El expresidente de la Casa de Galicia en Uruguay, juzgado por apropiación indebida e insolvencia societaria fraudulenta

La sede del juzgado de Crimen Organizado de Montevideo acoge durante estos días el juicio por apropiación indebida e insolvencia societaria fraudulenta contra Alberto Iglesias, expresidente de la Casa de Galicia de Uruguay, creada por emigrantes gallegos en 1917 y cerrada en 2022.

Para él, tal y como detalla el periódico El País, Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos pide tres años de prisión y lo acusa de haberse apropiado de 180.000 US$.

Además, el Ministerio Fiscal sostiene que Iglesias, teniendo conocimiento de que iba a llamar a concurso voluntario, ordenó el pago de seis acreedores y alteró la masa concursal.

Según explica el diario uruguayo, los beneficiarios fueron Juan Carlos Lousada, de la comunidad gallega, y Marcelo Bonanata, histórico prestamista de Casa de Galicia y cuatro empresas: Tera S.A, Bioerix S.A, General Electric y Gladil S.A. Esto, recoge, generó un "riesgo económico" de más de dos millones de dólares.

Por su parte, el exresponsable de la Casa de Galicia defendió que los 180.000 dólares tienen "una perfecta trazabilidad" y explicó también que la entidad mutualista le debe a él 200.000.

JUICIO
Así, durante la primera sesión del juicio, Iglesias sostuvo que esos 180.000 dólares habían sido utilizados para pagar otras operaciones de la institución. En este sentido, la fiscal le preguntó si había algún registro de ese préstamo, algo que negó argumentando que el gerente financiero no le había firmado un papel.

Además, relató que cuando asumió la presidencia de la entidad (2018) la situación ya era de "mucho compromiso" y que poco después de ser designado para el cargo se enteró de que tenía que conseguir dos millones de dólares en cuestión de días para pagar salarios. Del mismo modo, también defendió que el Poder Ejecutivo "cerró todos los caminos" que tenía la mutualista de acceder a recursos económicos.

Está previsto que el juicio se extienda hasta final de mes y que el l 1 de agosto sea la audiencia de alegatos en las que las partes expresen sus conclusiones.