opciones saludables y equilibradas, diseñados y supervisados por nutricionistas y regidos por criterios médicos. Cuando los centros tienen cocina propia, la guía nutricional del Sergas sirve de referencia; cuando hay cátering, la empresa lo certifica con un profesional en nutrición.

LO QUE CAMBIA EN LAS CAFETERÍAS Y MÁQUINAS

Más allá de la prohibición de la bollería, el decreto es preciso en sus límites. En las máquinas expendedoras y cafeterías, los alimentos y bebidas con contenido en grasas saturadas, grasas trans, sal y azúcares no podrán superar las 200 kilocalorías, y solo el 10% de estas podrán proceder de grasas saturadas o azúcares añadidos. 

Los productos con cafeína por encima de los 15 mg por cada 100 ml tampoco podrán venderse en los centros. Además, las máquinas no podrán instalarse en zonas accesibles al alumnado de infantil y primaria, ni llevar publicidad de ningún tipo.

En los menús diarios, el pescado deberá aparecer entre una y tres veces por semana, la carne roja quedará limitada a una ración mensual y la procesada a dos. Las frituras se reducirán a un máximo de una por semana y los platos precocinados —pizzas, croquetas, empanadillas— no podrán servirse más de una vez al mes. El agua será la única bebida permitida, con fuentes de acceso gratuito en espacios comunes.

La tensión entre administraciones no ha tardado en aflorar. La Consellería de Educación reprochó que el decreto fue aprobado sin diálogo con las comunidades autónomas y recordó que el comedor escolar en Galicia supone más de 360.000 euros diarios y cerca de 63,5 millones de euros por curso, representando el 10% de la inversión total en España pese a que la comunidad tiene menos del 5% del alumnado estatal. La Xunta subraya además que el Gobierno central no aporta ni un euro a la financiación del servicio. 

EL SECTOR Y LA SALUD PÚBLICA

En el sector de la restauración colectiva, la recepción ha sido más serena. La Federación Española de Restauración Colectiva, Food Service España, que agrupa a más de 140 empresas que sirven diariamente más de un millón y medio de menús escolares, afirma estar preparada y que ya venía aplicando muchas de las medidas contempladas en la norma.

Los datos de salud pública respaldan la necesidad de la reforma. El estudio ALADINO 2023, realizado sobre más de 12.000 escolares de toda España, revela que el 15,9% de los niños y niñas de entre 6 y 9 años tiene obesidad y el 36,1% presenta exceso de peso. En Galicia, el Sergas ya advirtió recientemente que más de la mitad de la población gallega tiene sobrepeso y realiza poca actividad física.

El incumplimiento de la norma no quedará sin consecuencias. El decreto advierte que habrá controles oficiales y que su incumplimiento podrá ser objeto de sanción al amparo de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Las inspecciones se realizarán a través del Programa Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria.

PLAZOS Y AYUDAS PARA LAS FAMILIAS

No todo entra en vigor de forma inmediata. Los centros educativos disponen de un plazo de dos años para adaptar los contratos de suministro alimentario ya cerrados y hasta 2027 para incorporar aceite de oliva virgen extra y reducir el uso de potenciadores del sabor. La adaptación progresiva busca evitar rupturas contractuales bruscas en los comedores con cátering externo.

Paralelamente, la Xunta pondrá en marcha una nueva línea de ayudas para familias con hijos en comedores no gestionados directamente por el Ejecutivo gallego —ANPAs, ayuntamientos y centros concertados—, con una dotación inicial de tres millones de euros contemplada en los Presupuestos gallegos de 2026. Las subvenciones oscilarán entre 100 y 150 euros por hijo según la renta familiar.