Suspenden el juicio contra un hombre que tenía más de 80 armas tras varias videoconferencias con problemas técnicos

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha decidido suspender el juicio contra un hombre que tenía más de 80 armas que adquirió por Internet tras llevar a cabo varias conferencias con testigos y peritos con problemas técnicos.

La vista arrancó sobre las 10.00 horas de este martes y el acusado decidió declarar al finalizar las demás pruebas testificales. De esta manera, varios guardia civiles y peritos fueron preguntados sobre los hechos, reproduciendo la cantidad de armas encontradas y dónde.

En concreto, uno de ellos explicó que, en el día del registro, el procesado aseguró que las armas eran de su hermano, el cual ya había fallecido. Sin embargo, se encontraron las huellas del varón sobre las mismas y al menos una de ellas había pasado revista meses antes, pese a que el hermano había muerto hacía años. Este mismo agente indicó que había armas no solo en un armario de seguridad, sino por el resto de la casa.

Tras varios testigos que prestaron declaración por videoconferencia, los problemas técnicos registrados durante las mismas hicieron que el tribunal optase por suspender el juicio hasta el próximo día 21 de noviembre. Así, el día 20, se hará una prueba y, de continuar la situación igual, se citará a los testigos para que acudan de forma presencial.

HECHOS
Según el escrito de la Fiscalía, los hechos se remontan a 2019, cuando la Guardia Civil localizó durante una inspección un total de 84 armas y munición en dos domicilios de Ponteareas.

De las 84 armas de fuego, había 34 revólveres, 32 pistolas, diez eran armas de guerra, tres escopetas de caza, dos fusiles, un mosquetón, un rifle y más de 3.400 cartuchos, además de otras piezas auxiliares como 47 cargadores.

Unas 44 de las armas de fuego incautadas "estaban en aparente estado normal de funcionamiento" y eran poseídas ilegalmente, sin ningún título que autorizase la tenencia o posesión de dichas armas.

Por todo ello, se pide una pena de seis años y seis meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como el pago de las costas.